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Extinción de fideicomisos afectaría financiamiento para agro

Preocupa a legisladores y FND iniciativa sobre extinción de fideicomisos; impactaría al sector agropecuario.

La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), se reunió de manera virtual con el director general de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro), Javier Delgado Mendoza, quien reconoció que el decreto presidencial del 23 de abril, sobre las medidas de austeridad, sí afecta al sector agropecuario.

Respecto a la extinción de los fideicomisos, expuso que en el caso del Fondo de la Financiera “sí es motivo de preocupación porque en la ley que la crea se constituye este fondo como una manera de conjuntar todos los activos que tenía Banrural y de meter parte del capital ahí.

“Este es producto de una ley, no es ni de fideicomiso ni mandato ni algo análogo; no debería caer en lo que es la parte del decreto. Lo que ha inquietado es que ahora lo quieren meter en la parte de la ley, dado que hay una iniciativa por parte de la diputada Padierna; creo que ahí sí le impacta de manera directa”.

Delgado Mendoza subrayó: “no somos una secretaría para que se nos quiten recursos; nuestro trabajo es de campo. Si se nos quita un capítulo no tendremos la movilidad para ir al campo. Estamos dando vueltas para encontrar soluciones a esto”.

La diputada Terrazas Baca expresó su preocupación por la iniciativa de extinción de fideicomisos –presentada por el partido Morena y que ante las críticas de diversos sectores estaría “congelada”– e inquirió cómo impactará esta propuesta, en razón de su naturaleza jurídica, y de qué manera afecta el decreto emitido por el Ejecutivo federal el pasado 23 de abril de 2020. 

La legisladora consideró importante que Finagro tenga los recursos necesarios para cumplir con sus operaciones “pues el campo siempre ha sido una prioridad para nosotros”.

También consideró  que el tema es de gran interés para las comisiones del sector primario; el objetivo es obtener la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, que atienda las necesidades de las y los mexicanos; anticipó que habrá una etapa de su análisis en Parlamento Abierto. 

La pobreza, el fenómeno más grave

En su intervención inicial, Delgado Mendoza reconoció que el fenómeno más grave en el campo ha sido la pobreza, porque hay millones de mexicanos en las zonas rurales con niveles de ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades. La única manera de salir de la pobreza, consideró, es contar con proyectos de inversión viables y rentables.

De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura se observó que las unidades económicas rurales, 551 mil 298 empresas tenían crédito, lo que representa el 10.4 por ciento.

La Banca de Desarrollo cubría a 527 mil 799, y con recursos propios la banca comercial atiende a 13 mil 500. “Eso quiere decir que tenemos un mercado por atender del 90 por ciento”.

Con un sistema de financiamiento integral, afirmó, se busca focalizar los resultados por nivel de incremento de inclusión financiera; ordenar la banca de desarrollo, actuando en su mercado objetivo y con una ventanilla única de atención, lo que significa simplificación, es decir, evitar sobrerregulación.

Resaltó que en la actualidad se tienen activos suficientes, con un patrimonio –sumado todo- cercano a los 41 mil millones de pesos. Se financian todas las actividades productivas en poblaciones de menos de 50 mil habitantes, con un enfoque de incorporación a las micro y pequeñas empresas.

La propuesta, dijo Javier Delgado, es constituir una sociedad nacional de crédito, a fin de tener un efecto multiplicador mayor; se estaría en la ley bancaria y con consejos consultivos regionales.

El director general de la Finagro, dijo que en el marco del COVID-19,  la dependencia ha implementado programas que incluyen dar plazos, prórrogas y emprender reestructuras, sin cambiar las condiciones crediticias, es decir, ampliarlos conforme a la capacidad de pago. 

Fuente: Cámara de Diputados

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