Etiquetado frontal en alimentos: asunto de salud pública y económica vs interés privado
Los industriales mexicanos manifiestan su inconfomidad porque la NOM-051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas les costará 6 mil millones de pesos y amagan con recurrir a instancias internacionales para revertir la medida; la epidemia de sobrepeso y obesidad –en gran parte generada por el consumo de estos productos conocidos como “chatarra”– le cuestan a México 1.3 billones de pesos, 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB), según un dato reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estamos ante un debate entre el gran capital, los grandes negocios y las ganancias de las empresas versus un asunto de salud pública y económica de México que cuesta al erario público e incluso –como advierte la OCDE– reduce la expectativa de vida de los mexicanos en más de cuatro años.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, manifiestan su inconformidad ante dicha norma y el organismo considera que las autoridades de las secretarías de Economía y la de Salud impusieron “un etiquetado que no resolverá el problema de salud que sufre México sino, por el contrario, resultará en menor información disponible para los consumidores”.
Los empresarios acusan que a pesar de la consulta sobre la NOM-51, “las autoridades desestimaron la opinión y evidencia científica presentada por cientos de organizaciones y el sector privado que participaron en la consulta pública” y no se atiende el problema de salud de manera integral”.
En contraste, las organizaciones de la sociedad civil expusieron en un comunicado que el grupo de trabajo para la modificación de la NOM- 051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas inició sus trabajos desde el 14 de agosto de 2019 con la participación de todos los sectores, incluida la industria, y “los registros de asistencia harán notar que más del 60% de los asistentes fueron miembros de este sector. Se lograron consensuar más del 98% de los numerales entre todos los sectores. Queda constancia de este consenso en las actas firmadas al final de cada una de las sesiones”.
La crítica al nuevo etiquetado de advertencia por parte del sector empresarial es similar a la que desarrollo en Chile y en Perú. Es una historia ya muy bien conocida”, señaló Ana Larrañaga, coordinadora de la coalición ContraPESO.
Subrayó que “en todos los países en los que esta medida ha sido impulsada, los gobiernos y organizaciones se han enfrentado a una industria que desconoce por completo la evidencia científica y busca imponer a toda costa sus intereses privados por encima de la salud poblacional. México sí escuchó a todos los sectores, pero se tuvo claro que la prioridad debería ser beneficiar a los consumidores”.
Por su parte, el CCE insiste en que un etiquetado frontal debe advertir en forma clara y verazmente de las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio; informar con datos precisos sobre sus contenidos específicos, sólo así el consumidor podrá comparar entre productos; incentivar la reformulación y la reducción del tamaño de las porciones; basarse en evidencia cientñifica y ser congorente con el marco jurídico nacional e internacional.
Los empresarios recalcan que las autoridades responsables del
proceso de normalización no tomaron en cuenta la información técnica propuesta por los productores del campo, pequeños y medianos empresarios, asociaciones de pacientes, nutriólogos y profesionales de la salud, la Comisión Federal de Competencia Económica, los gobiernos y productores de socios comerciales internacionales, además de especialistas en propiedad intelectual, entre otros.
Estas mismas preocupaciones han sido compartidas por Estados Unidos, Suiza yla Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Tampoco –consideran– se tomaron en cuenta los efectos que tendrá para el mercado interno esta medida que afectará la mayoría de los productos que se ofrecen en las tiendas Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y que satisfacen las necesidades alimentarias básicas de las poblaciones más vulnerables del país, incluidas las de más difícil acceso.
Para el dirigente de El Poder del consumidor, Alejandro Calvillo, “la industria de alimentos y bebidas se acostumbró a tener la complicidad de las autoridades de Economía, Salud y Cofepris para establecer su propio etiquetado frontal como obligatorio sin grupos de trabajo; para establecer una regulación de la publicidad dirigida a la infancia, que resulto en una simulación -no contempla los programas y horarios de mayor audiencia infantil-, y para que no se implementara una verdadera regulación para alimentos y bebidas en escuelas. La oposición a este nuevo etiquetado era previsible, como lo han hecho en el pasado en otras naciones y en nuestro propio país”, declaró
Según las organizaciones no gubernamentales, el proceso de modificación de la NOM-051 fue cuidadosamente llevado, de forma que todos los asistentes pudieran participar. En este proceso, coincidieron en la propuesta de modificación, las instituciones gubernamentales, los institutos de salud, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los organismos de Naciones Unidas (OPS y UNICEF) y las asociaciones civiles libres de conflicto de interés.
Hacen hincapié en que la postura de la industria contra las regulaciones que afectan sus intereses se evidenció en México desde 2009-2010 cuando públicamente se opuso a la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, habiendo estudios que demostraban que la ingesta de calorías al interior de los planteles escolares era un factor en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad entre los niños. La industria envío sus comentarios a la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señalando, como lo hicieron diversas asociaciones empresariales y empresas, que se trataba de una medida anticonstitucional. Fue entonces, que modificando los criterios originales de la regulación, entró la “microchatarra” a las escuelas, con la complicidad de dicho organismo.
Ante este debate, cabe recordar lo que el propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, subrayó hace unos días cuando señaló que es “alarmante” lo que el sobrepeso y obesidad esta generando en México, donde, junto con enfermedades derivadas, “tendrán el impacto más grande en su crecimiento económico”.
