México da primer paso vs el uso de agroquímicos altamente peligrosos
Para nadie es un secreto la ola de daños a la salud humana, a los derechos humanos de comunidades indígenas, a las abejas y al medio ambiente, que ha dejado el uso de agroquímicos altamente peligrosos en México, por lo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptada por dependencias federales es un primer paso para frenar su uso, que se sigue dando en los campos agrícolas del país.
En la recomendación la CNDH exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a cumplir con los tratados y convenios internacionales y a emitir lineamientos para prohibir o regular el uso de agroquímicos.
También les convoca a armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado en los Convenios de Estocolmo, Róterdam y el Protocolo de Montreal, así como por organismos internacionales, como la FAO, la OMS y la Red de Acción en Plaguicidas.
La respuesta gubernamental se dio en un comunicado conjunta de las cuatro dependencias referidas, quienes manifestaron “su propósito de atender puntualmente el contenido de la recomendación emitida por la CNDH y darle cabal cumplimiento, de acuerdo con la política del Gobierno de México de respeto irrestricto y promoción de los derechos humanos, en el marco del Estado de Derecho vigente”.
En el documento aceptan la Recomendación 82/2018 emitida por la CNDH “por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general”. También aceptan velar “por el goce y el ejercicio de los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, un medio ambiente sano y a la salud”.
El comunicado señala que las dependencias “ejecutarán las acciones de planeación, coordinación, regulación, colaboración y capacitación que derivan de dicha recomendación” y así dar cumplimiento a ésta, por lo que acordaron la conformación del Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (CEIIEAPAP).
Organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la cooperativa de apicultores U Lol Che se congratularon de la recomendación de la CNDH) y la aceptación de la misma por parte de las dependencias involucradas.
“Celebramos esta recomendación de los Derechos Humanos, como un primer paso para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que forman parte del sustento económico y de vida de miles de familias en la Península de Yucatán y de las y los agricultores, apicultores, ejidatarios y campesinos que se han visto afectados por la utilización desmedida de plaguicidas prohibidos en otros países, pero tolerados en México y, peor aún, fomentados por las instancias gubernamentales”, afirmó Luis Alberto Cauich, secretario de la cooperativa de apicultores U Lool Che, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.
La recomendación, recordaron, fue emitida el 26 de diciembre del 2018 y difundida este 9 de enero, reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud.
Con esta se “marca un precedente en materia de los derechos humanos, a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la Península de Yucatán y de México, es resultado de la voluntad, organización y valentía de 43 ciudadanas y ciudadanos que presentaron diversos escritos ante el organismo, entre julio y agosto de 2017”, mencionó Sara Cuervo, coordinadora de la oficina del CCMSS en la Península de Yucatán.
Las personas denunciaron actos y omisiones en perjuicio de la población en general, por el incumplimiento de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, en relación con la falta de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas, para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos, lo que afecta directamente los derechos humanos de las y los residentes.
También señalaron la ausencia de una definición jurídica de esos agroquímicos y plaguicidas, lo que implica la inexistencia de las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento del principio de sustitución, que exige el reemplazamiento de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes.
Otro elemento denunciado fue que en México existen registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales debidamente ratificados por nuestro país, y sustancias que ya han sido prohibidas en otras naciones, lo que vulnera el principio precautorio.
Añadieron que al no hacerse pública la información respecto a la utilización de dichas sustancias y sus efectos en la alimentación, la salud y el medio ambiente, se vulneró el derecho humano al acceso a la información.
Y finalmente, mencionaron que, al no contar con la normatividad apropiada en la materia, se carece de un control efectivo de las sustancias peligrosas activas de los plaguicidas, lo que incide en la inocuidad alimentaria, vulnerándose con ello, también los derechos humanos a la alimentación y a la salud.
Todo lo anterior, de acuerdo con información del CCMSS se compiló en la queja CNDH/6/2017/5373/Q. El organismo abrió una investigación que confirmó lo denunciado, confirmando que la omisión de las autoridades para no restringir el uso de agroquímicos ha provocado daño a la salud de personas y ecosistemas, con enormes y costosos impactos económicos y afectación a la calidad de vida de la gente.
