ERNESTO PEREA, ENVIADO
Reportaje Especial
- Comunidades de Sierra Juárez, Oaxaca, celebran 35 años de lograr revertir concesión para explotar sus bosques
- En el futuro, cualquier política pública que no considere a las comunidades está condenada a fracasar, advierten
Las comunidades forestales de la Sierra Juárez, Oaxaca lograron algo que hace 35 años se creía imposible: detener una concesión fraguada desde el Estado e intereses privados para explotar el bosque de esta región. Producto de esta lucha, hoy los pobladores son beneficiarios del manejo sustentable de sus recursos y han logrado integrar procesos de extracción y transformación de la madera y hasta servicios turísticos. Protagonistas de este pasaje advierten de los nuevos peligros que en la era global amenazan los recursos naturales, como las concesiones a la actividad minera o en materia hídrica.
Ixtlán de Juárez,Oaxaca.— “En esta comunidad no existe la propiedad privada”, advierte un anuncio a la entrada de esta población, frase que quizá sintetiza el resultado de la lucha emblemática que tuvieron las comunidades de la Sierra Juárez hace 35 años contra la concesión otorgada por el gobierno federal a la Fábrica de Papel Tuxtepec y que al revertirse en el tiempo ha permitido el desarrollo y conservación de la zona forestal, que hoy es un pulmón de oxígeno para esta región del sureste mexicano y es un ejemplo mundial del manejo forestal comunitario.
Por estos días aquí se han reunido veteranos de aquellas batallas –algunos de ellos ya rebasan los 80 años–, entre comuneros, asesores de aquel entonces que acompañaron la lucha y jóvenes que hoy participan en forma activa en las empresas comunitarias que ya no solo venden madera, sino que la transforman hasta llegar a incluso a la fabricación de muebles certificados. Las comunidades también han integrado servicios ecoturísticos y hasta el establecimiento de una gasolinera.
En el marco de esta reunión un joven chiapaneco expresa su sorpresa de que en los caminos hacia estas comunidades –algunas ubicadas hasta 2500 metros de altura sobre el nivel del mar– el entorno está tupido de árboles -los más abundantes son los pinos, pero también hay encinos y otras especies– mientras que allá en la selva Chiapas, dice, la zona boscosa cada vez es más reducida. Y sí, el dato habla por sí mismo: en las comunidades de la Sierra Juárez de las 19 mil hectáreas de bosque, 70 por ciento son de conservación y el resto está bajo manejo. Una característica en esta región es que no hay tala ilegal, porque la organización comunitaria la ha evitado.
Hace 35 años veíamos como se llevaban los recursos naturales que estaban en nuestras manos”, manifiesta Silverio Francisco López; Don Juan, otro comunero recuerda como con la concesión que tenía Fábrica de Papel Tuxtepec solo explotaba el bosque sin regenerarlo, además que éramos mal pagados porque si el metro cúbico de madera costaba mil 800 pesos, a las comunidades les daban entre 300 y 800 pesos.
Ante esto, relatan los comuneros, las comunidades decidieron organizarse y luchar por la derogación del decreto presidencial que en noviembre de 1982 renovaba la concesión a la empresa papelera en forma indefinida y que, finalmente, lograron echar abajo en 1983, luego de haber interpuesto múltiples amparos. Por supuesto hubo autoritarismo del Estado y violencia, incluso los acusaron de comunistas o de socialistas, recuerdan.
Uno de los protagonistas de aquella batalla, Jaime Martínez Luna, quien fue secretario general de la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), que emergió en 1983 por aquella oposición de las comunidades ante la explotación de sus bosques, expresa que hoy la agresión, el interés por extraer los recursos naturales permanece, hay que estar vigilante porque no solo es el “apetito” por la madera, sino por el agua y por todos los recursos.
Los riesgos –recalca– siguen siendo los mismos, “el mantenimiento de una educación que conduce al individualismo, hay prácticas que deterioran el funcionamiento de las asambleas, está el involucramiento de partidos políticos; mientras sigamos teniendo esas amenazas la comunidad seguirá teniendo un proceso de debilitamiento, por eso es importante reorganizar y tomar conciencia de la experiencia vivencial…”
Xóchitl Ramírez, una mujer que se involucró en el movimiento como estudiante universitaria, que incluso hizo su vida en la región y que fue asesora de ODRENASIJ, añade que otra amenaza hoy es que las políticas públicas son parciales y no ven el tema en forma integral. Por ejemplo, hay programas de agricultura que se contraponen con los de tipo forestal. Necesitamos tener políticas públicas con enfoque territorial, que respeten lo que hace el territorio, lo que la gente organiza entorno a éste y que se apoye este tipo de iniciativas.
Políticas comunitarias no individualistas
Al ser cuestionado de qué tan viable es el programa Sembrando Vida que ha anunciado el nuevo gobierno federal –que entrará en funciones el 1 de diciembre próximo–, Jaime Martínez prefiere no adelantar juicios hasta conocer bien el planteamiento. Sin embargo, advierte que éste podría lograrse si parte de la decisión de la asamblea que tiene la comunidad, “siempre y cuando no se insista en políticas de carácter individual, es decir hay muchos programas que van hacia el individuo, a la familia, que rompen el tejido social comunitario. Ojo: no conocemos qué tan profundo y serio está planteándose Sembrando Vida esa posibilidad, pero si la reconoce y parte de la decisión comunitaria, sería excelente”.
Considera que el apoyo debe dirigirse básicamente a bienes comunales y hacer partícipe a las asambleas del comisariado para que el beneficio de la actividad en ese programa se replique en todo las dimensiones y sea verdaderamente comunitario. Más que un subsidio al productor tendría que hacerse a la comunidad, alentar la producción local y el consumo de ésta.
Filemón Pérez Ruiz, poblador de San Pablo Macuiltianguis, quien hace 35 años fuera secretario de Prensa y Propaganda de ODRENASIJ, afirma que es posible plantar lo que pretende Sembrando Vida; pero si la política pública y los programas se están pensado desde el escritorio no tendrán posibilidad de tener continuidad.
Para Francisco Chapela, otro de los asesores de las comunidades en aquellos años, dicho programa tiene viabilidad si se hace articulado los sistemas campesinos de producción en clara alianza con las comunidades; “si se hace de manera centralizada desde el gobierno, lo dudo mucho”.
La Conafor –añade– siempre ha tenido programas de reforestación y de plantaciones, pero el resultado acumulado en toda su historia no llega al millón de hectáreas, porque lo ha hecho de manera centralizada y sin articularse con las comunidades; si el nuevo gobierno lo quiere hacer igual será muy difícil lograrlo, porque plantea hacer diez veces más de lo que ha hecho Conafor en toda su historia. Si se articula con las comunidades se hace.
Xóchitl Ramírez considera que Sembrando Vida puede ser un programa muy exitoso si está basado en las fortalezas locales, si no se enseña como un modelo único para todo el país y se ajuste a las características y cultura de cada uno de los territorios.
El programa es muy interesante –añade Gonzalo Méndez- pero primero tenemos que estar organizados por comunidades, en microrregiones, para tomar en cuenta el tipo de árbol que serían sustentable para los pueblos de la región, tomando en cuenta la situación del clima.
Francisco Abardía Moros, quien fue hace 35 años asesor de la Coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca y participó en el movimiento de la Sierra Juárez, anota que en la siembra con especies forestales y agroforestales, sería buenísimo que escuchen la experiencia de comunidades forestales y cafetaleras, o las que están haciendo milpa intercaladas con árboles frutales. El programa tiene un gran potencial que habrá que aprovechar.
Comuneros y expertos consultados están de acuerdo en que cualquier política pública que no considere a las comunidades está condenada a fracasar, porque lo contrario es simplemente imponer lineamientos y eso México no lo soporta. No sé trata de un asunto sólo de buena voluntad, sino de diseñar políticas y programas con las comunidades.
No vender el territorio
Respecto al planteamiento de si se requieren cambios legislativos para garantizar el desarrollo comunitario, Jaime Martínez refiere que el artículo 27 de la Constitución “debe eliminar definitivamente la peligrosidad de poner en venta el territorio agrario”; el artículo 3 constitucional debe permitir que el razonamiento comunitario se eleve a categoría educativa y diseñar leyes que regulen el uso y aprovechamiento del suelo comunal y ampliar la cobertura del aprovechamiento comunal.
Francisco Chapela también habla de la necesidad de modificar el artículo 27 constitucional, sus leyes reglamentarias, en cuanto a las atribuciones de a quién le corresponde administrar los recursos minerales del país, porque actualmente dice que al ser de la Nación debe administrarlos el gobierno al igual que los recursos hídricos. Esto es contradictorio con la idea de que las comunidades tienen derecho al territorio y a determinar que se va a hacer en esos éste.
“Me parece que debería de entregarse la administración de recursos hídricos, minerales y otros a las comunidades y esos permitiría un manejo más eficiente y sostenible de lo que se está haciendo ahora”.
Además, hay que reconocer servicios ambientales y no ser mediados por otras instancias, en el esquema actual el gobierno decide a quién sí y a quién no y por cuánto tiempo; no debería ser así, las comunidades deberían poder negociar la prestación de servicios ambientales con los beneficiarios de éstos de manera libre.
Gonzalo Méndez Hernández, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y Deportes de ODRENASIJ, es de Guelatao, que no es un pueblo forestal pero se unió a la lucha contra las concesiones, asevera que la realidad es que todas las concesiones que tiene el gobierno federal no han sido consultadas con los pueblos indígenas, sean hidrológicas, eólicas o mineras y “no estamos de acuerdo, por eso nos estamos organizando nuevamente con las comunidades, respetando su tierra, su territorio a partir de la “comunalidad” –un concepto que usan en esta región que alude a “una sociedad territorializada, comunalmente organizada, recíprocamente productiva, y colectivamente festiva…”– de cada una de ellas para hacer frente a estas situaciones”.
Alfonso González Martínez, quien hace más de tres décadas era miembro de una asociación civil de estudios ambientales y empleado de servicio forestal en la región, expone que hoy las concesiones deben ser pensadas desde la perspectiva de que los derechos al usufructo pleno del territorio, en el nuevo paquete de derechos sociales que alberga la Constitución desde 2011, la cual hace que se tenga que revisar la lista de concesiones mineras, que se consideraban con una visión casi colonial, dado que los recursos del subsuelo eran para otro tipo de actores y no para quienes estaban en posesión de un espacio del territorio en el país.
Requerimos –recalca– una “política moderna” que no hable de concesiones de agua u otros recursos, si no de un cuidado y manejo justo de los beneficios derivados del aprovechamiento razonable y sustentable de los servicios ecosistémicos que brindan las comunidades, así podemos pensar para la minería.
Ahora se deben reconocer los derechos de los posesionarios y herederos históricos de los saberes sociales de estos recursos de la biodiversidad y, por tanto, en nuevos acuerdos sociales para su aprovechamiento, ya no pensar en bosque, sino en monte con su biodiversidad y riqueza, como un espacio de inmensa cantidad de oportunidades para el aprovechamientos múltiples y no solo como un “patio de abasto de madera”.
Vivir de los bosques
Para encontrar nuevas fuentes de ingreso, las comunidades de la Sierra Juárez decidieron diversificar sus actividades derivadas de la riqueza natural de la zona y cuentan con un aserradero –donde procesan 70 por ciento de lo que se extrae del bosque, el resto se vende–, una empresa mueblera certificada y también incluyeron los servicios turísticos.
Incluso, los comuneros cuentan con su propio vivero tecnificado, donde este año produjeron 360 mil plántulas para reforestar el bosque y han logrado un índice de subrevivencia de hasta 90 por ciento, según platica Honorio Juárez Aquino, responsable del vivero.
Chapela puntualiza que México desaprovecha su potencial forestal “tremendamente”, ya que tenemos 6 millones de hectáreas productivas cuando el potencial es de más de 20 millones de hectáreas. Tenemos la mayor parte de bosques con potencial forestal maderable desperdiciado; pero también hay mucha áreas con recursos no maderables, como las zonas áridas, donde la lechuguilla se utiliza en industrias como la de aceite y no se aprovecha adecuadamente.
Se puede vivir de los bosques aunque, acota, hay que hacer bien las cuentas, los bosques captan agua alimentan acuíferos y manantiales donde hay acuacultura, agricultura, ganadería, todo es beneficio económico directo que no necesariamente va mediado por moneda. Hay posibilidades de aprovechamiento de fauna, plantas medicinales, producción de madera, es un negocio rentable.
Reflexiona sobre el hecho de que en 35 años tuvimos la crisis de los años ochenta, de la bolsa, los “errores de diciembre” en México y los shock económicos, por los cuales varias ramas de economía quedaron mal paradas y sectores económicos han quebrado; pero en todo ese tiempo las empresas comunales han seguido funcionando, con tiempos buenos y malos, pero han podido mantenerse.
Gonzalo Méndez hace hincapié en que se puede vivir de los bosques siempre y cuando haya un proyecto integral del mismo, que no solo sirva para unos cuantos, que sea en beneficio de la comunidad, en salud, educación y otros aspectos.
Filemón Pérez asegura que se puede vivir del bosque, el cual es un elemento, pero su ecosistema es más amplio, podemos vivir de los recursos naturales, del agua, de tener ingreso directos de la madera; pero advierte: las grandes empresas son las que pueden depredar el bosque, pero estamos listos para reorganizarnos oportunamente.
Jaime Martínez considera que México no podría ser un país forestal, pero sí tener un impacto importante de esta actividad. La propiedad social rebasa 60 por ciento, por eso se debe tomar en serio la participación de los poseedores de los recursos ejidales y comunales, garantizar y apoyarse en la organización de las propias comunidades, básicamente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde hay una amplia experiencia de organización comunitaria que debería ser tomada en cuenta.
Al comparar el cambio que hay en las comunidades desde los años ochenta, anota que hoy por los menos las comunidades tienen más acceso a determinar qué hacer con sus recursos, con su madera y todo lo que crece entorno a la naturaleza, pero requiere incrementar permanentemente el grado de conciencia
El bosque es muy rentable –secunda Xóchitl-, en esta región vemos como también la actividad turística lo hace aún más rentable, no solo es sacar madera, del bosque se obtienen muchas cosas y es un medio de vida para la juventud. El turismo vinculado con el bosque es una fuente de ingresos muy importante. Sí es una forma de vivir siempre y cuando se aproveche de manera sustentable.
Antes, dice, no había aprovechamiento por parte de las comunidades y ahora es impresionante los que se ha logrado en esta región, donde las comunidades se han dado a sí mismas reglas tan importantes y la gobernanza sobre los recursos naturales es una experiencia única en el mundo.
Abardía Moros subraya que hoy tenemos que volver a pensar que las comunidades forestales tienen el pleno derecho de hacer uso de todas las armas establecidas en la ley respecto a sus propiedades comunales y el usufructo de las mismos, lo cual está consagrado en la Constitucional; hoy tenemos el reto de que la ley se cumpla, porque no siempre es así. Para esto es fundamental que los jóvenes recuperen el gusto por la vida, por las labores del campo, por las empresas comunales, por ser portadores del bienestar de sus comuneros y sus familias, lo cual está sucediendo.
Martínez Luna remarca que 1982 es un antecedente muy importante para focalizar y orientar más esfuerzos y tomar mayor conciencia de lo que es el extractivismo, que no sólo es de recursos sino también de las ideas.
Un árbol tarda 40 años años para alcanzar su madurez y poder ser aprovechado, al parecer las comunidades de la Sierra Juárez la han alcanzado antes.
