Adelfo Regino Montes, propuesto como titular del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, señaló que en 2016 y 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sufrió “un severo e indignante recorte presupuestal del 54 por ciento”, y en 2018 se les destinaron alrededor de seis mil millones, por lo que planteó que se incremente a 20 mil millones de pesos el presupuesto en 2019 para el desarrollo integral de este sector de la población.
Explicó que en el próximo gobierno se plantea una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas a partir de cinco componentes fundamentales y un nuevo presupuesto para los pueblos indígenas. El primero sería la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que no se puede continuar con la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas porque se han reducido los programas y los recursos.
Precisó que dicho instituto sería un organismo público descentralizado que tendrá autonomía operativa, técnica y presupuestal y, sobre todo, personalidad jurídica y patrimonios propios. Además, tendrá como mandato ser la autoridad especializada con relación a los pueblos indígenas en la administración pública federal.
Aseguró que para todos los fines de la nueva institucionalidad pública, se considerará a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Asimismo, se planea tener una operación territorial y fortalecer las acciones de los 134 coordinaciones regionales indígenas distribuidos en 26 entidades.
Regino Montes mencionó que otro componente es la armonización legislativa e implementación de los pueblos indígenas, ya que aún queda pendiente el reconocimiento pleno de los derechos indígenas en la Constitución Política, por lo que se promoverá su incorporación legal.
Se pronunció por retomar el debate de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas bajo tres criterios fundamentales: revisar lo que quedó pendiente de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación elaborada en 1996; incorporar en la Constitución los principios y normas contenidos en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras instrumentos internacionales en la materia, y las resoluciones jurisprudenciales sobre derechos de los pueblos indígenas establecidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.
El tercer componente, dijo, es la elaboración de los planes integrales de desarrollo regional, a fin de que en cada pueblo se construyan y sean el instrumento o mecanismo para generar las políticas, los programas, las estrategias y las acciones de gobierno y también para que se puede enfocar allí el presupuesto público.
Otro componente, indicó, es fortalecer los programas y generar nuevos y se vislumbran por lo menos seis que son: De Infraestructura Indígena; Apoyo a la Educación Indígena; Fomento a la economía indígena; Derechos de los Pueblos Indígenas; Participación y consulta indígena, y el de Patrimonio cultural e investigación.
Resaltó que será muy importante que en esta Soberanía se defina el tema presupuestal, “porque se tiene un Anexo 10 que son las erogaciones presupuestales con relación a nuestros pueblos indígenas, pero veamos cómo ha funcionado y el enorme e indignante recorte presupuestal que ha sufrido la CDI y también lo que llaman el presupuesto transversal y que nadie sabe en dónde termina y si realmente se aplica”.
Se pronunció porque haya un incremento y reorientación de este Anexo y que las reglas de operación sean pertinentes, interculturales y contextualizadas. Consideró importante hacer realidad la exigencia de que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan el recurso de manera directa, lo cual sería una de las implicaciones concretas de reconocimiento como sujetos de Derecho.
Por último, dijo, el quinto componente es el tema de la participación y la consulta Indígena, ya que es muy importante que cada una de las acciones que se implementen sean con su intervención.
Al inaugurar el foro “Gestión Presupuestal Indígena”, la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, se comprometió a buscar un presupuesto suficiente para defender los derechos de las comunidades originarias.
Afirmó que todas las acciones de gobierno deben acompañarse de recursos para cubrir la deuda que históricamente el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas.
Indicó que un compromiso es mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de estas poblaciones, pues “sus necesidades son muchas, y ante ello es prioridad brindarles mínimamente las básicas”.
Además, destacó, se defenderán los territorios, recursos y derechos de los pueblos indígenas. “Lo que pase a revisión en la Comisión se defenderá; hemos vivido en carne viva el despojo, atropellamiento, marginación y discriminación que por años han sufrido estas comunidades”.
Es responsabilidad de los legisladores generar las mejores condiciones jurídicas para atender las problemáticas nacionales; de ahí la importancia de abordar el tema de los recursos federales enfocados a pueblos y comunidades originarios”.
Destacó que las necesidades del sector “las conocemos porque hemos vivido en carne propia estas carencias”, por lo que refrendó su compromiso con este sector poblacional, “con los más pobres. Por el bien de todos, primero las indígenas y los indígenas del país”, subrayó.
Enseguida, la diputada Beatriz Pérez López (Morena) añadió que al considerar los índices inflacionarios y la desigualdad de estas comunidades, en 2017 el presupuesto sufrió una disminución de 6 mil 364 millones 599 mil pesos de pesos respecto a 2016. “Y para 2018, representó una disminución de 8.6 por ciento. Sigue a la baja, y sería inconsecuente callar y dejar que los más de 89 millones de pesos que se destinaron al sector sigan perdidos en una dispersión de acciones y un ejercicio en el que no se ha dado la participación consultada de los pueblos y comunidades”.
Por ello, el objetivo del foro es crear un espacio de diálogo especialmente importante, en la víspera de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Agregó que los resultados de este encuentro serán presentados ante la Comisión de Pueblos Indígenas.
María Roselia Jiménez Pérez, diputada del PT, expresó que se trabajará para que estas comunidades vivan dignamente. “No estamos pidiendo dádivas; ya basta de tanto robar, saqueo y barbarie, y de ver a nuestros niños boleando zapatos, a nuestras mujeres sirviendo en las casas y de sentir vergüenza de hablar una lengua”.
Subrayó que este es el momento de exigir vivir dignamente y clamar los derechos fundamentales, sobre todo el de la vida y la salud, pues “mujeres y hombres se están muriendo de enfermedades curables; tenemos mucho que exigir”.
La diputada Virginia Merino García (Morena) señaló que las comunidades indígenas han sido marginadas; por ello, es necesario tener una política que proporcione las necesidades para estos pueblos.
Fabián Cajero Jacinto, integrante de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C, indicó que en el país existen poco más de mil 92 municipios con condición indígena de los cuales el Presupuesto de Egresos solamente asigna el 2 por ciento a estas comunidades. De los 2 mil 462 municipios que existen en la nación más de la mitad son pueblos indígenas, pero de estos sólo la mitad solamente obtienen dicho porcentaje.
Mientras, el 93 por ciento de los municipios no cuentan con servicios básicos con calidad; 27 por ciento no cuenta con el servicio de agua potable; 83 por ciento no tiene caminos de calidad y ni una infraestructura que le dé servicio a los ciudadanos; 65 por ciento carece de alumbrado público en más del 50 por ciento de sus comunidades, y el 23 por ciento no tiene telefonía.
Señaló que la principal demanda es el agua potable, caminos, electrificaciones, educación, salud e infraestructura básica. “De estas peticiones por parte de los municipios o comunidades indígenas solo representa el 18 por ciento de los recursos que se demandan en esta Cámara; de ese porcentaje, solamente 2 centavos del presupuesto se les otorga, y esa cantidad va direccionado para infraestructura en dichas comunidades”, agregó.
Para el 2018, las transferencias a los fondos de los pueblos y comunidades indígenas solo llevan un 62 por ciento transferido, pero calculamos como sucede anualmente que el 20 por ciento de estos recursos no se les va a entregar porque se van a subejercicios anualmente, argumentó.
En su turno, Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, manifestó que el presupuesto para estas comunidades se destina de manera unilateral, además de que no se valora la eficiencia de los programas que se aplican, ni existe un marco jurídico que los respalde.
Aseguró que el siguiente gobierno será un punto de inflexión frente a un pasado en el que las agrupaciones originarias se han mantenido ajenas al progreso. Afirmó que el próximo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas representará una nueva relación entre el Estado y los habitantes nativos.
Subrayó que en la Cuarta Transformación del país, la sociedad aborigen tiene que ser protagonista. “Se tendrá que consolidar un programa de desarrollo para esas comunidades y, sobre todo, tomar en cuenta sus opiniones”.
El ex diputado en la LXII Legislatura, Carlos de Jesús Alejandro, explicó que una gran problemática es que el presupuesto para las poblaciones indígenas se diluye, además de que resulta muy complicado para esas personas acceder a beneficios.
Resaltó la necesidad de que en el PEF 2019 se otorguen suficientes recursos para concretar los programas que apoyan a esas comunidades, ya que año con año se disminuyen los recursos del Anexo 10 del PEF. “En 2015 había 85 mil millones de pesos, pero para 2017 se observó una baja de 10 mil mdp en ese anexo”.
Dijo que “si no se refleja un respaldo en el PEF, los discursos de acabar con la deuda histórica con los pueblos indígenas, sólo son demagogia. Los diputados de esta Legislatura tienen que revisar el destino del recurso, para evitar que haya un presupuesto perverso”.
Fuente: Cámara de Diputados
