El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, manifestó que en el presupuesto propuesto por el Ejecutivo federal para 2020 hay un “foco rojo” es el monto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Durante el parlamento abierto para el análisis del PEF-2020, el legislador anotó que “hay que impulsar al sector agrícola, porque tiene una reconfiguración y disminución en el presupuesto. Veremos qué se puede corregir, pero no podemos incrementar los recursos para seguir haciendo lo mismo que antes”, comentó.
Por ejemplo, señaló, se debe corregir el sistema de comercialización que es totalmente obsoleto, donde el sujeto principal es el industrial y no el pequeño y mediano productor.
Ramírez Cuellar destacó que una manera de captar más recursos es gravar el alcohol y el tabaco; se pretendía recaudar más para invertir en salud, educación, infraestructura y en el campo, pero no se quiso, lo que restringió ingresos en 30 mil millones de pesos para el próximo año.
Por otro lado, aseguró que es una mentira, es politiquería, decir que se quería gravar el uso del agua. “Hoy el uso del líquido paga cero y así iba a continuar. Lo que se quería era que los excedentes del agua concesionada pagaran una cuota mínima para invertir en infraestructura hidroagrícola”.
Sin embargo, dijo, “protestaron los millonarios, porque el pequeño productor, de hasta 90 hectáreas, estaba protegido. Protestó quien se roba el agua, verdaderas mafias que se han enriquecido. Gente salió a protestar: Bachoco, Bosco de la Vega (presidente del Consejo Nacional Agropecuario), y beneficiarios eternos”.
“Fue politiquería de diputados o senadores que se entregan a los brazos de los millonarios, pero continuaremos la lucha para que no haya robo en el agua. El líquido debe permanecer gratuito en la agricultura; no debe pagar un solo centavo el agua concesionada, sólo el que se exceda debe pagar algo para invertir en tecnificación”.
El diputado Ismael Hernández Deras (PRI) dijo que el gobierno federal y el Legislativo tienen la responsabilidad de escuchar y atender los requerimientos de aquellos sectores que impacten de manera positiva al agro.
Dijo que el recorte a la secretaría encargada de la agricultura en este país es de 50 por ciento, lo que limitará la producción y no garantiza la soberanía alimentaria. “Hay riesgos por los graves recortes a los programas productivos en la ganadería y la pesca”.
El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) resaltó que la Cámara de Diputados tiene clara su responsabilidad para que el presupuesto se diseñe de forma equitativa, toda vez que en el pasado su distribución promovió la generación de más pobres.
Enfatizó que la premisa fundamental de esta administración es detonar el crecimiento económico e impulsar un superávit primario que permita enfrentar la deuda pública. .
El investigador del Colegio Mexiquense, Henio Gonzalo Millán Valenzuela, subrayó que se ha involucionado en materia tecnológica y eso merma el avance económico.
Lo que requiere el país es inversión pública en innovación; no obstante, nuestro sistema educativo es una extensión del sistema político, que está diseñado para gestar orden y gobernabilidad, no para brindar enseñanza”.
De la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Jorge Alejandro Ugalde advirtió que los programas implantados por el gobierno federal están orientados a lo social y no a lo económico. “Están confundidos y piensan que las asociaciones dispersan recursos, pero no es así”. Añadió que se desmantelan programas relevantes para impulsar a esta actividad primaria.
El presupuesto, agregó, desmantela programas de inocuidad, lo cual es grave por la importación de animales de Centroamérica, que causa riesgos sanitarios para México.
Por su parte, Juan Carlos Moreno Brid, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional respecto de impulsar políticas fiscalizadoras contracíclicas y no monetarias, dado que el panorama externo es de recesión.
Destacó que cuando la economía pierde impulso es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda diseñar mecanismos que compensen los afectos adversos; es decir, que gaste más y con ello fomentar la estabilidad monetaria. “Sin crecimiento no hay empleo ni productividad”.
Advirtió que una política fiscal mal ejecutada retrasa el crecimiento, detiene la inversión y genera problemas para mantener la sostenibilidad de la deuda.
El representante de la Finca Agraria, José Refugio Perusquia Nieves, resaltó que en este presupuesto inició una política de reducción de apoyo a este sector. “Ha habido una estigmatización por las organizaciones del campo, que se roban los recursos, pero no todas somos así”, y solicitó reconsiderar estas medidas.
El director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Octavio Enrique Jurado Juárez, manifestó que como representante de los gobiernos estatales dan la bienvenida al Plan Nacional de Desarrollo en la materia, porque plantea una diferencia regional, apoyo al pequeño productor; empero, “vemos un tema de riesgo, ingobernabilidad e inconformidad social por el actual proyecto presupuestal”.
