Aprueba Senado, con cambios, minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
- Gran avance para asegurar derechos de los pueblos originarios, dicen senadores; pero los resultados de las consultas no serán vinculantes
- Devuelve el proyecto a la colegisladora para efectos constitucionales
El Senado de la República aprobó con modificaciones la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de las comunidades originarias establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
El proyecto enviado por la Cámara de Diputados, que también abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue aprobado por unanimidad, en lo general, con 110 votos.
Se devolvió a la colegisladora, debido a que en la discusión en lo particular fueron aprobadas modificaciones a los artículos 12 y 16 del ordenamiento.
Crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
Ese organismo definirá las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como el desarrollo integral, sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.
El Instituto reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Se establece que entre sus atribuciones estará aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género.
La ley busca garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles.
Contempla un sistema de consulta y participación indígena y determina que el Instituto sea el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada.
Instaura los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las comunidades, a efecto de promover y ejecutar las medidas pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como su desarrollo integral y sostenible.
El proyecto de decreto señala que el Instituto participará, con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la formulación de proyectos de presupuesto consolidados para los pueblos indígenas.
Además, gestionará, ejecutará, dará seguimiento y evaluará los recursos presupuestales para garantizar el reconocimiento e implementación de sus derechos y desarrollo integral, intercultural y sostenible.
También crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como un órgano de participación, consulta y vinculación con las comunidades originarias y afromexicanas.
Al presentar el dictamen, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, destacó que la nueva ley cuenta con diversos órganos y atribuciones muy importantes para lograr el desarrollo de este sector poblacional.
La legisladora del PRD resaltó que las disposiciones son acordes con lo previsto en la Constitución, con el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos pueblos.
Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Salomón Jara expresó que el nuevo ordenamiento reconoce a México como una nación multiétnica y pluricultural con profundas raíces históricas y culturales, sustentadas en los pueblos indígenas.
Dijo que a dos siglos de existencia del Estado mexicano estos pueblos aún viven en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión, debido a su falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas, económicas y a la ausencia de normas e instituciones públicas que realmente los consideren como sujetos de derechos.
Reconocer la dimensión indígena, agregó, es aceptar que hay 25 millones 694 mil personas que se consideran indígenas, por lo que esta ley es un gran avance para el país, pues les brinda certidumbre.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Casimiro Méndez explicó que con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se renueva la institución que atenderá a las comunidades y pueblos; y se reconstruye la relación del Gobierno Federal con ellos.
Denunció que por cerca de 15 años, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cumplió con sus metas y mantuvo una relación distante. Tampoco entendió las necesidades de las comunidades indígenas, comentó.
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, señaló que la población indígena en pobreza casi duplica a la no indígena: 77 por ciento se encuentra en esta condición, frente al 43 por ciento, respectivamente. “Los pueblos indígenas son pobres porque no se les han reconocido plenamente sus derechos económicos”.
Añadió que hace falta ir más allá de esta ley. “Vamos por la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena”, refirió.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Nuvia Mayorga Delgado afirmó que se requiere dotar de recursos suficientes al Instituto para su operación y apoyo a las comunidades, de lo contrario “tendremos un elefante blanco”.
Señaló que los 68 pueblos indígenas que existen en el país, y la comunidad afromexicana según datos del Instituto Nacional de Estadifica y Geografía (Inegi) requieren atención especialmente en servicios de agua potable, electrificación y drenaje.
En la discusión en lo particular, el Pleno aceptó la reserva presentada por el senador Damián Zepeda, del PAN, al artículo 12 del proyecto, a fin de excluir como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto a los titulares de las comisiones de Pueblos Indígenas y de Asuntos Indígenas de las cámaras del Congreso de la Unión.
Explicó que considerar a los legisladores como integrantes de la Junta de Gobierno es un error anticonstitucional, ya que rebasa los criterios de separación de poderes. De ahí que, la asamblea avaló se considere a los titulares de dichas comisiones sólo como invitados permanentes de ese órgano.
Asimismo, se respaldó el cambio propuesto por el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, para indicar en el artículo 16, que el cargo de directora o director general del Instituto, también lo pueda ocupar una persona perteneciente a un pueblo o comunidad afromexicano.
Los senadores rechazaron las propuestas de modificación a los artículos 2, 4 y 5, presentadas por la senadora María Leonor Noyola Cervantes, que buscaban establecer la obligatoriedad de que los resultados de las consultas sean vinculantes para las autoridades.
Los cambios a los artículos 12 y 16 se ratificaron con 102 votos favor. En tanto, las reservas presentadas para modificar el 2, 4 y 5, fueron rechazadas; dichos artículos se aprobaron en los términos del dictamen.
Fuente: Senado
