Zacatecas, Zac.- El Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI se comprometió con el candidato a la Presidencia de la República, por la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, a trabajar para “promover, movilizar y defender el voto rural” y lograr alrededor de 5 millones de votos rurales para la elección del próximo 1 de julio.
En el marco del 99 Aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata y tras la firma del Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México, López Obrador destacó que el campo es una de las prioridades del gobierno que encabezará, por lo que le dará impulso para producir todo lo que demanda el país y dejar de importar 14 millones de toneladas de maíz, 20 por ciento del frijol o 70 por ciento del arroz que consumimos.
Ofreció apoyo al campo e insistió en fijar “precios de garantía” para pagar bien al productor por su cosecha, con mecanismos que den los recursos en forma directa al productor. Refirió que los subsidios fueron “satanizados” por los gobiernos neoliberales, mientras que en países como Estados Unidos sí se otorgan, por lo que afirmó que en su gobierno sí “habrá subsidios al campo” y también anunció que habrá compra de cosechas a ejidos y comunidades rurales.
López Obrador señaló que habrá apoyo para fertilizante, procurando que sea orgánico para que no degrade el suelo y aseguró que la planta que compró PEMEX, en Pajaritos, Veracruz, donde se pagaron sumas millonarias por el gobierno actual, será rehabilitada para prover de este insumo a los agricultores. Prometió que habrá más creditos a la palabra para agricultura y ganadería y proyectó sembrar un millón de hectareas de arboles frutales y maderables en el sur-sureste del país.
En voz de Rocío Miranda Pérez, presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, las organizaciones que integran el Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, recordaron que desde el pasado 22 de enero, “nos planteamos la conformación de 25 mil comités rurales pro AMLO, con la finalidad de movilizar y defender el voto, a favor de ya sabemos quien. Hasta la fecha se han constituido comités estatales en los 32 estados de la república… y llevamos un avance del 40 % en la conformación de comités electorales rurales”.
Luego de señalar que el movimiento campesino coincide con la coalición que encabeza AMLO en que la vía política es la participación democrática y pacífica, Rocío Miranda aseveró que “el régimen ha abusado de los más pobres, débiles y vulnerables, comprando y coaccionando su voto. Vamos a impedir que se consume otro fraude y vamos a promover el voto consciente y decidido. Por eso convocamos a una insurrección cívico política para las próximas elecciones presidenciales”.
Plan de rescate para el campo
En su intervención, el dirigente de la CNPA, José Narro Céspedes, quien también habló a nombre de las organizaciones manifestó que un nuevo campo mexicano supone un Proyecto Alternativo de Nación a la política neoliberal, por lo que suscribimos este Pacto organizaciones campesinas y López Obrador para la puesta en marcha de un nuevo Modelo de Desarrollo Rural que tenga como ejes: la Soberanía Alimentaria; la política del Estado; la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la agricultura agroecológica, las actividades forestales, la ganadería social, la pesca y así como la acuacultura sustentables; la defensa del territorio, el ejido, las comunidades; las aguas y la biodiversidad; el derecho a la agroalimentación nutricional y a la vida libre de violencia.
Destacó que los agricultores pueden producir los alimentos que el país requiere porque, “todos los campesinos, somos productivos o potencialmente productivos y queremos que en las políticas públicas se nos trate como productores y no como pobres”.
Las organizaciones hicieron un llamado a construir y defender el derecho de los campesinos a la tierra, a mantener la propiedad social, restablecer el papel de ejidos y comunidades como sujetos de interés público y protagonistas del desarrollo económico, social, político y cultural; a reconocer los derechos de 2.5 millones de jornaleros y eliminar el trabajo infantil de más de 700 mil niños y niñas que son explotados en campos agrícolas de México; a trabajar por los derechos de la mujer campesina, porque la equidad de género es una asignatura pendiente en el país y más en el agro.
Dicho compromiso incluye los derechos de los jóvenes del campo y de los pueblos originarios indígenas. Además, “necesitamos que la soberanía alimentaria y nutricional sea una política de Estado; nos proponemos como objetivo fundamental lograr la soberanía alimentaria sustentada principalmente en la pequeña y mediana producción agropecuaria, para garantizar la alimentación de todos y de todas, con participación social tanto de productores como de consumidores; orientada bajo criterios agroecológicos”.
También se pronunciaron por el derecho campesino a una alimentación segura y de calidad a contar con los servicios básicos de salud y vivienda, porque “es inadmisible que quienes producimos los alimentos padezcamos hambre y comamos mal”.
Expresaron su oposicion a la entrega de la tierra, el agua, el viento, los minerales y el petróleo a las corporaciones, muchas de ellas extranjeras y se pronunciaron porque los recursos naturales de los territorios de los pueblos originarios indígenas sean administrados por éstos y retomar el espíritu original del artículo 27.
En la lectura del documento, al referirse al derecho a la vida y la seguridad, José Narro aseguró que “el agro mexicano es un enorme camposanto. Antes nos excluían, nos oprimían y nos explotaban ahora también nos desaparecen y nos matan. Calderón declaró la guerra y Peña Nieto la continuó. El derecho a la vida, supone la promoción de un desarrollo incluyente que restaure la esperanza. Pero pasa también por la reconciliación familiar y social, que permita la restauración del tejido social”.
