Pueblos indígenas poseen llave maestra para una recuperación transformadora post-Covid-19
Los pueblos indígenas poseen la llave maestra para una recuperación transformadora post-Covid-19 en base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante un evento de alto nivel organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
“Es crucial reafirmar la centralidad de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos estándares han sido consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Si bien es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado en su reconocimiento y derechos colectivos en todos los países de la región, aún persisten importantes brechas”, expresó Alicia Bárcena.
Por ello, señaló, “es fundamental que las políticas de recuperación hagan hincapié en los derechos colectivos de estos pueblos y que sus ejes articuladores sean la participación y la consulta con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado para toda medida que los afecte, incluyendo la participación de las mujeres y jóvenes indígenas”.
Durante su presentación en el Foro Político de Alto Nivel titulado Desafíos en tiempos de pandemia: Una concertación para el “Buen Vivir”, la máxima representante de la Cepal, recordó que América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia, porque representa el 8.4% de la población mundial, pero contabiliza 32.5% de las muertes del mundo por esta enfermedad. Agregó que la región enfrenta una profunda asimetría frente al mundo desarrollado, especialmente en el acceso a las vacunas y los impactos del cambio climático.
Alicia Bárcena recordó que los pueblos indígenas padecen las desigualdades estructurales, la discriminación y el racismo que caracterizan a nuestra región configurando un escenario de mayor vulnerabilidad y riesgo frente al Covid-19 y los impactos de la crisis.
Precisó que, según el informe Panorama Social de América Latina
para el año 2019, la tasa de pobreza de las personas indígenas ascendió al 46.7% y la de pobreza extrema al 17.3%, equivalentes al doble (2.1 veces) y el triple (3.1 veces) de las respectivas tasas para la población no indígena en el conjunto de los nueve países con información disponible.
La secretaria ejecutiva de la Cepal advirtió que la pandemia ha producido impactos diferenciados sobre la realización del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, así como sobre otras dimensiones de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales, y repercuten de manera particular en las mujeres indígenas, las y los niños y jóvenes, las personas mayores indígenas y las personas indígenas con discapacidad.
En ese contexto, subrayó la necesidad de contar con mejores fuentes de datos desagregados para entender los verdaderos impactos de la pandemia en los pueblos indígenas y orientar las políticas públicas.
“La falta de información desagregada es también expresión de la discriminación”, enfatizó.
Alicia Bárcena advirtió también que las tensiones y conflictos derivados de la falta de garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las amenazas externas han seguido aumentado.
Precisó que, incluso antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, la Cepal identificó mil 223 conflictos en 13 países de América Latina, derivados de la afectación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas asociados a industrias extractivas, entre ellos, la minería, hidrocarburos, energía y los monocultivos. De hecho, casi dos tercios (63.7%) de ellos se originaron por la minería (43.5%) y los hidrocarburos (20.2%).
“Estos son los desafíos del “Buen Vivir”, porque nuestras sociedades están retornando a los privilegios que niegan derechos, a la concentración, a un modelo neoliberal que no logramos superar. Estas desigualdades históricas están aunadas al despojo y al saqueo de las tierras, de los recursos de los pueblos indígenas”, enfatizó.
Resaltó también
la urgencia de visibilizar y condenar los procesos de criminalización de la protesta social indígena ante proyectos de inversión que afectan a sus territorios.
“La expresión más dramática de la vulneración de sus derechos es el asesinato de defensores de la vida y los territorios de los pueblos indígenas.
Entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 líderes y comuneros indígenas fueron asesinados en el marco de los conflictos territoriales, gran parte de ellos asociados a la industria extractiva.
Esto significa que, en promedio, 4 defensores indígenas son asesinados cada mes en América Latina. Esto es grave”, afirmó.
Por ello, destacó la relevancia del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “el único tratado que protege la vida de los defensores ambientales”, subrayó.
La alta funcionaria aseveró que el “Buen Vivir” requiere reconocer la relevancia del territorio, el derecho a la cultura más allá del idioma, la que brinda conciencia y memoria histórica, espiritualidad, visión de la vida; el derecho a una educación pertinente y a su desarrollo con identidad como sujetos de derechos, y a los derechos territoriales.
