Indígenas de México exigieron que el Legislativo los reconozca como sujetos plenos de derecho y les garanticen su ejercicio, pues, acusaron, son discriminados y violentados; además, pidieron que la próxima administración ayude a preservar sus tradiciones y territorios.
Al iniciar el foro “Agenda Legislativa Indígena, Rumbo a la Cuarta Transformación”, en el que llevaron a cabo una ceremonia tradicional Mazahua-Otomi- Tlahuica, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena), aseguró que se hará una profunda reforma constitucional que incorpore plenamente los derechos y demandas de esta población.
Ante representantes de los pueblos Mazahua, Otomí, Purépecha, Tlahuica, Tzeltal y Tzotzil, entre otras etnias, anunció también que habrá recursos suficientes para los programas de desarrollo, “sin intermediarios, ni clientelismo ni paternalismo”.
Consideró fundamental este tipo de encuentros para “construir juntos la ruta para edificar un país mejor para todas y todos, en especial para quienes siempre han sido olvidados, pisoteados e ignorados: los pueblos indígenas”, declaró.
Aseveró que los derechos indígenas no han encontrado una expresión adecuada en la legislación mexicana y menos en las políticas públicas. La reforma al artículo segundo de la Constitución, en 2001, “no recogió los reclamos de las organizaciones y comunidades autóctonas expresadas en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación”, mencionó la legisladora.
Los pueblos originarios son los grandes ausentes de las estructuras del Estado mexicano, en cuya edificación no se consideró la diversidad étnico-cultural, porque nuestra existencia fue considerara una limitante para el desarrollo de la nación y se erigió una política para anular la diversidad de las comunidades”.
Hoy –agregó– tenemos la oportunidad de realizar una reforma constitucional que dé paso a la construcción de políticas públicas que fortalezcan la autonomía indígena, reconozcan a sus autoridades y sistemas normativos, así como los usos y costumbres”. El objetivo es reconocer la nación pluriétnica existente en México, apuntó.
Con esta ruta, se va a dictaminar la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que será sometida a una amplia consulta en las diversas regiones del país, para iniciar un nuevo ciclo de participación, subrayó.
Invitó a construir juntos el camino de la Cuarta Transformación del país, para “recuperar lo que por años nos han robado y arrebatado. Hoy existe esta oportunidad histórica para hacer los cambios profundos que se requieren en materia legislativa y lograr, entre todos, el cambio verdadero que ha ofrecido el nuevo gobierno”.
Al participar, el legislador de Morena, Armando Contreras Castillo, expresó su compromiso a trabajar, junto con las comunidades originarias para impulsar y aprobar la agenda legislativa que las reivindique en el próximo gobierno federal, mediante un presupuesto transversal. Por ello, dijo, se adecuarán todas las leyes para disponer de más recursos que contribuyan a cumplir todas las propuestas.
Representantes de las comunidades autóctonas exigieron terminar con el clientelismo y los intermediarios que desvían los apoyos presupuestales a este sector, los cuales nunca reciben. También demandaron retomar y hacer realidad los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, y garantizar el respeto a los derechos de las mujeres indígenas.
Por su parte, Adelfo Regino Montes, representante del equipo de transición del próximo gobierno federal y quien fue designado como titular del próximo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pidió que en la elaboración y dictaminación de la ley que crea este organismo, se escuche la voz de las etnias y comunidades.
“Será la nueva institución que a partir del 1o de diciembre, coordinara todos los trabajos y definiciones de políticas públicas para nuestras comunidades y pueblos indígenas”, expresó.
Se pronunció por restablecer una nueva relación entre este sector de la población y el Estado, tomando en cuenta el reconocimiento constitucional y legal de las comunidades indígenas. “Ha sido un reclamo durante los últimos 40 años”, precisó.
Fuente: Cámara de Diputados
