El flagelo del hambre en México afecta a alrededor de 29 millones de personas, que no tienen ingresos ni para comer, afirmó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, quien subrayó la necesidad de erradicar este mal.
La población mexicana —añadió— que no tiene recursos para adquirir una canasta básica aumentó en los últimos años casi al 40 por ciento; es decir, viven en pobreza alimentaria, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al participar en la reinstalación del “Frente Parlamentario Contra el Hambre”, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) también promovente, señaló que en México 80 por ciento de los pueblos indígenas están en pobreza extrema y desnutrición. “Cómo es posible que los productores rurales de este país sean la clase social más necesitada donde dos de cada ocho mexicanos están mal alimentados, porque vivimos una nueva colonización”.
Dijo que este modelo alimentario prácticamente está encadenado con una profunda organización desde el campo, comercialización, gobierno, leyes y secretarías. Hoy debemos reflexionar si este frente que vamos a formar realmente tiene el compromiso y la capacidad de convertir en leyes, programas y políticas de Estado las necesidades de una salud basada en una alimentación sana.
Son muchos los intereses económicos y este frente tendrá que impulsar con valor, decisión y coordinación junto con las instituciones para que los programas que se respaldarán tengan la oportunidad de que los campesinos puedan tener espacios en los mercados, agregó.
Dolores Padierna señaló que “es relevante impulsar acuerdos y generar procesos de diálogo entre parlamentarios, gobierno, organizaciones civiles y sector privado, con el fin de alcanzar la soberanía alimentaria en el menor tiempo posible, elevar la producción en el campo, así como aprovechar toda la tierra productiva y fértil”.
Subrayó que México tiene problemas muy profundos por atender, como pobreza, malos hábitos alimenticios, pérdida de nuestra soberanía alimentaria, así como irrupción de transnacionales de alimentos chatarra, porque todo eso ha dado lugar a fuertes problemas de salud en grandes sectores poblacionales que padecen desnutrición, sobrepeso y obesidad.
Recordó que en 2011 se promulgó la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación; sin embargo, hasta ahora se tienen políticas públicas que tienden a garantizar ese derecho humano.
El hambre y la pobreza son resultado de modelos desarrollistas, concentradores de la riqueza y depredadores de la naturaleza. Los millones que padecen deficiencia alimentaria derivan de un modelo que, por fortuna, en México se acerca a su fin”.
También es objetivo del gobierno inyectar fuertes recursos al campo, créditos blandos, fertilizantes, precios de garantía; quitar o regular la intermediación. Todo eso va a elevar la producción de alimentos hasta eliminar las importaciones absurdas que hoy cuestan miles de millones de pesos al año.
Subrayó la importancia de avanzar en el proceso de construcción, discusión y aprobación de legislaciones, políticas públicas y presupuestos relacionados con la alimentación adecuada, nutritiva y de calidad, y la atención de los compromisos con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
Los legisladores, recalcó, “tenemos la responsabilidad de impulsar leyes y presupuestos que garanticen el derecho a la alimentación, que la alimentación sea adecuada, saludable y suficiente, que haya una educación alimentaria y a lograr la meta de hambre cero en México”.
Agregó: debemos impulsar acuerdos, generar procesos de diálogo entre parlamentarias y parlamentarios, entre gobierno, organizaciones, el sector privado, para erradicar el flagelo del hambre en nuestro país.
Garantizar el derecho a la alimentación, saludable y suficiente, promover una agricultura sostenible, avalar el derecho a la alimentación, continuó, son los retos de esta mesa de trabajo y en los que debemos trabajar en todos los frentes posibles.
Consideró importante lograr la autosuficiencia alimentaria, e incluso, obtener superávits de producción para exportar alimentos a otros países y que así “el campo mexicano no dé tristeza, sino que sirva para dar bienestar para los millones de mexicanos que viven en las zonas rurales de nuestro país”.
Mencionó que el Frente Parlamentario Contra el Hambre, impulsado por la FAO, busca promover leyes que garanticen el derecho a la alimentación; elaborar marcos legales para institucionalizar la lucha contra el hambre de manera eficaz; asegurar los presupuestos nacionales que se enfoquen a la desnutrición crónica infantil y a la malnutrición.
Por su parte, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, manifestó que el sistema de agricultura vigente es un “modelo de muerte”, por lo que el reto es construir un nuevo esquema alimentario y nutricional justo, saludable y sustentable.
Antes, dijo, había condiciones que impedían la materialización del derecho a la alimentación, que era el predominio del sistema neoliberal en la agricultura, por el hecho de que las instituciones públicas estaban capturadas por los intereses corporativos.
Ahora, continuó, con la decisión del pueblo mexicano, el país está encauzado hacia un nuevo proyecto de nación, y con las condiciones que permitirán, ahora sí, hacer efectivo el derecho constitucional a la alimentación y al resto de los derechos concomitantes para el bienestar de las personas.
Aseguró que las decisiones ya no estarán permeadas, como antes, por los intereses del capital agroalimentario transnacional, sino por los de la gente, y poniendo en el centro el bienestar y los derechos de la ciudadanía.
Estimó que es momento de juntar las fuerzas del Congreso de la Unión, del gobierno de la Cuarta Transformación, la sociedad civil y de los movimientos sociales para hacer efectivo el derecho a la alimentación y poner fin al hambre y la desnutrición.
Planteó que en el Plan Nacional de Desarrollo se incorpore un capítulo especial para lograr un nuevo sistema alimentario. “Desde la secretaría ofrecemos toda la disposición para colaborar junto con los parlamentarios, con el objetivo de construir este nuevo sistema alimentario y nutricional justo, saludable y sustentable”.
El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Crispim Moreira, comentó que el principal objetivo es mejorar significativamente las condiciones de vida.
“Como parte del Estado mexicano, las y los diputados y senadores son responsables de garantizar sistemas alimentarios que proporcionen alimentos saludables, nutritivos y que sean accesibles para todos”.
Indicó que se necesita una buena gobernanza y legislación específica para promover la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y este frente va a jugar un papel fundamental para que México logre transformaciones concretas. Por ello, la FAO estará presente y será aliado para acompañar técnica e institucionalmente el frente parlamentario.
La lucha contra el hambre y las formas de malnutrición debe estar siempre en el más alto nivel de las agendas políticas legislativas. “Yo confío que los mexicanos van a demostrar que es posible un mundo sin hambre ni pobreza, un mundo con agricultura soberana”.
En su turno, Abelardo Ávila Curiel, director de Nutrición del Instituto Nacional del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán”, afirmó que en México se gastan 265 mil millones de pesos para paliar los efectos de le epidemia de sobrepeso y obesidad, lo cual representa la mitad del gasto en salud.
Esos recursos, subrayó, que “no alcanzan para financiar las diálisis de la población en situación de pobreza”, no son para curar, sino para paliar insuficientemente el daño a la salud.
Además, hay que considerar el costo del daño ambiental y su impacto en la fuerza laboral. “Es inimaginable, nos lleva a dimensiones catastróficas”. Se pronunció por reconstituir el sistema alimentario e impulsar legislaciones adecuadas para enfrentar esta situación.
En el ámbito legislativo, consideró que hay mucho por hacer. Debe ser un esfuerzo técnico de legislación que nos dé un marco jurídico justo que permita ejercer en plenitud el derecho a la alimentación.
En su intervención, la representante de la Alianza por la Salud, Katia García Maldonado, planteó establecer medidas dentro de la política integral y en el programa nacional de desarrollo para combatir la malnutrición, como el garantizar que se haga obligatoria la presencia de agua potable gratuita en todas las comunidades, particularmente en las escuelas y espacios públicos; que en los planteles educativos existan únicamente alimentos y bebidas saludables; proteger a la infancia de la publicidad que promueve malos hábitos de alimentación.
También crear un etiquetado claro y obligatorio para todos los alimentos y bebidas ultra procesados que existen en el mercado y que indique de manera clara y sencilla cuando un alimento o bebida contiene altas cantidades de azúcares, grasas o sal; así como impulsar una campaña nacional de orientación alimentaria permanente que acompañe todas estas medidas.
“Estamos comprometidos a trabajar en coordinación para demandar el reconocimiento del derecho a la salud, alimentación y agua que tenemos todas y todos los mexicanos, y con esto implementar de manera urgente una política integral para el combate al sobrepeso, obesidad, diabetes y malnutrición de manera general”, agregó.
Al hacer uso de la palabra, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Barrales Domínguez, expuso que México es de los países que más recursos destinan al campo con los menores impactos en la producción de alimentos. Por ello es necesario impulsar seriamente a la agricultura, y si se destinan muchos recursos económicos a esta actividad, evaluar su calidad y volumen. Indicó que para lograr la soberanía alimentaria se debe producir el maíz en el país y no importar el 40 por ciento de lo que se consume.
Manifestó su preocupación, ya que “en 2050 el control de los alimentos lo tendrán seis empresas transnacionales y la diversidad alimenticia se centrará en lácticos. Por ello se pronunció por impulsar legislaciones que atiendan al campo.
Enseguida, el coordinador del Programa Universitario De Alimentos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Labastida Villegas, expresó que en próximos días se presentará el Plan Nacional de Desarrollo (PND), una oportunidad para que figure un planteamiento con la necesidad de implantar una política alimentaria amplia, completa, coordinada e integral de alimentación, en todas las fases de la cadena, desde la producción hasta el consumo. “En cada eslabón hay problemas enormes que se deben enfrentar, por eso debe ser coordinada desde el más alto nivel del poder”.
Fuente: Sader
