En cuatro décadas más habremos agotado la capacidad técnica de extraer el agua de nuestro acuífero en el Valle de México, afirmó Fernando González Villarreal, coordinador Técnico de la Red del Agua UNAM.
“Para muchos de nosotros 40 años es una enorme cantidad de tiempo, pero para esta ciudad y para nuestro país es muy breve”, aseveró el también investigador del Instituto de Ingeniería (II), durante el seminario internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (Cous).
Rafael Val Segura, director de Concertación Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACME), expuso que desgraciadamente en la Cuenca del Valle de México no se le ha dado importancia a la cultura del agua, es decir, a valorar este recurso ambiental, económica y socialmente. “No le damos valor económico porque nos la dan gratis o nos la robamos”, indicó.
Actualmente, dijo, cinco estados se surten de esta cuenca y es necesario definir cómo debe repartirse el agua y quién debe usarla principalmente: la agricultura, la industria o la población.
“La educación y cultura son piezas fundamentales para cambiar actitudes, para transformar valores, creencias y conductas. Tenemos que trabajar la cultura del agua para que la población nos ayude precisamente a ser un mejor sistema y hacer un mejor uso del agua, a lograr la gobernabilidad y seguridad hídrica”, insistió Val en la mesa de discusión Desafíos en la Gobernanza del Agua frente a la Seguridad Hídrica, como parte del seminario.
Manuel Perló Cohen, académico del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que tenemos un serio problema en la gobernabilidad de este recurso, que puede entenderse como la falta de capacidad para solucionar conflictos.
México, prosiguió, se ha estancado en la ampliación de los servicios de agua y drenaje; hay desconfianza entre los diversos actores involucrados en el tema y la legislación actual no es un instrumento que ayude a dirimir los problemas. Sin embargo, consideró que la propuesta de crear una nueva Ley de Aguas Nacionales abre la posibilidad de avanzar hacia una nueva gobernabilidad: crear nuevos acuerdos, negociaciones y esquemas.
Con él coincidió María Luisa Torregrosa y Armentia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, al exponer que en las últimas tres décadas se han registrado mil 542 conflictos por el agua en el país. Al principio eran demandas de infraestructura y ahora se relacionan con la gestión del líquido.
María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sostuvo que no puede alcanzarse el desarrollo sostenible sin seguridad hídrica y para ello es necesaria una autoridad en el tema del agua, que gobierne con la confianza de que lo hace bien y que sus actos sean jurídicamente fundados y motivados.
Requiere también contar con información certera para la toma de decisiones, pues en el actual marco legal no concuerdan los acuíferos con los estados o municipios, o las cuencas con los acuíferos. “Ante la inexistencia de una delimitación clara de competencias, estamos en un problema importante”, remarcó durante la inauguración del seminario.
