Diputados votan Ley Forestal sin consultar a principales “beneficiarios”
Enmedio de fuertes cuestionamientos de organizaciones forestales y legisladores de oposición, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue aprobada por la Cámara de Diputados, donde los principales “olvidados” fueron los principales beneficiarios de la misma, es decir, los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, quienes no fueron consultados.
El Pleno de los diputados avaló con 211 votos abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, con sus posteriores reformas, para expedir nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene como objetivo conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales.
La nueva ley establece que los Consejos Estatales Forestales garantizarán la participación de los representantes de comunidades forestales, académicos, pueblos indígenas, profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y gobierno federal, siendo así de manera enunciativa más no limitativa.
El dictamen enviado al Ejecutivo federal también reforma el primer párrafo y adiciona un segundo del artículo 105 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de señalar que en los estímulos fiscales y otros apoyos económicos que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento Integral de la actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones y las obras para la protección de su suelos, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Los apoyos que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se realice el cambio de uso del mismo a agrícola o pecuario.
El documento señala que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o de la Comisión Nacional Forestal para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
En la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las erogaciones que en su caso se generen para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y para la de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se cubrirán con recursos que apruebe este Congreso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Al manifestar su postura sobre el dictamen, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) manifestó:
la ley está mal hecha, debido a que se han cambiado las maneras de autorizar y cambiar el uso del suelo, y se ha omitido consultar a grupos indígenas sobre lo que pasaría con los bosques que están bajo su custodia, lo cual deja a este importante, valioso y entrañable sector de nuestra población en el desamparo respecto al aprovechamiento de sus recursos”.
La diputada María Chávez García (Morena) señaló que esta nueva ley afectará los intereses de las comunidades indígenas.
En México, entre el 70 y el 80 por ciento de los bosques y selvas están en terrenos de comunidades de este sector y campesinos, “quienes en su mayoría desconocen el contenido del dictamen que hoy estamos discutiendo”.
Comentó que más de 30 mil hectáreas de bosques en el país son destruidas por la forma clandestina y el mercado negro afecta notoriamente la productividad de la industria maderera. “Se calcula que alrededor del 70 por ciento de la madera que utilizamos es de procedencia ilegal”.
Fuente: Cámara de Diputados
