El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una iniciativa para despenalizar el consumo de la marihuana (cannabis), a través de un cambio de paradigma diferente al modelo prohibicionista que ha provocado violencia, truncado a muchas familias, impuesto penas desproporcionadas a consumidores, sobrecargado al sistema judicial al superar la capacidad de las prisiones y absorber una cantidad enorme de recursos económicos, los cuales pudieron haberse destinado a una política social más efectiva.
La diputada de dicha fracción parlamentaria, Verónica Beatriz Juárez Piña presentó la iniciativa que contempla reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Propuso eliminar toda restricción en su uso con fines recreativos, despenalizar el cultivo para consumo personal y cultivo doméstico hasta tres plantas, sin necesidad de registro alguno. Otorgar garantías a usuarios de consumo recreativo o problemático y que requieran la atención de servicios públicos o privados para acceder a los programas de prevención.
Juárez Piña planteó eliminar los 5 gramos para portación y consumo personal de cannabis –que se permiten hoy– y que sean las secretarías de Salud y de Agricultura, quienes emitan la normatividad respecto del cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo, designen las zonas y parcelas, y expidan licencias para la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores. La propuesta se remitió a las comisiones unidas de Salud y de Justicia para dictamen.
En su exposición, la legisladora argumentó que organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo expresándose sobre el tema y en días pasados el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se pronunció en contra de la política prohibicionista, al igual que el ex presidente Vicente Fox e integrantes del próximo gobierno.
Abundó en que “en materia de derechos humanos planteamos que a las personas usuarias deben darse determinadas garantías, ya sea que su consumo sea con fines recreativos o presenten un consumo problemático y que requieran de la atención de los servicios públicos o privados para el acceso a los programas de prevención o de atención al consumo. Estos derechos constituyen únicamente un piso mínimo”.
La diputada añadió que “un Estado que despenaliza la posesión personal y el uso del cannabis para fines recreativos debe prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen. De tal manera, que la operación de los clubes de consumo recreativo son una opción donde se les permitiría operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias, que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad”.
Apuntó que también es importante contar con un Programa Nacional Especializado de Prevención para Adolescentes y los mecanismos de justicia terapéutica para consumidores problemáticos.
