Desaparición de fideicomisos absorbe 27 mil mdp del sector rural mexicano

El Pleno del Senado de la República dio su aval para extinguir 109 fideicomisos, que implica una bolsa de 68 mil millones de pesos (mdp), de los cuales 27 mil millones corresponde a cinco fondos que involucran al sector rural.

Tan sólo en el fondo de la Financiera Rural hay 12 mil mdp y, al igual que muchos fideicomisos, generará un impacto negativo para productores, porque no hay garantía de contar con esos recursos, dado que al momento que se trasladen a la Tesorería de la Federación (Tesofe) vuelven a estar sujetos a la negociación presupuestaria y al vaivén político que se tiene año con año, señaló la directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Haydeé Pérez Garrido.

Este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular, con 64 votos a favor y 39 en contra, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales, con el objetivo de eliminar 109 fideicomisos, entre los que se encuentran otros vinculados con el sector rural: Desastres Naturales, Fondo Minero, Cambio climático y Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

De acuerdo con el documento, ”los ingresos excedentes se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la pandemia generada por la enfermedad Covid-19, incluyendo, en su caso, la obtención de la vacuna en el número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización del balance fiscal federal”.

El dictamen refiere que un estudio de Fundar reveló que 93 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos, es decir, 905 mil mdp no cuentan con controles de vigilancia. Dicho monto, equivale al 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. Además, 60 por ciento de las solicitudes de información sobre el uso de los recursos en fideicomisos no son respondidas o los datos son declarados como reservados o inexistentes.

Menciona que existen 140 fideicomisos públicos federales administrados por instituciones bancarias privadas, “que manejan un monto de 68,123 mdp, de los cuales, 63,293 mdp están concentrados en cinco instituciones privadas”.

Pese a la oposición de diversos organismos y legisladores, el Pleno de la Cámara Alta desechó todas las reservas a la minuta que fueron presentadas. La Mesa Directiva remitió la minuta con proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Al presentar el dictamen, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que con esta reforma se permitirá una bolsa superior a los 68 mil mdp para atender los efectos de la pandemia. Dejó en claro que no se acabarán los apoyos dirigidos a diversos sectores de la población.

Indicó que en el periodo 2000-2018 se aprobaron leyes de ingresos de la Federación que en su conjunto significaron una fuente de saqueo de 3.8 billones de pesos, los cuales no se acreditaron, “pero sí se destinaban a fideicomisos públicos en 70 por ciento”.

Así, acusó, nace en México el sistema de saqueo fiscal y presupuestal que se crea con los fideicomisos públicos y que generó una industria con empresas fantasma que en ese periodo emitieron 9 millones de facturas apócrifas. El legislador de Morena aseguró que con esta reforma “concluye hoy esa fase de saqueo en el país” y “se acaba el arte de desaparecer el dinero público”.

En la discusión en lo particular, el senador Ovidio Salvador Peralta Suarez, de Morena, indicó que,

se busca acabar con el arte de desaparecer el dinero público, ya que en los dos últimos sexenios se calcula un boquete de 32 mil millones de pesos, que simplemente no llegaron a quien deberían y se quedaron en unas cuantas manos”, agregó.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán denunció que la desaparición de los fondos y fideicomisos significa acabar con la posibilidad de construir alternativas a la violencia, a la ciencia, la cultura, el campo, el auxilio a desastres naturales, entre otros temas sensibles. Las víctimas ocupan los recursos de estos fondos para reparar los vacíos del Estado que permitieron que sus familiares desaparecieran, por ello, acusarlos de corrupción es insensible e inhumano, sentenció.

Marybel Villegas Canché, de Morena, acotó que acabar con la opacidad de estos mecanismos es poner fin a la corrupción en fondos como el de desastres naturales, que tiene un pasivo de 21 mil mdp, muy por encima de sus activos que ascienden a sólo seis mil millones y que representó por muchos años “un botín y caja chica para los gobernadores”.

El senador Antonio García Conejo, del PRD, manifestó su reconocimiento y apoyo a las y los afectados, quienes dejarán de recibir apoyos por la cerrazón de los que han mantenido la mayoría en ambas cámaras y que, por querer tener a su favor los recursos, buscan desaparecerlos. Lamentó el daño que significa la aprobación de este dictamen a la población más vulnerable como ex braceros, adultos mayores e investigadores.

De la fracción parlamentaria del PRI, la senadora Verónica Martínez García acusó al grupo mayoritario de cumplir una vez más “una orden presidencial”. Quieren, señaló, aprobar sin diálogo, sin consultar a los afectados ni escuchar sobre los efectos que tendrá una decisión de este calado.

El senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, pidió a los colectivos que se manifiestan en contra de la desaparición de los fideicomisos que “no se equivoquen”, pues el Presidente de la República está con ellos y va cumplir con su palabra como lo ha hecho hasta ahora.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la bancada del PRI, señaló que lo que se está debatiendo le interesa a la gente, ya que tiene impacto en cientos de miles de familias en territorio nacional. La senadora dijo entender lo que es la disciplina de partido y la lealtad a un proyecto, sin embargo, señaló que existen momentos en que se debe disentir y actuar como representantes de los intereses de la ciudadanía.

El senador Armando Guadiana Tijerina, de la mayoría legislativa, afirmó que en los fideicomisos hubo corrupción y han abusado de ellos, por lo que deben desaparecer salvo algunas excepciones. Además, denunció que la mayoría de los fideicomisos privados se crean para evadir impuestos, por lo que consideró necesario revisar esta problemática.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama dijo que la figura de los fideicomisos fragmenta el gasto público, incentiva el subejercicio, permite esconder presupuestos no ejercidos, además de que ayuda a guardar recursos que no se gastan en años y facilitan la desviación de dinero para otros fines. Como poder legislativo vigilaremos que se ejecute con puntualidad, apuntó el legislador de Morena.

En su oportunidad, el senador del PAN, Raúl Paz Alonzo expresó que

es necesario hacer un estudio y análisis de la situación para tomar las decisiones adecuadas y conservar a los fideicomisos que son útiles para fines de interés público y asimismo fortalecer la transparencia y el control de los restantes, “pero sólo les interesa sumar más dinero para el manejo discrecional del Poder Ejecutivo”.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo García aseguró que esta discusión no tiene nada que ver con la corrupción, porque la razón para quitar los apoyos a las víctimas del delito, a la ciencia, cultura, educación, al arte, medio ambiente, a los derechos humanos es una vil mentira, porque este gobierno no combate la corrupción, la solapa.