Alertan organizaciones sobre Ley Federal de Variedades Vegetales
Piden consulta de acuerdo con convenios internacionales
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) alertó que el proyecto de reforma sobre la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) promueve la privatización de las semillas y, por tanto, la protección de intereses comerciales de grandes transnacionales, a costa de las comunidades campesinas y originarias.
Ante ello, hizo un exhortó a la Cámara de Diputados a que sea sometida al proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares del convenio 169 de la OIT y con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También propuso un proceso de parlamento abierto, que permita escuchar las opiniones de las comunidades campesinas, académicos, consumidores y fitomejoradores del país.
Criticó que la iniciativa de ley promueva la adhesión de México a la UPOV 91 para defender los intereses de grandes empresas semilleras, por lo que exigió mantener la protección a las semillas nativas y criollas que permite la UPOV78 como hasta ahora, sin dejar de cumplir con las especificaciones del Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un pronunciamiento, la Campaña hizo un llamado a impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados dicha iniciativa que cancelará “tradiciones milenarias de uso e intercambio de semillas de las y los productores; la criminalización y pauperización del libre intercambio de semillas”.
Remarcó que dicha reforma promueve la propagación de semillas genéticamente modificadas (GM) y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas, cuando México es un país megadiverso, centro de origen, diversificación y domesticación de más de 100 especies vegetales creadas, preservadas y diversificadas milenariamente por las comunidades campesinas e indígenas.
Consideraron que esta enorme riqueza se encuentra bajo la amenaza de ser apropiada y explotada por parte de las corporaciones transnacionales semilleras, a través de una iniciativa de reforma a la LFVV.
En ese sentido, añadieron, de aprobarse esta iniciativa genera una dependencia a la compra de semillas a las pocas corporaciones que controlan el mercado mundial de semillas (Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta-ChemChina dominan 65% de las ventas mundiales de agroquímicos y 61% del mercado de semillas (FAO, 2017).
Manifestaron que la ley propuesta amplía el material protegido a la cosecha y a los productos transformados a partir de la cosecha, cuando hoy la protección se limita al material de propagación, lo cual impacta en el control privado de los múltiples posibles aprovechamientos derivados de las propiedades de cada variedad vegetal, como son medicamentos, combustibles y materiales.
También limita el libre uso e intercambio de semillas por las comunidades campesinas, pues las variedades generadas a través de estas actividades estarán cada vez más acotadas a un número restringido de semillas no sujetas al reclamo de propiedad intelectual, por ser variedades consideradas “esencialmente derivadas”.
La reforma permite a cualquier persona o empresa registrar como propio cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estén registrados previamente, sea patrimonio de comunidades originarias, pueblos campesinos o de cualquier otra persona.
Con una mínima modificación a las semillas o a cualquier parte vegetativa de las plantas domesticadas y desarrolladas con mejoramiento autóctono desde hace milenios por los pueblos originarios y los campesinos mexicanos, las empresas podrían privatizar y apoderarse del patrimonio de los campesinos y campesinas de México”.
La iniciativa –detallan– establece sanciones que configuran una perspectiva punitiva desproporcionada con la realidad del sector campesino mexicano, incluso cuando el perjudicado lo manifieste como “temor fundado”, contraviniendo el Principio de Congruencias establecido en la Constitución Mexicana. Además, el procedimiento administrativo de nulidad, revocación e infracción administrativa previsto en la iniciativa es muy complejo y desfavorable para los campesinos que pudieran verse afectados.
