Solo 13 de cada 100 personas cuenta con cobertura de seguridad social por el trabajo del campo. Lo anterior significa que una población rural de alrededor de 24.5 millones de habitantes no cuenta con cobertura social en las comunidades rurales, señaló el Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos
En un comunicado, el organismo hizo un “llamado urgente” al gobierno federal para enfrenta la etapa post COVID-19 con un Acuerdo nacional de seguridad social en el medio rural ajeno al asistencialismo a fin de avanzar en el reconocimiento de derechos básicos universales en materia de ingreso, salud, vivienda, educación, pensión y recreación para la población que habita en el campo mexicano.
En este sentido, el conglomerado de organizaciones campesinas sostuvo que derechos como protección por riesgos de trabajo; seguros de invalidez, de vida; de vejez o por enfermedad, maternidad o cesantía, son prácticamente desconocidos para campesinos e indígenas a pesar de ser un sector estratégico para la economía del país. Su realidad: “se enmarca en la pobreza, el estancamiento social, la marginación y la ausencia de oportunidades para integrarse al desarrollo de la nación”.
Luis Gómez Garay, líder de UGOCP y miembro de dicho sostuvo que a pesar de que la población económicamente activa en el medio rural llega a ser mano de obra barata se le considera, al ser contratada, como eventual; de ahí que la seguridad social para más de 3.5 millones de ejidatarios y 5.5 millones de jornaleros agrícolas tenga un carácter excluyente.
Al participar en el Foro virtual “Hacia un Acuerdo Nacional para Enfrentar la Crisis”, organizado por la Unión Nacional de Trabajadores expuso que los jornaleros agrícolas al ser excluidos de la seguridad social se exponen a más abusos, los cuales van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas superiores a las ocho horas, no reciben materiales y equipo de protección para realizar su trabajo, pero además viven en condiciones deplorables de hacinamiento en viviendas precarias, bodegones o galeras que usualmente les alquilan quienes los contratan.
Los jornaleros agrícolas viven en condiciones de explotación laboral que recuerdan los tiempos del Porfiriato y en pleno abandono por parte del gobierno federal el cual desapareció programas focalizados para este sector y las autoridades laborales miran hacia otro lado.
La supuesta atención en materia de seguridad social en el campo es desarticulada, con un enfoque asistencial, de acuerdo a los vaivenes del presupuesto y por lo tanto modificables a las modas sexenales.
Luis Gómez Garay sostuvo que para la mayoría de los trabajadores rurales, los beneficios de la seguridad social articulada como un derecho laboral es una aspiración incumplida ya que el IMSS afilió a los trabajadores de los campos agrícolas pero les niega derecho a la atención médica a sus familiares directos
Así que ante la pandemia la situación se agrava en el medio rural y ello sin considerar el impacto económico actual con dos millones de empleos formales perdidos en menos de tres meses; alrededor de 10 millones de empleos perdidos en el sector informal de la economía así como miles de micro y pequeñas empresas que no resistirán la recesión Post-Covid.
De tal suerte que reactivar la economía mexicana requiere de la unidad de los mexicanos en un solo objetivo: reimpulsar infraestructura económica para revertir la brutal caída en los ingresos de la población la cual, durante meses, ha soportado la parálisis, el confinamiento y la reducción del mercado interno ante la pérdida de los ingresos.
