El comercio ilegal de agroquímicos supera 15% del comercio mundial de agroquímicos, según cálculos de las Naciones Unidas. En China se estima que es del 30%, en la Unión Europea del 10% y en India de 30%. ¿A cuánto ascenderá en América Latina?
Los plaguicidas ilegales atentan contra la salud, afectan el medio ambiente, destruyen cultivos y ocasionan perdidas económicas. Ningún país escapa, señalan Eduardo Leduc y José Perdomo, presidentes de la Junta Directiva CropLife Latin América y de América del organismo, respectivamente.
En el informe 2017 del organismo indican que el comercio ilegal de agroquímicos está en constante crecimiento en América Latina. Pese a la dificultad de medir con exactitud la magnitud del comercio ilegal, apenas conocemos la punta del iceberg. Las autoridades y agencias reguladoras se enteran cada vez más de criminales que fabrican, transportan, distribuyen y venden plaguicidas falsos e ilegales.
Lamentablemente, algunas leyes o su laxo cumplimiento en los países sirven de poco para prevenir o frenar efectivamente esta actividad delictiva.
Cuando se comparan con otros delitos, señala el texto, la persecución penal y sanción efectiva del comercio de agroquímicos no son una amenaza para los delincuentes. Las sanciones mínimas, si las hay, pueden ser fácilmente contabilizadas como un costo operativo de las actividades ilegales. La ausencia de recursos, de policías especializadas, de fiscalías, o los tribunales y legislación laxas, contribuyen al problema. Es necesario que los gobiernos de América Latina se comprometan pronto con políticas estructurales que combatan la ilegalidad de los insumos agrícolas ya que no es un delito menor. Quien compra, vende, transporta o fabrica los plaguicidas ilegales atenta contra la salud, el ambiente y la producción segura de alimentos. Además, atenta contra las exportaciones agrícolas y la recaudación fiscal de su país.
Mientras los marcos regulatorios y las capacidades de control y vigilancia se fortalecen, es indispensable que la policía, aduanas, fiscales, reguladores, legisladores y agricultores acudan a los recursos disponibles para detener y prevenir la venta de plaguicidas falsificados e ilegales antes de que lleguen a los cultivos. Así lo están haciendo las autoridades en Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala y México con campañas informativas, entrenamiento a personal de control, habilitando líneas de denuncia, y en general con medidas de control y vigilancia más eficientes, añade el informe.
Según los directivos, desde la perspectiva de los agricultores y distribuidores es necesario que comprendan los efectos adversos directos e indirectos de los plaguicidas ilegales y se abstengan de contribuir a su proliferación. Deben “Conocer a su proveedor” y asegurarse de que cumple con todos los requisitos legales. La gestión de un programa efectivo de seguridad como “conocer a tu cliente”, más conocido como Know your Customer, garantiza que no se está transportando mercadería ilegal, ni vendiendo envases o etiquetas a falsificadores. Estos programas deberían convertirse en el estándar comercial del siglo XXI para transportistas, empresas y comerciantes responsables y éticos.
Los directivos reiteran su compromiso de luchar contra este crimen, porque “se trata de sustancias ilegales que pueden afectar nuestra salud, nuestros suelos, nuestras cosechas, nuestros alimentos. Debemos informarnos: el comercio ilegal de plaguicidas es un delito de alto impacto”.
