El secretario de Medio Ambiente, Víctor M. Toledo reiteró el compromiso del Gobierno de México de no permitir el fracking por considerarla una tecnología dañina y aseguró que ya se trabaja con el Legislativo para que quede prohibida esta práctica en nuestro país.
Luego de inaugurar el Foro Fracking en México: “fantasía o realidad”, el secretario de la Semarnat dijo que ante las inquietudes que genera este tema, la dependencia que encabeza abrió este espacio de información y análisis, pues uno de los ejes de la política ambiental de esta administración es la participación ciudadana para la toma de decisiones.
Para la Secretaría, la soberanía económica sustentada en gran parte en la producción petrolera debe estar acompañada por una estrategia alternativa: la de una transición energética que conduzca al país a metas significativas de reducción de emisiones y transformación y regeneración de los hábitats y ecosistemas, en el entendido de que el recurso energético petrolero no es un recurso renovable y ya tiene un ciclo relativamente corto en sus posibilidades y en sus condiciones extractivas.
En su intervención, Claudia Campero y Aroa de la Fuente, integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo de más de 40 organizaciones en varios estados de la República, solicitaron a las autoridades del Gobierno de México detener el fracking mediante un decreto de suspensión, ya que, aunque la palabra del Ejecutivo Federal es no permitirlo, en la práctica sigue vigente.
“No hemos quitado el dedo del renglón y no lo haremos, requerimos del ejecutivo acciones claras que lleven al cumplimiento de este compromiso. En cada una de las Cámaras hay tres iniciativas de prohibición del fracking presentadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019 y ninguna ha sido discutida. Es urgente que el Congreso cumpla con su mandato de velar por el pueblo mexicano”, insistió.
Por su parte, Alberto Arévalo Villagrán, director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, aseguró que actualmente la dependencia lleva a cabo la evaluación solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para ampliar los elementos que permitan identificar la participación que deben guardar las rondas de licitación.
Enfatizó que la posición de la Secretaría de Energía respecto de nuevas rondas de licitación se mantendrá de conformidad con el Plan Nacional del Gobierno de México y los resultados que se obtengan de la cifra de evaluación serán considerados para aportar al presidente de la República mayores elementos de decisión para constituir el desarrollo energético del país.
Roberto Ochandio, experto argentino en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking, señaló que la experiencia internacional es negativa, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, donde nació esta técnica, y donde más se ha implementado. “Hay múltiples estudios independientes que demuestran el problema del fracking en todos sus aspectos: fracturación de pozos, contaminación del agua, contaminación del aire, etcétera”.
En el caso de México “hay cientos de miles de pozos abandonados por la actividad de Pemex y cuando venga el fracking habrá muchos más de éstos que requerirán remediación”, expuso.
José Guadalupe Galicia, director general de Asuntos Legislativos de la ASEA, indicó que la Agencia aunque es neutral tiene la obligación de evaluar los riesgos. Comentó que las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra, fueron articulados con piezas regulatorias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional del Agua, atendiendo las recomendaciones del Centro Mario Molina y considerando también la experiencia sobre el tema de la Agencia Internacional de Energía.
En tanto, Agustín Breña Naranjo del IMTA, al explicar sobre los impactos hídricos del fracking en zonas áridas, señaló que las dos terceras partes de cuencas geológicas con reservas de gas se encuentran en Tamaulipas y Nuevo León, regiones con alta escasez de agua. De aprobarse el fracking alertó, las regiones donde se incrementaría el estrés hídrico de forma importante es en el oeste de Coahuila, al sur de Monterrey y en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos.
Al detallar los impactos de la exploración de recursos no convencionales en Nuevo León, el biólogo Antonio Hernández explicó que hay una correlación entre la apertura de pozos y la sismicidad en la ciudad de Monterrey, además alertó sobre el problema de la falta de agua en varios municipios y el abandono de pozos con fugas en el estado que a pesar de haberlas reportado a la ASEA y a la Profepa, ninguna autoridad resolvió el problema.
Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan, aseguró que en su región sí existe el fracking. Comentó que en 2010 cuando llegó a Papantla, los pozos estaban en todos partes, al lado de su casa, de la escuela de sus hijos, de las clínicas y con actividad constante. “Fue una realidad que vivimos las personas” y con los múltiples riesgos como la contaminación de arroyos, manantiales y pozos, además de la contaminación del aire y la tierra con su impacto a la agricultura y a la salud de las personas.
Por su parte, Kjell Kühne de Leave it in the Ground Initiative explicó la importancia de mantener bajo tierra los combustibles fósiles para evitar mayor calentamiento global. Afirmó que de decir no al fracking, se dejarían gigas toneladas de CO2 bajo tierra, esto representaría 100 veces más de lo que México ha comprometido en su contribución nacionalmente determinada en el combate al cambio climático.
Durante su participación, Jesús Peña Palacios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que este organismo ha realizado una serie de recomendaciones al Estado mexicano entre las que destacan la necesidad de llevar a cabo con urgencia investigaciones independientes sobre los efectos al medio ambiente y a la salud de los proyectos de desarrollo, de las actividades industriales y comerciales, y el uso intensivo de plaguicidas, haciendo hincapié de la contaminación de las fuentes de agua.
Como ven, dijo hay trabajo para avanzar en la agenda de derechos humanos, por lo que desde su competencia se seguirá acompañando estos procesos para que haya una real implementación de los estándares y recomendaciones en la materia, finalizó.
