Corrupción, violencia y resistencia institucional al cambio, dificultan desarrollo del agro en México

ESPECIAL para www.imagenagropecuaria.com. Resistencias institucionales al cambio, corrupción para que beneficiarios accedan a recursos de programas, escenario de violencia, y calidad de organizaciones campesinas, que se transformaron en “máquinas de clientelismo”,  dificultan desarrollo del medio rural mexicano, según el Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

México enfrenta una desigualdad territorial muy profunda y cada vez mayor. Esta situación –que ocurre en diversos grados a escala planetaria– implica que existan regiones que están siendo capaces de aprovechar los nuevos entornos políticos e institucionales de la economía global, y les está yendo muy bien, pero al mismo tiempo muchos territorios y regiones están quedando excluidos y cada vez más rezagados.

El investigador principal de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Julio Berdegué, comentó lo anterior a propósito de la Conferencia Internacional sobre Desigualdad Territorial y Desarrollo que se realizó en la ciudad de Puebla los pasados 25-27 de enero bajo los auspicios de Rimisp, y que reunió a casi cien personas de 37 países de Asia, África, Europa y América, representantes éstas de gobiernos, incluidos algunos ministros, viceministros o subsecretarios, y de organismos internacionales; directivos del sector privado, tanto de empresas pequeñas como multinacionales, y asociaciones y organizaciones campesinas, así como académicos e investigadores.

En entrevista, Berdegué comentó que la Conferencia generó recomendaciones generales y todas ellas son aplicables a México.

“En México tenemos un problema significativo de falta de coordinación entre las distintas dependencias y secretarías de Estado. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal en los años recientes para tratar de coordinar e integrar mejor las políticas sociales con las de fomento productivo para el campo –por ejemplo el Programa Territorios Productivos, que ejecuta PROSPERA y que tiene la finalidad vincular esas dos políticas en zonas pobres– están enfrentando serios problemas, muchas restricciones, y entonces esos esfuerzos avanzan nadando contra la corriente”.

En primer lugar, puntualizó, hay resistencias institucionales al cambio, eso siempre sucede cuando  uno trata de hacer programas que cambian la lógica que ha prevalecido. Lo que me preocupa es la dificultad que se  tiene para que las dependencias del gobierno federal internalicen las declaraciones de política pública. Hay un problema de falta de modernización del Estado mexicano para poder reaccionar a cambios de política  pública de forma ágil.

En segundo lugar, al experto en temas desarrollo rural le preocupa mucho la corrupción.

Las personas en los territorios rurales son muy pobres y tienen que enfrentar no sólo la dificultad para acceder a los programas productivos, sino que muchas veces tienen  que estarse defendiendo de esquemas de corrupción que amenazan esos recursos”.

Un tercer aspecto –añadió– que preocupa es la, en general, muy mala calidad de las organizaciones campesinas y rurales nacionales, que son “verdaderas máquinas de clientelismo”.

Y en cuarto lugar –remarcó– me preocupan mucho los problemas de violencia y de conflicto que encontramos en muchos de estos territorios, y que hacen muy difícil que las familias rurales pobres emprendan proyectos productivos. Un entorno así no sólo ahuyenta a la gran inversión privada. también hace extraordinariamente riesgoso el pequeño emprendimiento de familias pobres”.

Julio Berdegué explicó que la Conferencia Internacional no tuvo el objetivo de generar recomendaciones, dada la diversidad de realidades de los 37 países representados, pero sí se buscó definir “una serie de nuevas ideas, de evidencias, de ejemplos de cómo enfrentar la desigualdad territorial en temas específicos, incluidos los vínculos urbanos-rurales, el desarrollo económico y la innovación, el desarrollo social y la cohesión social”.

En las conclusiones generales resaltó “la preocupación por el impacto muy negativo que tiene la falta de coordinación para el desarrollo de los territorios de todo el mundo incluyendo los de México; la falta de coordinación entre las distintas secretarías y sus programas –cada una opera por separado–; la falta de coordinación entre los gobiernos, en el caso de México, el federal, estatal y municipal; la falta de coordinación entre las inversiones del sector privado y los planes, programas y las políticas del sector público, y la falta de coordinación entre los gobiernos locales y la sociedad civil y los territorios. Con unanimidad (en la Conferencia), concluimos que esta falta de coordinación es una de las barreras fundamentales al desarrollo de los territorios y a la reducción de la desigualdad territorial.

“Una segunda conclusión es la preocupación por los mecanismos y sistemas muy insuficientes de participación social que existen en el mundo. Si bien se reconoce en la mayoría de los países, si no es que en todos, que ha habido un avance importante respecto de hace diez o 20 años, lo logrado es muy insuficiente. Necesitamos sistemas de participación social donde las personas no sean sólo consultadas, sino que verdaderamente tengan voz  y voto en sus territorios para la definición de cuáles son las prioridades de mediano plazo, sobre cuáles son las prioridades de inversión del presupuesto público, etcétera. No se trata sólo de que sean consultados, sino que haya una participación real que los haga parte del proceso de toma de decisiones. Esto nos parece un elemento indispensable.

“También se dio mucho énfasis a la importancia de poner más atención a los vínculos entre pequeñas y medianas ciudades de provincia y sus entornos rurales. Hoy en día las políticas, los programas, los presupuestos para el desarrollo rural van por un lado, y lo que tiene que ver con el desarrollo urbano va por otro, y no se tocan. La gran mayoría de los habitantes rurales de América Latina viven a menos de una hora de distancia de alguna ciudad –en el caso de México sólo el diez por ciento de los habitantes rurales viven en lugares relativamente alejados–, y entonces esos habitantes dependen mucho y necesitan mucho de lo que está sucediendo en las ciudades, en materia de servicios, de comercio, de educación, de empleo, etcétera. Y por otro lado, muchas de estas ciudades pequeñas y medianas –pienso en Uruapan, Tepic, Cuernavaca y muchas más– dependen en gran medida de las actividades económicas y de la capacidad de consumo y del empleo que se genera en las zonas rurales circundantes a ellas. Estos son mundos que están muy integrados en la realidad pero que las políticas públicas los tienen completamente separados”, señaló Berdegué.

El representante de Rimisp –red de investigadores que este año cumple tres décadas de existencia– comentó que en la Conferencia de Puebla uno de los temas tratados fue la inversión privada y el desarrollo territorial, y estuvieron presentes directivos de algunas multinacionales, tanto mineras como alimentarias.

“Creo que hubo gran acuerdo en que en muchas ocasiones las formas en que se hacen estas inversiones efectivamente tienen un conjunto de consecuencias muy negativas en términos ambientales, sociales y económicos para los habitantes rurales. Es el caso de las inversiones de industrias extractivas; en efecto, generan enormes beneficios para el país, pero son beneficios a nivel agregado, por la vía de los impuestos que pagan y son capturados por los gobiernos federales, y al mismo tiempo generan muchísimos costos que se quedan en los territorios. A lo  mejor para los países son un buen negocio; sin embargo, para los territorios donde estas empresas invierten, no es un buen negocio o incluso son un pésimo negocio”.

Hubo un debate en la Conferencia sobre este tema porque es una equivocación gigantesca creer que los habitantes rurales saldrán adelante sólo con sus recursos o con el presupuesto público. Necesitamos mucha  más inversión privada, pero necesitamos que esta inversión se realice de forma tal que los efectos ambientales, sociales, económicos –y también sobre la democracia y el ejercicio de los derechos–, sean cada vez menores hasta que resulten insignificantes. ¿Cómo se hace esto? En la Conferencia examinamos experiencias de muchos países, relacionadas con legislación, formas de asociación entre empresas y comunidades, formas de evaluación de estas inversiones, etcétera. Y sabemos que sí es posible compatibilizar inversión privada con desarrollo territorial inclusivo. Hay fórmulas, no se trata de actos de magia”.