Alistan votar dictamen de Ley General de Biodiversidad sin consultar a pueblos indígenas

Imagen Agropecuaria 14 marzo, 2018

Legisladores del PVEM convocan a reunión extraordinaria para este jueve a los miembros de la Comarnat
Piden organizaciones abrir consulta a pueblos y comunidades indígenas
Observa “contenidos regresivos” en materia de derechos humanos

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) -presidida por el Partido verde Ecologista (PVEM)- de la Cámara de Diputados, otra vez busca aprobar fast track el proyecto de Ley General de Biodiversidad (1) a pesar del gran rechazo que ha tenido por diversos sectores de la sociedad, denunció la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad.

Por ello, la organización exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta minuta a la participación de la sociedad; en particular de los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. “Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas”.

En un comunicado, señala que la Comarnat está convocando a la reunión para discutir y, en su caso, aprobar un dictamen positivo que ya se encuentra listo (2). Esto sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN).

Ya la Comisión de Asuntos Indígenas señaló en su opinión deficiencias en la Minuta relacionadas con el reconocimiento de la titularidad de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos genéticos, así como el hecho de que se omite a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como autoridades competentes en la materia.

En el mismo documento se remarca que la Minuta tampoco establece mecanismos, protocolos, procedimientos, ni esquemas de vigilancia y verificación para la construcción del consentimiento fundamentado previo ni aquellos que garanticen que los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos se distribuyan de forma equitativa (3).

Ayer mismo, los Integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad también presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud formal de consulta previa (4), libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe para pueblos indígenas, y comunidades equiparables a estos, que se verían afectados por la aprobación de este proyecto de ley. La petición también urge la participación de la ciudadanía en general, de la academia y de organizaciones civiles.

La solicitud formal advierte que de no abrirse la consulta a pueblos y comunidades indígenas “no sólo se estarían aprobando contenidos regresivos en materia de derechos humanos, sino que se estaría legislando a espaldas de la sociedad y en contra del interés de los sectores sociales más desprotegidos y de los dueños y poseedores de la mayoría de los recursos forestales al promoverse la inversión privada en sus territorios y la mercantilización de su patrimonio natural, sin tener siquiera la oportunidad de opinar al respecto…”

La Coalición presentó formalmente la solicitud de Consulta –ejerciendo el derecho constitucional de petición previsto en el Artículo 8°– porque aunque en reiteradas ocasiones se ha indicado su urgencia, no hay señales de que la Cámara de Diputados, particularmente la Comarnat, tenga planeado realizar una consulta a la ciudadanía, especialmente a pueblos indígenas y comunidades equiparables, quienes son los principales custodios de la biodiversidad mexicana y serían los grupos más afectados por la aprobación del proyecto de ley.

Entre las principales deficiencias del proyecto de ley están la omisión de derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.

Con su aprobación se pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento; debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.

Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinas/os, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones; contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;

Igualmente dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional y limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.