Forma de medir y evaluar pesca en México genera sobrexplotación de especies

La forma en la que se mide y evalúa la pesca en México, no solo genera especies sobrexplotadas, deterioradas o en proceso de colapso, también oculta oportunidades para mejorar la situación económica de las comunidades pesqueras, de manera sostenible, de acuerdo con la Auditoría Pesquera 2.0 realizada por la organización Oceana.

La organización internacional dedicada a la conservación y defensa de los océanos, destaca en su estudio que pescar por volumen y valor comercial significa perder valor y resiliencia social y medioambiental.

En esa misma investigación encontró que más del 90% de la producción nacional de escama marina proviene de la pesca ribereña o artesanal.

Así, sabemos que 9 de cada 10 pescados marinos nacionales que se consumen en México provienen de la pesca ribereña, trabajo realizado por cerca de 300 mil familias mexicanas, una población especialmente vulnerable ante los efectos económicos de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con Esteban García Peña, director de Campañas de Restauración Pesquera de Oceana en México, el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) carece de protocolos de investigación definidos, criterios claros o transparentes para la investigación pesquera. Y no han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la información con la que toman decisiones sobre el sector.

En México seguimos pescando a ciegas, pues nada se ha hecho por mejorar ni actualizar los instrumentos con los que el gobierno toma decisiones para la gestión de la pesca, el otorgamiento de permisos y concesiones, aseguró

Esto se ve reflejado en las fichas de la Carta Nacional de Pesca donde el 4% de estas contienen datos e información pública disponible y tan solo 1% cuenta con fuentes de información verificables.

García Peña dijo, en conferencia virtual, que no es posible saber los niveles de explotación de especies de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, por lo que es imposible saber si están sobrexplotadas especies como huachinango en el Golfo de México y el Caribe, mero en Yucatán o el pulpo que desde el año 2000 no se ha actualizado la información. Además, no existe un plan de manejo lo cual afecta directamente a la pesca ribereña.

Por décadas el Gobierno de México ha medido la productividad de sus mares, a partir del volumen de los recursos marinos que se capturan y de su valor comercial, sin importar tanto qué o cómo se pesca, ni dónde o quién lo pesca.

Esto ha invisibilizado, otros atributos de las pesquerías, como los beneficios económicos y sociales que algunas especies aportan a la producción pesquera y al consumo nacional, así como el gran número de permisos, permisionarios y embarcaciones cuyas capturas se comercializan principalmente en los mercados locales y benefician a cientos de miles de familias que se dedican a la pesca artesanal.

Privilegiar el volumen como indicador de manejo pesquero provoca la concentración de la mayor parte de los recursos humanos, materiales y financieros del gobierno en evaluar un pequeño grupo de pesquerías: sardina, camarón y atún, fundamentalmente, entre un universo de aproximadamente 735 especies susceptibles de comercialización

Además en el estudio señala que un análisis más detallado de la información alrededor de escama marina indica que a nivel nacional existen tres mil 560 permisos distribuidos en los 17 estados costeros del país, con dos mil 647 permisionarios que amparan a un total de 11 mil 534 embarcaciones, de las cuales 93% corresponden a la flota artesanal. Es decir, se vuelve evidente el papel crucial que tienen las comunidades de pesca artesanal, históricamente relegadas de estrategias integrales, apoyos y programas gubernamentales.

García Peña  aseveró que en la actual administración no hay cambios en esta materia, las prácticas siguen siendo las mismas, además aún no se cuenta con el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables de 2007, pero aseguró estamos muy a tiempo de tenerlo.

Es importante saber cómo están las especies, realizar políticas públicas que permitan un buen manejo y tener medidas de restauración.

Asegura que si el Gobierno de México entiende cabalmente el valor que yace en un manejo pesquero integral y sostenible, así como la utilidad del Índice de Importancia Social de la Pesca, cambiará la manera en que mide y evalúa la pesca y convertirá al manejo pesquero en un factor clave para el cumplimiento de su promesa de gobierno: por el bien de todos, primero los pobres.

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• Solo 25% de las pesquerías cuentan con un Plan de Manejo Pesquero que establece las condiciones y los procesos para el manejo sostenible y la conservación de cada pesquería, lo que trae pérdidas anuales por mil millones de pesos.
• Para el 75% restante únicamente se otorgan permisos sin contar con información sobre el estado de las poblaciones