Durante las administraciones priístas, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ha ido a la baja, ya que mientras en el 2016 fue de 350 mil millones de pesos (mdp) para el 2017 bajó en 318 mil mdp y para 2018 se estima en 320 mil mdp, “lo que demuestra presupuestos en picada”, expuso el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), Emilio López Gámez.
Sostuvo que desde 1980, durante la administración federal de Miguel de la Madrid y hasta la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el presupuesto al campo bajó mientras que en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, tuvo un ligero repunte pero con el actual presidente, Enrique Peña Nieto, se mantiene a la baja.
El investigador de Sociología Rural y Economía Agrícola afirmó que la política agrícola de México es asistencialista para los pequeños y medianos productores, y privilegia al sector exportador, por lo que en 2018 se mantendrá constreñida y en lo que va de la presente administración le han recortado 80 mil millones de pesos.
En el marco del penúltimo día del Tercer Foro Campesino, Emilio López Gámez, y Ernesto Ladrón de Guevara, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, adelantaron un cierre de año con una inflación superior al 6 por ciento, un subejercicio fiscal agropecuario y la eminente salida de Estados Unidos del TLCAN, por lo que advirtieron la urgencia de contar con un Plan B por parte de México para enfrentar esta situación e impulsar el mercado interno.
Los especialistas propusieron –según un comunicado– un modelo alternativo de desarrollo económico ante el agotamiento del neoliberalismo y la globalización ya que países de la Unión Europea y de Asia se han pronunciado por un Desarrollo Común con el Beneficio Compartido y no en la riqueza para las transnacionales.
Ambos coincidieron en que dicho modelo lo adoptará Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, con miras a los acuerdos bilaterales, por una economía interna que genere empleos e ir por la protección de los de “cuello azul” como se conoce a la clase trabajadora.
En el análisis de las políticas públicas para el campo, también Pedro Ponce Javana, Subdirector de Servicio y Extensión Universitaria de la UACh, expresó que la política pública se quedó en el mercado exportador y se olvidó del mercado local, situación que no se prevé que cambie en lo que resta de la presente administración y mucho menos en los próximos seis años.
Ernesto Ladrón de Guevara, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, explicó que en 20 días vence el plazo para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos de la Federación y en ese lapso deberá decirse qué pasará sobre el TLCAN si se viene abajo y aún no existe un segundo transitorio para prever que hará México.
Además, en otros 20 días más deberá estar listo el PEF 2018 donde se espera un PEC con reducción de 6 mil 600 millones de pesos para Sagarpa por lo que urge una reasignación a lo rural y productivo.
En este encuentro los especialistas se pronunciaron por un Programa de Reconstrucción Nacional y otro de Reconstrucción para el Campo con capacidad productiva, en caminos y en escuelas.
Insistieron en que las políticas y los programas premian el asistencialismo de ahí que las prioridades son contar con un Programa Alimentario así como un Fondo de Recuperación de Tierra y de Fortaleza de la Propiedad Social.
Los especialistas detallaron sobre la dependencia alimentaria del país sobre el argumento de que se gasta 52 mil millones de pesos en producir alimentos y se gasta 170 mil millones de pesos en importar granos pero de ellos 47 mil millones de pesos corresponden a la compra de maíz.
