Durante tres décadas el territorio de la Península de Yucatán ha sido sometido a un proceso de privatización y despojo por parte de la “mafia agraria”, donde participan empresarios, ex gobernadores, funcionarios de la Sedatu, el RAN, la PA, prestanombres y ejidatarios, quienes con argucias, simulaciones, violaciones a la ley y complicidades se han apropiado y han obtenido beneficios económicos y políticos en el paraíso maya.
Así lo documenta la investigación Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, elaborado para el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible por Gabriela Torres-Mazuera, con la colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet, donde se da cuenta que más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en años recientes en la esta zona, que comprende los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Por las páginas de esta publicación circulan nombres de quienes han participado de una u otra forma en el despojo de territorios en estas tres entidades. Por ejemplo, “durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un total de 68 mil hectáreas pasaron de régimen ejidal a dominio pleno; este fue el sexenio, desde 1992, en el que más superficie ejidal se desincorporó del régimen social para convertirse en propiedad privada en la Península de Yucatán”.
El análisis también destaca que “un fenómeno que creció de manera exponencial durante los pasados sexenios es la apropiación y privatización de terrenos nacionales. Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) flexibilizó de manera extrema los trámites para privatizar tales terrenos”. Incluso, la página de la dependencia refiere que, “basta con que un presidente municipal o un notario extienda una constancia de posesión, y que se haga un pago simbólico, para que un terreno nacional pase a manos privadas”.
Así se han privatizado y desmontado grandes extensiones de selva en la Península de Yucatán desde los años 1990, como es el caso del municipio de Hopelchén, Campeche.
La investigación cita que al analizar datos del Registro Agrario Nacional (RAN ) se observó “un aumento inusual” de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo entre 2014 y 2015. “De acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fuese el secretario de la Sedatu entre 2012 y 2014: Jorge Carlos Ramírez Marín. Dicho político priista de origen yucateco se apropió de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y en Quintana Roo, en ejidos con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico”.
Y subraya: “durante esos años, las delegaciones peninsulares del RAN y la PA (Procuraduría Agraria) estuvieron al servicio de los intereses empresariales vinculados a Ramírez Marín. Es justamente entre 2012 y 2015 que identificamos un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad.
Entre los ejidos con actas de asambleas calificadas que promueven cambios de destino en este periodo están: Isla Holbox, Península Holbox, Chunyaxche, Chiquilá, Tulum, Alfredo Bonfil, Playa del Carmen y Tres Reyes en Quintana Roo; Hopelchén en Campeche, y Muxu- pip, Komchén, Yaxkukul, Hunucmá, Chablekal, Ucu, Motul Caucel, Samahil, Seyé y Valladolid en Yucatán”
El estudio documenta que en esta red también participaron ex gobernadores, entre ellos Roberto Borge, “quien enfrenta procesos penales por delitos relacionados con la apropiación y venta indebida de decenas de predios que formaban parte del patrimonio inmobiliario del estado de Quintana Roo. Asimismo, Ivonne Ortega ex gobernadora de Yucatán identificada por acaparar tierras ejidales. Entre los empresarios y familias que destacan como los principales beneficiarios del acaparamiento de las tierras en Yucatán están los Chapur, los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; en Quintana Roo, destacan los Borge, los Coldwell y los Joaquín, entre otros añejos apellidos, y en Campeche la familia Muriño”.
Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, también refiere la presencia, en estos procesos, de inversionistas de Monterrey y otros estados del norte del país, encabezados por quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia en el actual gobierno, Alfonso Romo, “quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericana Cargill y la empresa Enerall y los banqueros, encabezados por Roberto Hernández…”
La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha sido promovido por una “mafia agraria” con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, afirmó Gabriela Torres-Mazuera.
La investigación describe que desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22,660 parcelas, con una superficie de 192,600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.
Aunado a ese proceso, 355,304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial.
A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial), revela el informe.
Explica que “la conversión a dominio pleno (propiedad privada individual) tanto de parcelas ejidales certificadas como de los terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización, y en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial que son parte de una “mafia agraria” que actúa coordinadamente para apropiarse de dichas tierras a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial”.
Pro-despojo
El documento detalla cómo el programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus tierras -incluidas aquellas que tenían cubierta forestal-, lo cual debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”.
Entre el 2010 y 2019, el Procede permitió la entrada de empresarios interesados en el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida en calidad de posesionarios o ejidatarios en ejidos colindantes con la mancha urbana. Igual, permitió la incorporación de empresarios agroindustriales en ejidos donde se crearon sociedades de producción rural a las que se les asignaron parcelas ejidales certificadas.
“Con Procede muchos de estos terrenos nacionales fueron convertidos a propiedad privada y posteriormente puestos a la venta. En la actualidad muchos de estos terrenos están en manos de productores menonitas que llegaron a fines de 1980 provenientes del norte del país (Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua) para asentarse en Campeche.
La expansión menonita en el municipio ha conllevado la privatización de la propiedad pública del municipio, así como su deforestación ilegal a privatización de las tierras de uso común no está considerada explícitamente en la Ley Agraria, sin embargo, ha sido promovida y legalizada por funcionarios agrarios de la PA y del RAN por medio de cambios de destino (artículo 56)”.
El documento analiza también el impacto de estos procesos de privatización en las comunidades. “Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, el control empresarial abusivo ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 comenzaron a surgir resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras. La resistencia viene no solo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos agrarios, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras”.
“La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rápidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes decir, jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
La presión para privatizar los territorios en la Península de Yucatán va en aumento y tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México, por lo que ante “esta evidente problemática, la respuesta del gobierno actual debe ser contundente y bien articulada en una nueva política nacional agraria”.
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Los paraísos perdidos
- Holbox, en el norte de Quintana Roo, es un caso emblemático de privatización de tierra ejidal. Ilustra la complicidad de ex gobernadores, ex presidentes, ex funcionarios de la PA y el RAN, jueces de los tribunales agrarios, notarios públicos, abogados, banqueros nacionales y extranjeros, corporaciones multinacionales de turismo y bienes raíces, etc., en sus contubernios exitosos para el despojo territorial.
- Chablekal, un ejido ubicado al norte de Mérida, ha vendido más del 70% de sus tierras a empresarios dedicados al desarrollo inmobiliario.
- Privatización de terrenos nacionales. En febrero de 2016, la Dirección de Propiedad Rural de la Sedatu remató, en la Riviera Maya, un terreno de 262 hectáreas a un precio 20 veces más barato que el de su valor comercial, que tendría en valor catastral de mil 240 millones de pesos. La Sedatu encargó otro avalúo y lo adjudicó por 61 millones de pesos a un supuesto ejidatario, quien se hizo del título de propiedad, lo pasó a dominio pleno, lo registró y lo revendió al empresario José Antonio Chapur, todo en un cortísimo tiempo.
- Fuente: Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán
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