Plaguicidas en México sin política específica, con planes fragmentados y contradictorios y regulación con “parches”: OCDE

En México, “no existe una política nacional global específica sobre plaguicidas”, además que los planes nacionales y sectoriales cubren este rubro “de manera limitada o fragmentada” y tampoco cuenta con una declaración política unificadora que priorice las metas de un sistema de gestión en la materia, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la publicación Gobernanza Regulatoria en el Sector de Plaguicidas de México, el organismo refiere que en nuestro país las responsabilidades recaen en varias dependencias –Semarnat, Sader, Salud, Cofepris, Senasica–, pero “los roles y responsabilidades están fragmentados y el alcance que se debe cubrir es amplio, lo que crea prioridades y complejidad en competencia”.

Recalca que el marco regulatorio, “es exhaustivo pero está disperso entre varios instrumentos regulatorios y administrado por varias autoridades”.

“Los reguladores mexicanos en este sector carecen de una estrategia de cumplimiento conjunta y un plan transparente y plurianual con metas específicas para monitorear el cumplimiento de las regulaciones, en materia de plaguicidas” y

la falta de objetivos claros, y su priorización, dificulta el diálogo nacional sobre políticas en plaguicidas”.

El reporte señala la falta de un plan adecuado para manejo de envases vacíos de plaguicidas, así como de recursos para recolectar 50 millones de contenedores al año, pues se tiene recolecta apenas 10 por ciento de éstos.

Otras preocupaciones incluyen el uso generalizado de productos ilegales y no registrados y el financiamiento insuficiente para la aplicación y evaluación de productos.

La OCDE expone que en México, las metas y los objetivos se incluyen en varios instrumentos políticos y regulatorios que tratan con estas sustancias. “Esto genera una situación en donde las metas son contradictorias, por ejemplo, aquellas relacionadas con la protección de la salud humana o el medio ambiente y la protección de cosechas, pueden tener un impacto sobre la cooperación entre secretarías o reguladores en la implementación del sistema en general”.

Además, los principales documentos políticos “cubren los plaguicidas de manera limitada o fragmentada”, como el Plan Nacional del Desarrollo, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, el Plan Sectorial de Salud 2020-2024 o el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024.

Un problema es que históricamente las reformas en las regulaciones de plaguicidas se han enfocado en “parches” parciales en lugar de enfocarse en una reforma exhaustiva en todo el sistema. “Si la gestión fragmentada del marco regulatorio de plaguicidas persiste, esta podría ser un obstáculo para la mejora en todo el sistema”, advierte la OCDE.

Otro aspecto que señala es que este país, “no realiza un monitoreo ambiental sistemático de los plaguicidas y sus residuos. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos para realizar dicho monitoreo. Además,

México no cuenta con valores de referencia/límite nacionales vinculantes para la contaminación de agua y suelo por plaguicidas”.

En el documento el organismo hace 14 recomendaciones al gobierno de nuestro país, donde destaca la coordinación eficaz de dependencias oficiales, más transparencia en las decisiones de gobierno y destinar más recursos para infraestructura y capacitación de personal técnico.

La OCDE concluye que “México se beneficiaría de la adopción de una estrategia de política integral para plaguicidas, reconociendo que el manejo de plaguicidas es una responsabilidad compartida entre los gobiernos nacionales y locales, la industria de plaguicidas, los usuarios de plaguicidas y el público en general.”

Industria de plaguicidas coincide con diagnóstico de OCDE

Ante este documento, la Industria de Protección de Cultivos anotó que coincide ampliamente con las recomendaciones de la OCDE y expresó “su total disposición a participar en el proceso para lograr un marco regulatorio mucho más eficaz, transparente y que supere los rezagos que enfrentan las dependencias oficiales.

El director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCYT), Cristian García de Paz, expuso que el reporte “ofrece una guía muy clara y precisa de muchas de las reformas que el país necesita para superar lo que la industria ha señalado desde hace tiempo: la falta de ejecución de una política eficaz para regular un sector clave que incide directamente en la salud, el medio ambiente y en la productividad del campo mexicano”.

El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C., (UMFFAC), Luis Eduardo González, manifestó­­ que “el reporte de la OCDE, además de hacer una evaluación exhaustiva de nuestro marco regulatorio, destaca la necesidad de destinar más recursos para la digitalización de los trámites de registro y para el monitoreo de plaguicidas, así como para contar con más personal técnico especializado para labores de inspección y vigilancia”.

El presidente de la UMFFAAC coincidió con el señalamiento de la OCDE en el sentido de que

en la práctica, México no cuenta con un proceso formal para medir el desempeño de las autoridades nacionales responsables de las actividades de gestión de plaguicidas que incluyen el monitoreo, el cumplimiento y la ejecución”.

García de Paz dijo que hoy “la Secretaría de Medio Ambiente decide limitar los permisos de importación de productos fitosanitarios, sin el respaldo de evidencia científica sólida, y sin importar que esa decisión afecte las políticas que la Secretaría de Agricultura o el Senasica puedan promover para la productividad del campo;  además de ignorar que dichos productos cuentan con el registro (y por lo tanto la certificación) de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS

El director de PROCCYT agregó que al sector de plaguicidas lo regulan 6 leyes federales, como la Ley Federal de Salud, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 14 reglamentos, incluido el de actividades peligrosas y más de 30 Normas Oficiales Mexicanas, en donde se establecen parámetros de aplicación, de uso, manejo, transporte, distribución, etcétera. “todo lo cual, a pesar de ser muy robusto, integra un marco regulatorio complejo y, propenso a la descoordinación entre dependencias oficiales, que dificultan la aplicación de la normatividad, misma que debería tener los estándares del primer mundo, como lo sugiere la OCDE“.

De particular importancia resulta combatir lo que también la Industria de Protección de Cultivos ha insistido: combatir la proliferación de plaguicidas ilegales en el mercado, que alcanza entre el 10 y 25% del comercio mundial de acuerdo al reporte de la OCDE, y representan una pérdida de 2 mil 800 millones de euros tan solo en la Unión Europea.

Los directivos de PROCCYT y UMFFAC coincidieron también en que, sería altamente deseable que nuestro país se apegue a los lineamientos del reporte de la OCDE, es decir, que se actúe con objetividad (basados en la evidencia), independencia, eficacia, consistencia, que exista compatibilidad con regulaciones internacionales, y que se ofrezca certidumbre y confianza sobre los procesos y calendarios regulatorios.

Por último, García de Paz y González Cepeda refrendaron la disposición de la Industria de Protección de Cultivos para participar en la preparación e implementación de la mejora regulatoria sobre los plaguicidas y, ratifican lo que el reporte señala en el sentido de que “los reguladores mexicanos pueden beneficiarse de tener un compromiso más dinámico y periódico con los actores interesados (en materia de plaguicidas), incluyendo la industria, las ONG y los académicos”.