Ley de aguas sirve para el despojo del recurso a pueblos y comunidades
La actual legislación de agua ha provocado el despojo de este líquido a comunidades y pueblos, además de que la pandemia incrementó los conflictos relacionados con este recurso, acusaron legisladores y representantes de organizaciones civiles, que impulsan que en el Senado de la República se discuta y apruebe una nueva ley general en la materia, con el objetivo de garantizar el derecho humano al recurso.
En el foro “El derecho humano al agua: avances y retos”, que se realizó en la Cámara de Senadores, el senador José Narro Céspedes cuestionó que a casi 10 años de haberse elevado este derecho a nivel constitucional en México, aún no se tenga la legislación secundaria respectiva. Recordó que la actual Ley de Aguas Nacionales se construyó bajo el sistema neoliberal y ha servido para el despojo a pueblos y comunidades.
En su participación, Bernardo Serrano González, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, afirmó que nuestro país vive una crisis del agua, donde los grupos históricamente discriminados y vulnerados reciben los mayores impactos.
Puntualizó que se ha documentado un incremento de casos que involucran conflictos por el agua y su saneamiento en todo el país, sobre todo, en regiones donde hay comunidades enteras que no tienen acceso constante y suficiente al agua durante meses, o que consumen el líquido contaminado por su sobreexplotación y megaproyectos cercanos.
Comentó que durante la pandemia muchos de estos casos se han agravado o han surgido nuevos conflictos ante la imposibilidad de atender las medidas básicas de higiene. También, agregó, se documentó el aumento de amenazas, criminalización e incluso asesinatos de personas defensoras del agua y del medio ambiente.
Bernardo Serrano opinó que México atraviesa un momento prometedor para lograr una nueva regulación, armonizada con los tratados internacionales y los altos estándares en esta materia, a fin de garantizar el derecho humano al agua.
El legislador Narro Céspedes refirió que
el 2% de concesionarios, entre ellos Femsa, concentran 70% del agua del país, mientras que hay regiones y zonas urbanas que carecen del líquido, por lo que es momento de cambiar la ley.
El también presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural señaló que hay dos propuestas de ley que se discuten en el Congreso: una presentada por Conagua en sexenios pasados, la cual mantiene la visión privatizadora y de despojo, y otra ciudadana, promovida por el movimiento “Agua para Todos”, que busca hacer realidad este derecho.
La senadora Gloria Sánchez Hernández, de Morena, refirió que desde 2020 su Grupo Parlamentario suscribió una iniciativa ciudadana, la cual, dijo, debe considerarse para un debate respecto al derecho humano al agua.
Precisó que los puntos que destacan de esta propuesta es restaurar cuencas y flujos subterráneos, corregir la sobreexplotación y el acaparamiento, reconocer los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios, alcanzar la soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica, recuperar la soberanía y poner un alto a la corrupción e impunidad en esta materia.
A su vez, la senadora de Acción Nacional, María Guadalupe Saldaña Cisneros, denunció que, en Los Cabos, Baja California, hay más de ocho mil familias sin agua potable; mientras que aquellos hogares que llegan a tener acceso a este líquido lo hacen una vez al mes y por tandeo.
Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, afirmó en la política hídrica se debe considerar la necesidad de asignar presupuesto suficiente para la infraestructura y el control de ríos, toda vez que las grandes inversiones permitirán que no se desperdicie este recurso, que no haya inundaciones periódicas en algunas zonas y que se establezca la eficaz captación pluvial.
Mencionó que las estrategias en el uso del agua, deben revisar cómo se responderá al Tratado de Aguas con Estados Unidos, las problemáticas del río Bravo, de la zona de Tijuana y de la actividad agrícola de Chihuahua y de las ciudades fronterizas.
En tanto, Claudia Gómez Godoy, del Movimiento Agua Para Todos, expuso que la iniciativa ciudadana cuenta con un amplio respaldo de organizaciones y de la sociedad civil, la academia, diputados y senadores, además fue avalada por 198 mil firmas y se construyó de manera colectiva durante siete años.
Dijo que es indispensable que en estos momentos se lleve a cabo la discusión de tema, pues la actual Ley de Aguas Nacionales, que se ha aplicado por más de 25 años, ha promovido la mala gestión del líquido y la corrupción, debido a su enfoque neoliberal.
En su turno, Elena Burns Stuck, subdirectora general de la organización Administración del Agua, advirtió que
la legislación actual permite a concesionarios descargar contaminantes sin tener que pagar nada, siempre que respete los niveles de polución; además no se les puede clausurar por el exceso de contaminantes, pues con que paguen lo establecido en la ley, están protegidos.
En este sentido, alertó que la actual ley es “especialmente dañina”, por lo que llamó al Poder Legislativo y demás actores involucrados a generar una nueva legislación para proteger y conservar las aguas en México.
Pedro Moctezuma Barragán, de la organización Comisión para la Cooperación Ambiental, llamó a los legisladores a realizar un periodo extraordinario para aprobar la nueva ley, pues se trata de un asunto de urgente resolución.
