Con la finalidad de generar un programa integral que atienda los reclamos de los habitantes de la Zona Lacandona, que han hecho de manera histórica, el Gobierno de México creó una Comisión Interinstitucional conformada por varias dependencias federales.
La Comisión Interinstitucional integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional Agrario y el Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal, brindarán atención a las comunidades indígenas Lacandona, Tzeltal y Chol que habitan en la región de la Selva Lacandona.
En un comunicado, se informó que para tal efecto, se realiza la elaboración de un diagnóstico, cuya construcción se basa en el diálogo con los diversos integrantes de la comunidad, particularmente con sus órganos de representación, con el objetivo de que el estudio incluya las diferentes aristas de la problemática.
Asimismo, se trabaja en un programa que ponga en el centro la riqueza humana de quienes habitan la Comunidad de la Zona Lacandona y su bienestar mediante políticas de gobierno que tengan como eje primordial el conocimiento del territorio por parte de sus habitantes.
Consideran de suma relevancia tomar en cuenta los antecedentes históricos en esta región. La Comunidad Selva Lacandona obtuvo Resolución Presidencial sobre Reconocimiento y Titulación de Tierras el 26 de noviembre de 1971, sin que la ejecución de esto haya sido satisfactoria para los beneficiados.
El 30 de marzo de 1977, con la presencia de autoridades del gobierno del estado de Chiapas, representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras dependencias del gobierno federal, se estableció un convenio definitivo que precisa los derechos que en esta comunidad tendrían las étnicas Lacandona, Chol y Tzeltal, orientado al aprovechamiento del territorio, que se considera como base del Decreto Presidencial de inclusión étnica del 18 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 marzo de 1979.
Por otra parte, se dictaron 22 resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, sobrepuesto al territorio concedido a la Comunidad Selva Lacandona, la mayoría de las cuales fueron atendidas a través del Programa de Atención Integral que finiquitó prácticamente la totalidad de los conflictos.
El 8 de diciembre de 1977, se dictó el Decreto Presidencial que declara como Área Natural Protegida la Reserva de la Biósfera “Montes Azules”, que coincide en una propiedad superior al 50 por ciento con las tierras reconocidas a la Comunidad Zona Lacandona.
Sin embargo, debe precisarse que la declaratoria no impacta la propiedad de la tierra, sólo establece límites a su uso y aprovechamiento. Bajo esta perspectiva, resulta infundado que exista controversia o contradicción entre la problemática agraria y ambiental en la Comunidad Selva Lacandona, y que, por el contrario, es la voluntad colectiva del grupo interinstitucional el que, de manera ordenada e integral, se atiendan estos dos ámbitos.
