Impulsar combustibles fósiles y recorte al presupuesto ambiental limita reducción de emisiones en México
- Petróleos Mexicanos tendrá este año un presupuesto de 544 mil 598 millones pesos (mdp); el sector ambiental en su conjunto, 31 mil 348 mdp, es decir, 17 veces menos recursos.
A finales del 2020, México presentó la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como parte de su adhesión al Acuerdo de París.
En dicho documento se mantiene el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22 por ciento y del 51 por ciento del carbono negro, además de que reitera el compromiso de alcanzar la tasa de cero deforestación para el año 2030. Sin embargo, en el marco del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 –28 de enero–, es necesario decir que la falta de recursos, agudizada por la emergencia sanitaria, que se suma a una serie de políticas que apuestan por una matriz energética basada en combustibles fósiles, complican el cumplimiento de estas metas.
La actualización de los compromisos adquiridos en 2015 con la adhesión al Acuerdo de París, es un mandato del propio acuerdo, que los países parte deben asumir cada cinco años. También el art. 63 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) mandata realizar este proceso de actualización.
Compromisos sin dientes
El documento de actualización de las NDC incluye una serie de medidas de mitigación y adaptación que buscan reducir la vulnerabilidad al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de hacer un uso eficiente de la energía, mejorar las prácticas de producción agropecuaria, la rehabilitación de suelos y ecosistemas forestales. Sin embargo, no queda claro con qué recursos y qué políticas se llevarán a cabo tales medidas.
Aunque la información científica y técnica disponible indica que es necesaria y urgente una transición hacia fuentes de generación de energía menos contaminantes, más eficientes y socialmente más justas, México apuesta por la reactivación de su producción de hidrocarburos; tan solo Petróleos Mexicanos tendrá este año un presupuesto de 544 mil 598 millones pesos, mientras que el sector ambiental en su conjunto tuvo una asignación de 31 mil 348 millones de pesos, es decir, 17 veces menos recursos.
“Aunque hay señalamientos de que la actualización de las metas no es lo suficientemente ambiciosa, sí lo es. Tenemos un compromiso no condicionado de reducir 137 millones de toneladas de CO2 equivalente, que en comparación con otros países de la región y similares economías es mayor, estamos por encima de Chile y Argentina, guardando las proporciones,” resalta María Amparo Martínez Arroyo, directora del INECC.
Necesitamos decisiones políticas basadas en la ciencia
Martínez Arroyo refiere que hay muchas prioridades que atender en el país como la pobreza, reactivar la economía, la salud, entre muchos otros y que la falta de recursos y la emergencia sanitaria lo hace más complicado. Sin embargo, es importante avanzar en las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: “Invertir en detener la degradación ambiental contribuye a mejorar la salud y bienestar de las personas. La contaminación ya es una de las principales causas de muerte en el mundo”.
La titular del INECC apunta que es necesario seguir invirtiendo en investigación y la generación de conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones políticas. “Es muy importante fortalecer a los centros de investigación y de generación de información del Estado, son un bien para todo el país en la generación de soluciones.”
Sería ideal que la toma de decisiones de los distintos órdenes de gobierno se basase en información científica, y que las recomendaciones de los centros de investigación fuesen más vinculantes”, menciona.
Emisiones en aumento
En 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) reportó, con datos de 2017, que México registró una emisión de 734 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 71% corresponden al sector de energía, que incluye a los subsectores de generación de energía eléctrica (que aporta un 22% de esas emisiones) y de transporte (21.6 % de las emisiones).
Estos datos representan un incremento en las emisiones con respecto a los datos publicados en 2018 con información de 2015, donde México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de gases efecto invernadero (GEI).
La ganadería genera el 10 por ciento de las emisiones de GEI del país y la agricultura participa con otro 5 por ciento. “En estos dos sectores también tenemos muchas oportunidades de reducir emisiones a través de la implementación de políticas y programas que permitan la transferencia de conocimientos y tecnologías para un uso sostenible de los recursos con la menor generación de emisiones posibles,” señala Martínez Arroyo.
Es importante señalar que el único sector que reporta emisiones negativas, es decir, que absorbe más CO2 equivalente de las emisiones que genera, es el de la silvicultura, es decir, el manejo forestal comunitario, sector que absorbe 148 MtCO2e, principalmente en bosques y selvas; este volumen es el equivalente al total de las emisiones que genera el sector autotransporte.
“El 99 por ciento de las absorciones que reportamos son permanencias en los ecosistemas forestales que no sufren cambios y solo 1 por ciento de las recuperaciones de suelos y tierras forestales; por lo que incrementar las actividades de manejo, aprovechamiento, restauración y reforestación de los ecosistemas forestales nos permitiría incrementar considerablemente la absorción de emisiones,” resalta la titular del INECC.
Añade que “la actualización de la NDC del país incorpora una serie de soluciones basadas en la naturaleza que nos permitirán mitigar más emisiones a través de la rehabilitación de ecosistemas degradados. También se incorporan mecanismos de reporte y verificación que nos permitirán hacer más transparente y confiable el reporte de los avances.”
Los bosques y sus habitantes, relegados
México cuenta con alrededor de 137 millones de hectáreas de cobertura forestal que incluyen bosques, selvas, matorrales y otros ecosistemas, y es uno de los países con mayor biodiversidad. Asimismo, la diversidad cultural de pueblos y comunidades originarias ha permitido diversificar y domesticar una gran cantidad de plantas que ahora son la base de nuestra alimentación.
Además, el país es un referente a nivel internacional por las iniciativas de las comunidades y ejidos de manejo y aprovechamiento colectivo de sus recursos forestales. A la par de generar empleos e ingresos en esos predios rurales, aseguran la conservación en el largo plazo de los recursos naturales y contribuyen a la renovación de la vegetación que permite lograr un mayor volumen de captura de carbono.
Desafortunadamente el fomento de este tipo de iniciativas comunitarias de manejo forestal ha sido escaso. La Comisión Nacional Forestal ha sufrido recortes presupuestales de más del 50 por ciento en los últimos cinco años que limitan aún más su campo de acción.
La falta de incentivos y trabas burocráticas para emprender iniciativas de manejo incrementa la presión sobre los predios forestales para cambiar el uso del suelo a otras actividades más redituables en términos económicos, como la agricultura comercial y los desarrollos urbanos y turísticos.
A pesar del compromiso de México por frenar la deforestación, continúa en aumento la pérdida de bosques. De acuerdo con datos del Global Forest Watch, en 2019 se perdieron 327 mil hectáreas. La Península de Yucatán es la región del país con mayor deforestación del país y las principales causas son la agricultura comercial, la ganadería y la urbanización.
El documento de actualización de la NDC de México señala que la meta de lograr la tasa cero de deforestación “se logrará bajo la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+).”
Sin embargo, esta iniciativa está detenida y con los enormes recortes presupuestales de la Conafor y otras dependencias del sector ambiental será complicado ponerla en marcha. Además, todos los avances que se tenían en la iniciativa REDD+ y lograr la firma del acuerdo con el Fondo de Carbono (Forest Carbon Partnership Facility) para el pago compensatorio por las emisiones de carbono evitadas por deforestación y degradación no se concretó.
