Subsidios o apoyos sociales deben vincularse al desarrollo productivo y ser temporales
La política social no debe estar disociada de aquella enfocada al desarrollo productivo y los subsidios o apoyos otorgados a los más pobres tienen que ser temporales con una estrategia territorial e integral, donde éstos no se otorguen en forma individual, si no a través de organizaciones productivas y orientarse a bienes públicos.
Así lo señalaron expertos del Rimisp –Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural–, quienes se reunirán con integrantes del equipo de transición responsable de Sedesol y la Sagarpa en el próximo gobierno, para presentar su Estrategia de Inclusión Económica para la Superación de la Pobreza en México.
En rueda de prensa, explicaron que la estrategia está basada en el desarrollo territorial que, junto con otras medidas, ha permitido avanzar en la superación de la pobreza en países como Perú y Brasil.
La directora ejecutiva de Rimisp, Ignacia Fernández, expuso que en México desde hace 20 años se han implementado diferentes políticas de ataque a la pobreza sin los resultados esperados, ya que los niveles por ingreso son prácticamente igual, por lo que es necesario modificar la estrategia tomando en cuenta el enfoque territorial y considerando que los subsidios de carácter social deben estar vinculados con los productivos.
Enfatizó que México debe avanzar en la “inclusión productiva” para superar la pobreza y aclaró que no se trata de desaparecer los programas de apoyo social, si no reestructurarlos para vincularlos con aquéllos de apoyo productivo.
Ignacia Fernández expresó que el relevo en el gobierno en México es una oportunidad para implementar una estrategia de superación de la pobreza y empezar un proceso de cambio importante.
En tanto, Héctor Robles, investigador asociado del Rimips planteó que de los programas de apoyo al campo, por ejemplo, sólo llega el 10 por ciento a los pequeños productores, dado lo complicado de las reglas de operación, por lo que son regresivos y es necesario reestructurarlos y darles una articulación productiva.
También consideró necesario que los programas se otorguen a organizaciones o en forma colectiva y no individual, como es el caso del Proagro Productivo, y enfocarlos a bienes públicos –caminos rurales, bodegas de almacenaje, obras de riego, entre otras.
Héctor Robles comentó que el presupuesto para el campo, que se aglutina en el Programa Especial Concurrente requiere una nueva orientación, ya que “no es programa ni es especial ni es concurrente”, además que se deben revisar las reglas de operación de todos los programas para el medio rural.
De acuerdo con el Rimips, la Estrategia de Inclusión Económica para la Superación de la Pobreza en México se basa en un “Programa rector para habilitar la demanda de hogares organizaciones y territorios”, donde se generen las condiciones mínimas para acceder a la oferta pública de apoyos productivos; se fortalezca el tejido organizacional en los territorios y existan estrategias particulares para atender a mujeres, jóvenes e indígenas.
Un segundo punto la creación del “fondo único para el fomento productivo rural”, donde se agrupe la oferta hoy dispersa, para superar su carácter regresivo y desarticulado de los apoyos; evitar duplicidades y definir reglas y criterios de acceso para la población en distintos niveles de marginación y vulnerabilidad, considerando un abordaje integral de las necesidades de inclusión productiva. Aquí se contempla crear un sistema único de beneficiarios.
El tercer punto de la estrategia es la coordinación institucional, que ha sido un “dolor de cabeza”, para asegurar la gobernabilidad y operación de la estrategia, “la recomendación es evitar la necesidad de arreglos interinstitucionales y, por lo tanto, alojar la estrategia en una sola Secretaría”. Dicha coordinación “es indispensable, dada la gran diversidad de bienes públicos que serían provistos en el marco de la estrategia”.
