Programa de fertilizantes se ampliará a 4 estados y atenderá un millón de hectáreas
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que para 2020 el Programa de Fertilizantes, que el año pasado operó solo en Guerrero, se ampliará a otros cuatro estados, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Morelos, y abarcará un millón de hectáreas en beneficio de unos 500 mil productores agrícolas de zonas de alta y muy alta marginación.
El programa, que contará con un presupuesto de tres mil millones de pesos para el presente año, será abastecido únicamente por las plantas de producción de fertilizante de PEMEX, donde ya se realizan pruebas y en marzo producirán 9 mil toneladas, que tendrá otro destino, expuso el subsecretario de Agricultura de la Sader, Miguel García Winder.
La idea –enfatizó– de juntar PEMEX con el programa de fertilizantes es recuperar la autosuficiencia y soberanía en la producción de fertilizantes mexicanos y es parte de la política del Presidente”.
El funcionario federal prospectó que de existir suficiencia presupuestaria, en el programa de Fertilizantes también se incluirán regiones de Oaxaca.
Informó que en Guerrero el fertilizante comenzará a distribuirse después de Semana Santa y por cuestiones de logística iniciará la entrega en la región de la Montaña y en las zonas más vulnerables.
A pesar de sequía y adversidades se mantuvo producción en Guerrero
García Winder presentó los resultados del programa piloto de Fertilizantes para el estado de Guerrero y destacó que a pesar de que la sequía aumentó la superficie siniestrada en casi 500 por ciento, la producción de maíz en esa entidad durante el año agrícola 2019 fue de un millón 255 mil 327 toneladas de maíz, cifra menor en 1.1 por ciento a la obtenida en 2018.
En total –indicó– se atendieron 278 mil 547 productores de los 81 municipios de Guerrero, que cultivan en 476 mil 688 hectáreas. La inversión total fue de mil 202 millones 102 mil 184 pesos, de los que se ejecutaron mil 145 millones 411 mil 108 pesos en adquisición de sulfato de amonio, fosfato di amónico y biofertilizantes y 56 millones 691 mil 076 pesos en gastos de operación.
Con la aplicación de fertilizante y la entrega de fertilizantes a los productores que lo solicitaron, en dicha entidad el año pasado la producción por hectárea cosechada se incrementó seis por ciento, detalló.
Resaltó que el fertilizante fue entregado a tiempo, por lo que 95 por ciento fue otorgado antes del inicio de la temporada de lluvias, y se logró la cobertura territorial al ciento por ciento.
García Winder reportó que 98.2 por ciento de la superficie estatal sembrada (ciclos primavera/verano y otoño/invierno) con maíz fue apoyada con fertilizantes y 36.7 por ciento fue beneficiada con semilla mejorada a quienes la solicitaron de manera voluntaria, quienes suman 177 mil 942.
En el reporte de acciones, reseñó que el total de bultos de semilla mejorada facturados fue de 179 mil 305 piezas, de los que se pagaron 223 millones 135 mil 406 pesos, cada unidad tuvo un precio promedio de mil 244 pesos, lo que representó 204 pesos menos por pieza en el mercado comercial.
Por otro lado, los beneficiarios de los 81 municipios atendidos recibieron en promedio 300 kilogramos de fertilizante por hectárea, y se tienen registrados en el estado de Guerrero a más de 200 mil beneficiarios empadronados.
Durante la rueda de prensa, Winder aclaró que lo que estamos presentando es el programa de fertilización química para 2020 no es la política de suelo y fertilizantes de la Sader. Recordó que en el país hay16 millones de hectarea agrícola y de 4 a 7 millones de hectareas dañadas, por lo que estamos en un proceso de política pública para recuperar suelos y manejo de agua en agricultura, que incluye programas de mapeo, buenas prácticas agrícolas y la incorporación de bioproductos, que será a través de programas distintos como Producción para el Bienestar.
Cabe señalar que el programa piloto de Fertilizantes para Guerrero, que tiene como objetivo aumentar la producción de maíz, arroz y frijol y que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por organizaciones campesinas y gobiernos locales, además de una auditoría por parte de la Función Pública que ha señalado presuntas irregularidades en su operación.
