Divide opiniones reformas a legislación de plaguicidas

Una defensa a ultranza de posiciones a favor y en contra de los agroquímicos, y una posición ambigua de parte de las autoridades federales y legisladores, se dio en Primer Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas y Fertilizantes, realizado el Senado de la República.

Legisladores, especialistas y representantes de los sectores productivo analizaron los alcances de las reformas a la Ley General de Salud, así como de la minuta que reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ambas en materia de agroquímicos.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, aseguró que la dependencia que encabeza “no promueve ni utiliza de modo alguno el agroquímico denominado glifosato, por el contrario, estamos cumpliendo con el decreto presidencial para sustituirlo gradualmente”.

No obstante, acotó, “debemos advertir responsablemente del riesgo para la seguridad alimentaria que implicaría la prohibición inmediata del uso del glifosato y plaguicidas pues impactaría la producción en sus rendimientos y costos, así como la disponibilidad de alimentos y presionaría al alza el precio de los básicos y se afectaría, en primer lugar, a la población más vulnerable”.

El funcionario federal –que en gobiernos pasados ha sido señalado por promover los transgénicos– expuso que ante esta medida se estima una afectación de entre 30 a 40 por ciento de la producción de alrededor de 64 cultivos agrícolas y se requerirán alternativas viables en el control de las malezas, plagas y enfermedades, y que considerando los imponderables climatológicos cotidianos, son de las principales amenazas a la actividad agrícola y retos que deben sortear las familias productoras, particularmente en esta coyuntura pospandemia y de inflación en insumos agrícolas y alimentos.

Ante senadores, legisladores, productores, investigadores, académicos, representantes de la industria y público en general, apuntó que,

en la actualidad las alternativas al glifosato y plaguicidas son limitadas, menos eficientes en tiempos de control y más costosas”.

Villalobos Arámbula resaltó que se cuenta con la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para articular, promover y apoyar investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que permitan sustentar y proponer alternativas tanto en métodos combinados de aplicación como insumos sustitutos, y entendiendo que, muy probablemente, las alternativas de solución y reemplazo al glifosato y plaguicidas, serán integrales y diversas por cada cultivo y en cada región del país.

Enfatizó que la dependencia promueve buenas prácticas agrícolas y estrategias para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, que permite optimizar y reducir gradualmente el uso de plaguicidas con innovaciones en los métodos de aplicación y alternados con productos biológicos u orgánicos, así como control mecánico o humano

En representación de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, participó Adelita San Vicente, quien  consideró que la iniciativa en cuestión es relevante porque pone en ley el decreto presidencial sobre glifosato que retomó la demanda de organizaciones para detener plaguicidas “tan perniciosos” y los organismos genéticamente modificados.

Hizo hincapié en que los plaguicidas son sustancias que “matan y matan todo.. tenemos venenos altamente peligrosos”. Habló de los efectos nocivos en medio ambiente y en particular sobre las abejas y de los países que han prohibido el glifosato, donde mencionó a Alemania que emitió una ley para prohibirlo en 2024.

La funcionaria federal llamó la atención sobre el conflicto de interés, “no podemos permitir que nos guíe la gente que tiene grandes intereses en este tema”. Cuestionó que en este parlamento había hecho propuestas, incluso de apicultores que están en serios problemas, pero no fueron aceptadas y esto no puede ser porque hay grandes intereses económicos, lamentó

Ante los legisladores, el director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus alternativas en México (Rapam), Fernando Bejarano González, llamó la atención sobre la mala propuesta de reforma de Ley general de equilibrio ecológico y protección ambiental, que dictaminará la Comisión del Medio Ambiente del Senado, dado que subordina la aplicación del “principio precautorio” a la “evaluación, comunicación y manejo de riesgo” y  esto contradice dicho principio.

El experto argumentó que dicha evaluación propone establecer niveles aceptables de exposición para que hagan funcionar al mercado y es parte de la “arquitectura regulatoria neoliberal que ha servido para retrasar y bloquear medidas desprotección a la salud y el medio ambiente”.  Es una metodología tardada, costosa y manipulable que no refleja la realidad de la exposición a los plaguicidas altamente peligrosos en México señalada por toxicólogos y expertos en salud publica en América Latina y en Europa.

Bejarano manifestó que diversas organizaciones, expertos y académicos, apoyamos la inclusión del principio precautorio en políticas públicas cuando hay efectos graves en la salud y el medio ambiente como lo propone la reforma a la Ley  de Salud y lo recomiendan relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos a los Estados, quienes  tienen el deber de evitar la exposición a plaguicidas altamente peligrosos.

También anotó que estos sectores apoyan el Programa nacional de prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, lo cual es consecuente con la recomendación de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación a derechos humanos a la alimentación, la salud, agua potable y a un medio ambiente sano.

Hablan los legisladores

La presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Nancy Sánchez Arredondo, aseguró que con este diálogo se buscan propuestas que permitan cambiar las prácticas de siembra y que se utilicen plaguicidas menos tóxicos para no afectar la producción agrícola ni la salud humana.

“Queremos un trato justo en la legislación sobre la producción de agroquímicos y que hablen también los productores, para saber qué sí y qué no sobre los plaguicidas que se deben usar”, subrayó la senadora Sánchez Arredondo.

El senador José Narro Céspedes, secretario de la Mesa Directiva, aseguró “estamos viviendo un proceso de transición y de técnicas alternativas que están llevando a una nueva agricultura sustentable, donde será importante el empleo controlado de agroquímicos, junto con los organismos genéticamente modificados, cuya importación será sustituida en el 2024 por la producción nacional de alimentos”.

“Para eso se necesita impulsar la producción de bioinsumos que permitan empezar a sustituir las sustancias que son muy tóxicas para la salud. Es un paso que debemos acelerar”, exhortó.

El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, aseveró que para satisfacer la demanda de la producción, los agricultores requieren implementar métodos de prevención contra plagas que afectan el rendimiento de los cultivos.

También indicó que se deben adoptar sistemas de producción con una transformación ordenada y un sistema temporal eficiente, que garantice el rendimiento de los cultivos, el bienestar de los agricultores, así como el control eficiente de plagas y enfermedades.

En tanto, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, afirmó que los plaguicidas están reconocidos como base para la producción agrícola, a fin de mantener un alto rendimiento de las cosechas.

Industria y agroecologistas defiende su posición

En su oportunidad, el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, coincidió con la advertencia que hizo el titular de Sader en el sentido de “si vale la pena o no tomar decisiones precipitadas”, en referencia a la prohibición de plaguicidas, por todas las implicaciones que dicha prohibición tendría en la producción de alimentos.

En su intervención, consideró importante que se tomen medidas hacia una agricultura sustentable, pero no por ello se debe de limitar la agricultura comercial, la única que puede garantizar la producción suficiente de alimentos y una prohibición de plaguicidas desplomaría la producción agrícola y pecuaria poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”.

En contraste, el presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos (AMPBIO) Ignacio Simón, rechazó que los bioinsumos no sean capaces de producir los alimentos que necesitamos, porque existen muchas técnicas para producirlos y con ciencia y práctica es posible.

Es una falacia decir que sin venenos se va a caer la producción y nos vamos a morir de hambre”.

Criticó que se apoyo al fertilizantes químicos y se quiten insumos a sulfato de de amonio, que solo beneficio a grandes empresas; mientras que no hay una normatividad específica para los bioinsumos y existe una carga excesiva para la obtención de registros sanitarios ante Cofepris.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), Alfredo Díaz Belmonte, dijo que la regulación de los plaguicidas en el país “debe basarse en estudios y evidencias científicas y no en función de prejuicios, porque es demasiado lo que está en juego en el país como para que la política pública del sector agropecuario se defina de acuerdo a ideologías y no con el rigor que exige el tratamiento de una materia como el uso y manejo de plaguicidas”.

El experto de la Universidad Autónoma Chapingo y promotor de la agricultura orgánica en el país,Homero Blas Bustamante, puntualizó que los productores que exportan a los Estados Unidos saben de las restricciones que hay para exportar productos mexicanos y muchos alimentos son rechazados porque no pasan los niveles de calidad por residuos de pesticidas y esos productos son los que se venden al mercado mexicano.

Recordó que en el mundo se aplican 4.6 millones de toneladas plaguicidas y su impacto es en cultivos, pero también en el medio ambiente y en el ser humano. En el caso de fertilizantes, 40% de lo que se aplica se aprovechan y el resto se va a aguas continentales y marinas, por esos problemas generados por contaminantes, como el sargazo.

El director de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, expuso que “los senadores deben considerar en el proceso de la regulación de plaguicidas, las aportaciones contundentes que presentaron académicos, investigadores y funcionarios como el propio Secretario de la Sader y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el sentido de que la prohibición tajante de plaguicidas tendría un efecto muy importante en la producción agrícola del país.

El director de la la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos, ANAPROCI, Humberto Arenas Reyes, dijo que

el problema no es que los plaguicidas sean en sí peligrosos, sino que son las dosis y el uso y aplicación adecuada de esos insumos los que deben guiar la política regulatoria”

El encuentro fue convocado de manera conjunta por las comisiones de Salud; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Estudios Legislativos, Segunda; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Al evento, realizado en el patio central de la Antigua Casona de Xicoténcatl, asistieron la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, y el senador Arturo Bours Griffit, integrante de la Comisión de Agricultura, ambos de Morena.