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Recursos públicos “financian” desequilibrio de mercado de granos

Un sólo cultivo puede recibir hasta 14 veces diferentes subsidios: Cofece

La forma en que se aplican los subsidios en México genera ineficiencias productivas, desequilibrio en los mercados y asimetrías en la entrega de los apoyos, ya que un sólo cultivo puede recibir hasta 14 veces diferentes subsidios.

“Esta situación conduce a que la composición de la producción y cosechas no corresponda a la demanda de los compradores, un desequilibrio financiado con recursos públicos”.

Así lo señala el Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, elaborado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), donde se explica que en específico los subsidios gubernamentales a la adquisición de coberturas contractuales y el mecanismo de “compensación de bases” provocan un funcionamiento ineficiente del mercado de granos, principalmente de maíz blanco.

Cabe recordar que México es excedentario en maíz blanco, pero cada año importa ocho millones de toneladas de maíz amarillo, principalmente para el sector pecuario.

De acuerdo con el análisis de la Cofece, al cruzar los programas  de subsidios con los productos apoyados, existe la posibilidad de que un mismo productor reciba apoyos de más de un programa, donde el mínimo es diez y en “casos extremos”, en maíz, chile y jitomate, hasta de catorce programas federales.

Por ello considera necesario cruzar los diferentes padrones de beneficiarios de los distintos programas, con la finalidad de identificar si un mismo productor recibe apo- yos de más de un programa federal y los montos de recursos involucrados. Con  esto “se podrá valorar la conveniencia de establecer límites individuales a los subsidios de los diversos programas disponibles, con el fin de reducir la asimetría en la asignación”.

El estudio concluye que los programas de subsidios que representan “mayores riesgos” para la libre concurrencia y competencia económica, tanto por el monto de recursos que involucran como por sus efectos, son el Componente Incentivos a la Comercialización, donde destacan las coberturas contractuales y los incentivos por compensación de bases en agricultura por contrato, y las Tarifas de estímulo para bombeo agrícola 9CU y 9N.

Mediante estos dos programas –indica– se canalizan más de 23 mil millones de pesos, cifra que representa 38 por ciento del presupuesto destinado al sector.

El documento de dicho organismo explica que los subsidios han tenido como objetivo facilitar la comercialización de productos agropecuarios, incluso en situaciones en que el mercado ha emitido señales que indican la conveniencia de reducir la oferta de algunos productos (cosechas excedentarias), generando ineficiencias productiva y en la asignación del apoyo.

La política de subsidios, incluso dentro del mismo programa, cuenta con instrumentos con objetivos contrarios. Por un lado están los incentivos a la inducción productiva que buscan sustituir cultivos excedentarios por otros deficitarios, cuyo presupuesto en 2014 alcanzó poco más 213 millones de pesos. Por otro, los incentivos destinados a problemas específicos de comercialización (entre los cuales se encuentran la compensación de bases) tuvo un presupuesto el mismo año de 3.8 mil millones de pesos.

“Lo anterior muestra que si bien hay un reconocimiento implícito de que la producción se debe orientar hacia productos rentables, en el sentido de que abastezcan en tiempo, precio, cantidad y calidad lo que demanda el mercado, predominan factores diferentes a los de eficiencia económica en la aplicación de los subsidios”.

Argumenta que, por un lado, las coberturas contractuales funcionan no sólo para cubrir riesgos financieros, sino que actúan como instrumento de fomento comercial al condicionar su aplicación al cumplimiento de contratos. Por otro, la compensación de bases en agricultura por contrato ofrece protección contra las fluctuaciones de los costos en que se incurre por traer el producto desde el punto de entrega del grano en el exterior, hasta una zona de consumo determinada en el país. “Esta protección aísla a los beneficiarios de este componente de los cambios en costos de transporte e internación que influyen sus decisiones de compra”.

Subsidio eléctrico   

La Cofece destaca que el subsidio eléctrico se otorga de manera selectiva a agricultores que utilizan electricidad para bombear agua en zonas con mayor eficiencia productiva, en detrimento de productores de temporal, quienes no están en condiciones de recibir estos recursos.

De esta manera, “los recursos públicos canalizados a través de las ventas de energía eléctrica constituyen un factor que mantiene la diferencia de productividad entre ambos grupos de productores”.

El subsidio a las tarifas eléctricas es un apoyo que disminuye el costo de un insumo para la producción de los productores más eficientes y “genera beneficios extraordinarios” para aquellos cuyos costos marginales son menores, por lo que el subsidio no necesariamente se reflejará en menores precios hacia el consumidor.

Recomendaciones

La Cofece recomienda revisar el funcionamiento de los subsidios a la agricultura por contrato, “incentivos a la comercialización”, y el funcionamiento del subsidio a las tarifas eléctricas para bombeo agrícola. ƒ

El organismo plantea reorientar los recursos del programa de Incentivos a la Comercialización de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), en su componente de cobertura simple, para que la mayor parte de los mismos se asigne sin restricciones temporales y de forma descentralizada, por conducto de otros intermediarios financieros. Ello con el fin de mejorar el acceso a los servicios de cobertura de precios a más zonas de producción en el país.

También sugiere que la Sagarpa y la Secretaría de Economía (SE) promuevan el establecimiento de mercados locales o regionales de acopio, es decir, espacios físicos donde los productores puedan encontrarse con los comercializadores y los precios se determinen mediante mecanismos de mercado.

Plantea que la SHCP, la Sagarpa y la SE propicien el desarrollo de mercados “virtuales”, es decir, plataformas electrónicas que faciliten los intercambios y eliminen la necesidad de espacios físicos para su realización.

Por último, señala que para minimizar su impacto negativo, los subsidios deben estar sujetos a criterios como: 1) no beneficiar a unos productores en detrimento de otros, 2) tener claro el objetivo y el tiempo durante el cual se van a aplicar, 3) ser transparentes, 4) sujetarse a evaluaciones periódicas y 5) abstenerse de darse con cualquier otro criterio que altere las condiciones de competencia y libre concurrencia.

 

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