La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto neto de 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos; es decir, 23 mil 768 millones más que lo propuesto por el Ejecutivo.
El dictamen, aprobado en lo general, con 312 votos a favor, 154 en contra y cero abstenciones, se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Con 303 votos a favor, 7 en contra y cero abstenciones se aprobaron los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Transitorios: Décimo primero y la adición de dos transitorios. Además, al Anexo 23. 2.1, 23.3.1.B, 23.5.2 y 43.
La presidencia de la Mesa Directiva informó que en lo particular, 100 diputadas y diputados hicieron 285 reservas. Quedaron en términos del dictamen los artículos: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 33 y 37.
Asimismo, los transitorios, Tercero, Quinto, Noveno, Décimo segundo y Décimo Tercero. También, los anexos: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23.3.5, 25, 26, 27, 28, 29.2, 30, 31, 38 y 40.
El Proyecto del PEF señala que, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el periodo fiscal del próximo año se prevé un déficit presupuestario de 503 mil 841 millones 300 mil pesos.
El dictamen, en el que se realizaron cambios a la propuesta del Ejecutivo federal, refiere que se modificó el uso de los recursos del Fondo Regional, que se habían destinado a las 10 entidades federativas con menos índice de desarrollo humano, a efecto de que 50 por ciento se vaya a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el otro 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.
Establece que los recursos asignados al desarrollo integral de los pueblos, comunidades y municipios indígenas, cuando corresponda, puedan ser transferidos directamente a estos, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables, con la participación que corresponda a la entidad federativa.
En los Anexos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política, se indica que para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están en funciones desde antes del inicio de 2010, la remuneración de cada cual ha de ser igual a la que tuvieron durante el año de 2009, aunque sea superior a la del Presidente de la República.
Los integrantes del Poder Judicial de la Federación que asumieron su función a partir de 2010 o después, conservarán sus respectivas remuneraciones, aun cuando éstas son superiores a la del Presidente de la República, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a las diputadas y diputados apoyar el dictamen.
“Se decidió reducir el costo del gobierno de la República, con todas sus dependencias y organismos, en más de 20 mil millones de pesos, y terminar con un gigantismo administrativo que atrofiaba la prestación de los servicios públicos y que se encontraba totalmente alejado de las exigencias que la ciudadanía tenía para lograr un gobierno ágil y eficiente”, detalló.
Destacó que el proyecto del PEF 2019 tiene una columna vertebral que son los jóvenes, a los que se destinan 61 mil millones de pesos para reducir los altos niveles de deserción y garantizar que todos tengan trabajo y también estudio.
“Se busca que ya no exista una generación perdida y atrapada en las garras de la criminalidad, que solamente suma miles y miles de muertos por la violencia desatada en todas las regiones del país”, indicó.
Mencionó que otra parte de la columna vertebral es la organización del gasto, por lo que se compactaron los casi seis mil programas de desarrollo social que se tenían en la federación, estados y municipios; y ahora tan sólo son 18, con 251 mil millones de pesos, lo que representan una enorme inversión para el desarrollo del capital humano. Afirmó que se han establecido medidas de transparencia en el artículo transitorio y todos los programas contarán con reglas de operación.
Dijo que el Seguro Social y el ISSSTE recibirán las mayores inversiones de la historia del país, con 107 mil millones de pesos, ya que “los tenían abandonados y arrinconados y hacían de los pacientes y derechohabientes las víctimas permanentes del descuido y del maltrato médico”.
Resaltó que Pemex y CFE tendrán los primeros intentos de rescate y modernización, para que nuevamente vuelvan a servir como palancas de desarrollo y bienestar de muchas regiones de México.
Señaló que las universidades, a las que se les ha dado subsidio, tendrán corresponsabilidad en el manejo sano de sus finanzas y en la reestructuración de todos los niveles operativos, para garantizar la sustentabilidad.
Afirmó que se aplicará el artículo 127 de la Constitución Política, relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, con una medida que “acabe con la opulencia y el oropel”, y cubra la totalidad de las necesidades de las personas y de las familias, “sin el abuso, ni la discrecionalidad, ni el uso de los recursos públicos para darse las gran vida desde las Cortes o desde cualquier dependencia gubernamental”.
Dijo que “la primera batalla se está ganando contra el dispendio, el derroche y los altos salarios, ofensivos muchos de ellos, y la necesidad de que una inmensidad de recursos económicos ahora se trasfieran en la inversión de capital humano y se apliquen en la infraestructura para la generación de empleos”.
En los posicionamientos, el diputado Erasmo González Robledo (Morena) señaló que este presupuesto es una profunda reingeniería en la reorientación del gasto hacia el bienestar de la ciudadanía, con una base de austeridad republicana que combate la corrupción y promueve la eficiencia en los recursos.
Explicó que el dictamen que hoy se discute muestra un incremento real de 6 por ciento respecto al anterior, y éste representa el 23.4 por ciento del PIB. Dijo que se busca generar un equilibrio en las finanzas públicas. “La administración no tiene ningún corte asistencialista, por ello se propone un amplio gasto en inversión en infraestructura”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) subrayó que el primer presupuesto de esta administración es autoritario, unipersonal, asistencialista, viola la autonomía de poderes, es opaco y discrecional, pues se gasta y no invierte, sacrifica empleo, ciencia, tecnología e innovación, y no tiene un gramo de federalismo; además, quiere desmantelar los órganos autónomos del Estado; prueba de ello, es que ha realizado un presupuesto reducido para estas áreas.
El diputado René Juárez Cisneros (PRI) señaló que es un acierto apoyar a las personas de la tercera edad en pobreza, jóvenes que necesitan una beca para poder terminar sus estudios o a quienes tienen su deseo de empezar trabajar en algo y ganarse la vida decorosamente o quienes tienen una discapacidad. Sin embargo, apuntó, la gente del campo no tiene los recursos suficientes.
Indicó que en este presupuesto se lastima a las mujeres de este país y le da la espalda a la equidad e igualdad; reduce drásticamente la capacidad de los municipios para atender las demandas, servicios y obras de los alcaldes, y elimina los apoyos que son fundamentales para la promoción turística, afectando a los pueblos mágicos.
La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) manifestó que los esfuerzos tributarios de estados y municipios no se ven reflejados de forma equitativa en el dictamen. Asimismo, apuntó, se debilitan las instituciones que representan un contrapeso al Ejecutivo, tales como el Poder Judicial y órganos autónomos. También vulnera políticas para el desarrollo económico, la investigación y fortalecimiento del cambio.
Javier Salinas Narváez, diputado del PRD, consideró imperante la reorientación de la política social, para acabar con la pobreza, marginación y desigualdad. Además, dejó claro que sólo la educación puede ser el puente para alcanzar el desarrollo nacional. “Necesitamos un gobierno que restituya el poder social, que el exceso de mercado le ha arrebatado al Estado”.
El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) señaló disminuciones de más de 32 por ciento al rubro ambiental, aunque reconoció programas como el de apoyo a adultos mayores y a jóvenes.
Durante la discusión a favor y en contra, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que los programas sociales asignados para los pobres sólo sirven para repetir la fórmula clientelar asistencialista del pasado.
“La ciudadanía no vive sólo de subsidios, requiere de educación, trabajo digno, seguridad social, caminos rurales y carreteras; acceso al agua potable, servicios públicos, entornos seguros e incluyentes, y proyectos que detonen el desarrollo y nada de eso tiene este presupuesto”.
Al fijar su postura en contra, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) subrayó que el PEF no tiene un consenso y carece de prioridades en infraestructura. Hay una reducción de 13 por ciento en términos reales para el campo. En la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales caen 20 por ciento, y en seguridad pública se redujeron 25 por ciento los subsidios a estados y municipios que se destinan a combatir delincuencia organizada.
En pro, Óscar González Yáñez (PT) consideró que no hay presupuesto que alcance, pero ahora se hará más que lo que se hacía antes. “Se busca rescatar a Pemex y a CFE, para que sean bastión de la economía del país. También se propone evaluar el impacto de los programas”.
Xavier Azuara Zúñiga, diputado del PAN, comentó que “se ha intentado destruir contrapesos y centralizar el poder, así como doblegar la soberanía de los estados, al quitarles fondos del PEF”. Acción Nacional, dijo, apoyará a madres solteras, investigadores, deportistas, rectores universitarios y a todos a quienes este presupuesto ha afectado”.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) fijó su postura en contra del dictamen, debido a que se plantea un recorte brutal a los programas de protección de los recursos naturales y obras de infraestructura, y de comunicaciones y transportes de gran interés para los gobiernos estatales, por el impacto en el desarrollo regional de sus entidades. También, un recorte de 43 mil millones de pesos al ramo 23, que significan menos aportaciones y participaciones para las entidades federativas y los municipios.
En contra del dictamen, el diputado priista Ismael Alfredo Hernández Deras dijo que los campesinos aportan 4 por ciento del PIB, mientras que la economía del país crece 2 por ciento. “No se vayan a equivocar con los trabajadores de este sector, debido al recorte que plantean”, alertó.
Previamente, el Pleno rechazó mociones suspensivas planteadas por los diputados Armando Tejeda Cid (PAN), y Ricardo Villareal García, del mismo partido, quienes consideraron que el PEF 2019 no atenderá las miles de solicitudes de presidentes municipales y necesidades de millones de mexicanos.
Fuente: Cámara de Diputados
