Al menos 236 embarcaciones mexicanas han realizado posibles actividades de pesca ilegal en siete Áreas Marinas Protegidas (AMPs), informó Oceana, organización internacional enfocada a la protección de los océanos.
Las AMPs afectadas por esta práctica –puntualizó– son las Reservas de la Biosfera El Vizcaíno, Isla Guadalupe, Islas Marías, Pacífico Mexicano Profundo; los Parques Nacionales Revillagigedo, Arrecife Alacranes, el Sistema Arrecifal Veracruzano; y la Zona de Refugio Pesquero Punta Coyote.
Indicó que “estas prácticas son un riesgo para decenas de especies amenazadas o en peligro de extinción, y entorpecen los esfuerzos por recuperar las poblaciones de especies comerciales”.
En su informe Zonas de protección marina bajo amenaza: casos de pesca ilegal en áreas marinas protegidas (AMP) y zonas de refugios pesqueros (ZRP), detalló que en un periodo de 10 años (de 2012 a 2021) más del 10% de las embarcaciones registradas en el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), han realizado posibles actividades que violan las restricciones para proteger la riqueza de nuestros mares.
El análisis reveló que el caso más grave es el del Parque Nacional Arrecife Alacranes, donde se detectaron 106 embarcaciones con actividades en su zona núcleo, un perímetro en el que cualquier tipo de pesca está prohibida. Alacranes es la estructura de corales más grande al sur del Golfo de México, donde habitan cuatro especies de tortuga en peligro de extinción (carey, laúd, caguama y blanca). Aquí hay 136 especies de peces, algunos de gran importancia comercial como el mero, rubia, pargo y 24 especies de tiburón. Prohibir la pesca comercial en ciertas zonas permite que estas especies se reproduzcan y desarrollen, para después migrar a lugares donde la actividad pesquera es permitida.
La segunda AMP más afectada es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano con 60 embarcaciones detectadas; y la tercera es la Reserva de la Biosfera Islas Marías con 47 registradas en su Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales Marinos, donde sólo se permite la pesca de consumo y de fomento, es decir, artesanal y realizada por la población local. Se revisaron los permisos otorgados para pescar en esta Reserva y ninguno correspondía con los barcos detectados.
Mariana Aziz, directora de campañas de Transparencia en Oceana, recalcó que en los acéanos “una de las mayores amenazas es la pesca ilegal y para combatirla necesitamos transparentar la actividad pesquera, además de poner esta información al servicio de las instituciones que deben hacer labores de vigilancia, como la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp).
“Las Áreas Marinas Protegidas y los refugios pesqueros tienen como objetivo preservar ecosistemas y especies vulnerables. Son esenciales para mantener el equilibrio ecológico y la abundancia de las pesquerías, por lo que su vigilancia es fundamental”, dijo Aziz.
En estas zonas se protegen especies amenazadas como el tiburón martillo y el tiburón blanco, pero también permiten que las poblaciones de especies comerciales se recuperen y puedan ser explotadas en otros sitios”.
En noviembre de 2020 Oceana publicó su reporte El impacto de la flota extranjera pesquera en Áreas Marinas Protegidas, en el que se detectaron 43 embarcaciones con bandera extranjera realizando posibles actividades de pesca ilegal.
Oceana señaló que GFW es una herramienta poderosa para el combate de prácticas ilegales, y la muestra son ambos reportes que identifican a cada embarcación que incumple las normas. Si la información generada por Conapesca se procesara y visualizara como en esta plataforma, las autoridades podrían responder de forma más efectiva y contundente.
“Los datos deben se accesibles para cualquiera. Por eso, desde 2018, le hemos propuesto a la Conapesca que comparta automáticamente estos datos con GFW, lo que permite visualizar en mapas las actividades pesqueras”, dijo Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, “Hacer esto no significa un gasto para las autoridades y fortalece las tareas de inspección y vigilancia de todas las instituciones”.
La organización internacional recordó que en México existen 37 AMPs, esta figura legal, como la de los refugios pesqueros, necesitan de vigilancia efectiva y constante para que no sean sólo un papel y realmente cumplan sus objetivos. Por eso es necesario contar con información respecto a lo que sucede en estas zonas, que nos permita diagnosticar las amenazas que enfrentan y exigir a las autoridades que tomen acciones para solucionarlas.
Fuente: Oceana
