Declaratoria de emergencia por sequía debe garantizar el derecho humano al agua
A la declaratoria del inicio de la emergencia por sequía severa, extrema o excepcional para el año 2022 en México le falta precisar la garantía del derecho al acceso al agua para el consumo humano y evitar el lucro, coincidieron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, Delia Montero Contreras, dijo que en la declaración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se menciona que las empresas voluntariamente dejen de utilizarla para destinarla a la población, pero “quiero ver qué empresario va a soltar su recurso”, pues muchas corporaciones tienen concesiones de pozos y el gobierno no controla los metros cúbicos que extraen al día.
“La declaratoria debió acompañarse de políticas de restricción del uso del líquido, de sensibilizar a todos los actores del problema hídrico, ya que sólo de esa manera es posible enfrentar una situación que amenaza con agravarse”, precisó.
En opinión del maestro Carlos Vargas Cabrera, integrante del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, la medida que plantea que usuarios distintos al sector público urbano doméstico puedan ceder volúmenes para atender a este último es endeble, pues no asegura el abasto a la población.
“Que se diga para el uso público urbano conlleva una controversia puesto que en ese apartado pueden entrar escuelas, hospitales y mercados, pero también incluir jardines e incluso pequeñas empresas”.
Por tanto, “se debe legitimar el derecho humano al agua, que significa proveer a la ciudadanía de un recurso de calidad, asequible, accesible, salubre, con una distribución equitativa y sustentable. Eso es lo que debería precisarse para hacer posible esa garantía”.
La Conagua debe administrar con ese principio de uso humano, pues tal como está definido el decreto es muy endeble. “Si revisamos las medidas contra la sequía en los Consejos de Cuenca las acciones se endosan al sector agrícola y no al industrial. Las agroindustrias casi no son tocadas a pesar de usar grandes cantidades para afianzar la exportación de sus productos”.
El académico comentó que el cambio climático está alterando los regímenes de lluvia, lo que no es privativo del norte, sino que ocurre también en zonas como Oaxaca, donde los aguaceros de corto tiempo causan daños y erosión, pero no se están recargando los acuíferos y algo similar sucede en la Península de Yucatán.
La propuesta para luchar contra la falta del bien es crear almacenamientos naturales, aspecto que se impulsa en el Lago Xico por medio de la participación de la UAM.
Ahí se plantea rehabilitar el agua, limpiarla y hacer un reservorio que beneficie a la población con líquido de calidad para diversos usos. “La iniciativa parte desde la Casa abierta al tiempo con la intervención de sus investigadores en un proyecto prototipo que debe replicarse a nivel nacional”, puntualizó el profesor.
La doctora Montero Contreras añadió que no se quiere aceptar que “estamos en una sequía crónica en la Ciudad de México, porque de los pozos se saca 60 por ciento que se usa en la metrópoli, mientras que el restante -40 por ciento- proviene de la Cuenca del Lerma y Cutzamala.
“En nuestra urbe, de acuerdo con las definiciones tenemos una sequía casi extrema y no se reconoce por los órganos de gobierno –entre ellos la Conagua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)– que nuestros pozos se están agotando”, apuntó la profesora.
Frente a ese desafío sugirió aplicar el concepto de una gobernanza policéntrica en la que todos los actores operen dentro de su espacio y competencia. “Como ejemplo, en el oriente de la capital del país el agua está mal distribuida y es de mala calidad, mientras que el poniente no tiene tantos problemas; por tanto, con esos dos extremos no podemos aplicar la misma receta para todos”.
El tema es complejo pues la red hidráulica es la misma, pero las condiciones de cada demarcación son distintos y el inconveniente es que la gestión del líquido está muy centralizada en un modelo de hace muchos años y existe poco intercambio de información entre las alcaldías y la Conagua.
En tanto no haya una representación con muchos centros de administración y flujos de información, será muy complicado atender el asunto, pues en Iztapalapa hay más industrias y en Benito Juárez hay más edificios que en otras jurisdicciones, por tanto, los requerimientos son diferentes y, en consecuencia, la regulación debería ser distinta.
“Una nueva gestión debe tomar en cuenta las características de cada alcaldía y en función de ello elaborar reglamentos e involucrar a todos los actores, considerando el derecho universal que tenemos al agua, como se encuentra establecido en nuestra Constitución Política”, concluyó la investigadora.
UAM
