Defiende CNA uso de plaguicidas y sugiere al Senado alternativas en Ley General de Salud

La prohibición a priori de plaguicidas, sin un análisis de riesgo, como lo plantean las reformas a la Ley General de Salud que se discute en el Senado mexicano, provocaría una caída del 30 al 40% en la producción agrícola y esto derivaría en un encarecimiento general de alimentos y una reducción en las exportaciones de productos hortifrutícolas mexicanos, que en 2021 sumaron 11 mil millones de dólares (mdd) y pérdida de empleos.

Así lo señala el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que además considera que en este tema se requiere de una “transición paulatina y en un esquema temporal suficiente que no ponga en riesgo el rendimiento de los cultivos, el bienestar de los agricultores y que permita el control de plagas y enfermedades”.

En los últimos días, el organismo cúpula del sector agroempresarial en México, que aglutina a firmas como Bayer-Monsanto, Syngenta y Corteva Agriscience –promotoras del uso de agroquímicos y transgénicos–, ha realizado un intenso cabildeo con legisladores para tratar de incidir en los términos del dictamen de las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República que integra cuatro iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas y bioinsumos,

En una comunicación enviada a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, Lilia Margarita Valdéz Martínez, el presidente del CNA, Juan Cortina Gallardo, expresa su preocupación por, “el impacto que causaría en el sector productivo primario, principalmente en pequeños y medianos productores, de aprobarse en sus términos dicha iniciativa”.

El dirigente agroempresarial propone, “humildemente”, una alternativa para que los productos para la protección de los cultivos –plaguicidas– considerados como “productos altamente peligrosos” puedan ser tratados desde el punto de vista de “límites máximos permisibles, es decir, hay productos que a nivel mundial tienen estipulados cantidades máximas residuales que si no se cumplen el productor no puede comercializarla y menos exportarla, por lo que finalmente el problema real es el uso de los productos y no el producto en si mismo”.

En el caso de “productos altamente peligrosos” expone que su clasificación debe hacer una distinción entre riesgo y peligro, porque no obstante que son productos que requieren de control y vigilancia más estrictos, “cuando son usados bajo las condiciones y recomendaciones de la etiqueta, se asegura su seguridad y efectividad”.

Cabe mencionar que los integrantes del CNA han insistido en que las decisiones se basen en ciencia. Al respecto cabe mencionar que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) manifestaron su “total respaldo” a la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud que se discute en el Senado mexicano, al considerar que, “representa una forma de minimizar los riesgos de plaguicidas en uso, en especial con atención a los compromisos establecidos en los distintos acuerdos multilaterales ambientales”. Los organismos refirieron una serie de documentos en línea que habla sobre los riesgos a la salud y medio ambiente generada por los plaguicidas.

En la misiva al Senado mexicano, Cortina Gallardo abunda en que,

antes de establecer prohibiciones en la regulación, se incluya en el marco normativo una definición de plaguicidas altamente peligrosos basada en un enfoque de riesgos, para que ello de pauta al análisis caso por caso de dichos productos y al establecimiento de criterios que deriven en políticas públicas apegadas a criterios científicos sólidos”.

Igual propone crear un sistema de Limites Máximos de Residuos que permita monitorear con laboratorios certificados el 100 % de los productos que lleguen al mercado nacional y así, “resolver el problema de salud pública que representa el mal uso de los plaguicidas en México”.

Manifiesta su coincidencia con las comisiones dictaminadoras sobre la necesidad de establecer en la legislación mexicana disposiciones que permitan, tanto a las autoridades como al sector privado y a los productores, identificar cuáles son las sustancias químicas que pueden representar mayores niveles de riesgo. Y sugiere que éstas sean, “evaluadas, mitigadas y en caso de ser necesario, restringidas o retiradas gradualmente para así lograr una protección efectiva a la salud y al medio ambiente, protegiendo a la vez la producción nacional de alimentos”.

Hace hincapié en que incluir como se propone una prohibición a priori de estos productos sin mediar un análisis de riesgo previo, “lejos de contribuir a enfrentar los retos de salud y medio ambiente, conducirá a la generación de problemas muy serios como la ilegalidad, el riesgo la integridad de los seres humanos y la disminución en la producción de alimentos…”

Alerta sobre encarecimiento y mayores importaciones de alimentos

Como parte de los argumentos que han reiterado los agroempresarios del CNA, Juan Cortina insiste en que la prohibición injustificada de plaguicidas puede tener, “severas afectaciones en el bienestar de millones de personas, en su mayoría, pequeños y medianos productores (menos de 10 hectáreas) que trabajan y viven del campo, llegando a afectar, en costos y rendimientos, a cerca de 200 productos agrícolas que se cultivan en México”.

El CNA proyecta que los alimentos que se encarecerían en primera instancia serían los de la canasta básica.como maíz, el frijol, el trigo, el arroz, el sorgo, la caña de azúcar y las oleaginosas, pero el encarecimiento sería general para todos los alimentos.

Recuerda que para 2022, se estima que México importará 18 millones de toneladas de maíz, pero ante una posible eliminación de productos para el control de ciertas plagas, como el gusano cogollero, que afecta la producción del maíz, podríamos enfrentar una pérdida del 30 al 40% del rendimiento en la producción nacional y esto implicaría importar alrededor de 5 millones de toneladas adicionales de maíz para 2023, para llegar a 23 millones de toneladas importadas y esto tendría un sensible impacto para la producción destinada al autoconsumo.

El CNA anota que el sector agrícola constituye uno de los pilares fundamentales de la economía social en México, al emplear a más de 5.4 millones de mexicanos, alrededor del 9.8% de la población ocupada del país y es la principal actividad y medio de subsistencia para la población rural, la cual representa una cuarta parte de la población nacional.