Desde 2010 el pueblo guarijío enfrenta una lucha que ya no es ajena a ninguna comunidad indígena de nuestro país: el despojo de tierras y el desplazamiento por parte de autoridades tanto estatales como federales.
En el sureste del estado de Sonora, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, donde colindan los estados de Sonora y Chihuahua vive el pueblo guarijío, que se autonombra mahkurawe. Hacia 1980, el entonces presidente de la República, José López Portillo les otorgó tierras, pidiéndoles que no las malvendieran ni se las dejaran al mejor postor, promesa que el pueblo guarijío ha cumplido al pie de la letra.
La cultura de los guarijíos está basada en el uso intensivo de los recursos naturales. Su subsistencia incluye la siembra de maíz, frijol, calabaza y otras hortalizas, además de la cría de ganado vacuno y caprino. Un 10% de las tierras se consideran cultivables y solamente existe agricultura de temporada para el autoconsumo. El territorio les provee de numerosos recursos que usan en alimentación y medicina.
Sin embargo, desde 2010 y hasta la fecha, esta tribu enfrenta una lucha que ya no es ajena a ninguna comunidad indígena de nuestro país: el despojo de tierras y el desplazamiento por parte de autoridades tanto estatales como federales. Actualmente, los guarijíos ven amenazada su supervivencia por el proyecto de construcción de una segunda presa en el río Mayo, justamente en medio de su territorio. La nueva presa se construye 44 kilómetros arriba de la Presa Mocúzarit, en el sitio Los Pilares, municipio de Álamos, Sonora, un lugar sagrado para los guarijíos y mayos que habitan en la región.
Desde esa fecha hasta ahora se han diseñado varios proyectos para el desarrollo de esta presa, cada uno de los cuales ha generado la oposición del pueblo guarijío que resiste a ser inundado y desplazado de las tierras que han habitado desde siempre.
En su última versión, el proyecto es justificado con el argumento de que se quiere crear un mecanismo para contener el caudal del río Mayo y solucionar las inundaciones que, periódicamente (cada 7-9 años), se producen en el valle del Mayo afectando a la población de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Bacobampo. En realidad, el proyecto es promovido con el interés de incrementar la plusvalía empresarial agrícola y de favorecer la extracción y el procesamiento minero en la región.
Actualmente, el potencial de riego del Distrito de Riego 38 está sobredimensionado debido al acaparamiento de tierras por parte de empresarios agrícolas en este valle, por lo que se pretende hacer pasar por interés público lo que es interés privado y netamente empresarial, incluyendo a los constructores de la obra y a una pléyade de contratistas.
Debido a que en ningún momento se realizó una consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de las comunidades para la realización del proyecto, y a qué éstas nunca recibieron información sobre el mismo, en 2012 se conformó un grupo de expertos que han estado asesorando al pueblo guarijío. Su intervención puso de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión del proyecto, amenazas y falsas promesas a los pequeños propietarios y ejidatarios, la compra de lealtades, así como la existencia de trámites que fueron adelantados sin contar con los debidos permisos a nivel comunitario.
La construcción de la Presa Bicentenario, provocará efectos desvastadores tanto en la cultura del pueblo guarijío como a nivel ambiental: cambios importantes en los microclimas locales por efecto de la baja de la temperatura del agua sobre la flora y la fauna, por contaminación del aire por bióxido de carbono y metano como producto de la fermentación de materiales orgánicos bajo el agua, con la extinción de especies vegetales y animales; por ser la segunda presa en el río Mayo, provocará afectaciones muy severas en los ecosistemas determinando la pérdida de biodiversidad vegetal y animal al remover el sedimento del río y sus detritus animales y vegetales, e interrumpir los ciclos vitales y reproductivos de varias especies; existe el riesgo de que proliferen enfermedades transmitidas por vectores endémicas en la región, como es el caso del dengue y el paludismo; los guarijíos perderán buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, además de lugares sagrados y panteones que existen en la zona destinada al vaso de la presa, así como sitios arqueológicos y dos localidades (Mochibampo y Mesa Colorada).
La construcción de la presa supone una inversión de 1700 millones de pesos El proyecto está cargo de las empresas Canoras y Construplan. El 30 de septiembre de 2014, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés puso la piedra inaugural con la que se inició la construcción de la presa Los Pilares.
Mientras tanto, el pueblo guarijío ha sido objeto de hostigamientos y agresiones, así como de intentos de cooptación y compra de sus integrantes, y dos de los miembros del grupo de asesores debieron huir de Sonora ante las repetidas amenazas de muerte recibidas.
Actualmente el pueblo guarijío continúa resistiendo a este proyecto de muerte y, conjuntamente con otros pueblos indígenas de la región norte del país, se ha sumado a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio para defender sus formas de vida ancestrales, sus lugares sagrados y el territorio del cual son legítimos dueños.
Fuentes:
http://www.redpolitica.mx/estados/presa-los-pilares-despojo-y-desplazamiento-del-pueblo-guarijio
