Eliminación de glifosato a contra reloj; excesiva burocracia y austeridad de 4T ralentizan su eliminación
La aplicación del decreto presidencial contra el uso del glifosato va contra reloj y el cambio agroecológico que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) para implementar alternativas se ralentiza por la excesiva burocracia, el papeleo “super exagerado”, y un manejo administrativo en las instituciones gubernamentales que prioriza trámites por encima de las prácticas agroecológicas y la capacitación que deben recibir los técnicos y productores para hacer está transformación.
La eliminación gradual y final del uso del herbicida tiene múltiples problemas que resolver para dar cumplimiento al mandato presidencial, donde además de las presiones de las transnacionales, también está la austeridad repúblicana o pobreza franciscana, que limita los recursos económicos federales y el personal para coordinar los trabajos y desarrollar procesos que conlleven a la conclusión del mismo en 2024.
Las reflexiones surgen de lo planteado por investigadores y expertos en el simposium, ¿México, un país sin glifosato?, realizado en la Universidad de Chapingo (UACH).
El glifosato sólo es sólo la punta del iceberg en el uso de 180 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en México y, no obstante, representar una “ruptura con la concepción regulatoria neoliberal”, está pendiente una política de sustitución y reducción progresiva de los PAP, anotó el director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus alternativas en México (Rapam), Fernando Bejarano González.
Advirtió que el decreto sobre glifosato está sujeto a un proceso de judicialización, ya que hay 43 juicios de nulidad por parte de once empresas trasnacionales y de genéricos, además se prevén futuras demandas; también hay presiones internacionales del gobierno de Estados Unidos y las firmas trasnacionales.
En México, detalló, existen 164 registros sanitarios en Cofepris vigentes para glifosato y recordó que, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), basados en la industria, en nuestro país la tercera parte del glifosato se aplica en maíz y 14% en cítricos. Pero existen más de 30 cultivos que utilizan herbicidas con base en glifosato y en más de 50 cultivos está autorizada su aplicación por parte de la Cofepris.
Refirió que el glifosato que se usa en nuestro país se importa de Estados Unidos y China, que es la plataforma internacional de exportación de agrotóxicos y plaguicidas más importante de todo el mundo, dado que de las 20 empresas de mayor venta en el mundo, 10 son chinas; y las trasnacionales Monsanto, (Bayer), Corteva (Dow-Dupont), Basf y Syngenta, propiedad de los chinos, controlan el mercado mundial.
Para dar cumplimiento al decreto presidencial sobre glifosato, puntualizó Fernando Bejarano, desde diciembre de 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la importación de 67 mil toneladas del herbicida invocando el principio precautorio; sin embargo, la estrategia necesita consolidarse con medidas como mejorar la coordinación de los distintos programas del gobierno federal que apoyan alternativas agroecológicas a los plaguicidas, los cuales son operados por las secretarías de Agricultura, la del Bienestar y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En su presentación, el experto planteó que un obstáculo de la propia política pública es la austeridad republicana, el tope del gasto público para fortalecer los mecanismos de vigilancia en la Profepa, las secretarías de Salud y del Medio Ambiente; en paralelo falta crear un mecanismo de participación ciudadana para saber qué esta prohibido y poder denunciar. Todo esta parte –recalcó– esta totalmente ausente y corresponde a las comunidades organizadas, a nivel local y estatal, fortalecerla.
Ir más allá del glifosato y eliminar burocracias
Fernando Bejarano señaló que el planteamiento agroecológico requiere incluir una revisión amplia de los PAP con criterios que incluyan su alta toxicidad aguda, los problemas crónicos en la salud y el medio ambiente que ocasionan; incluir el principio precautorio, establecer mecanismos de revocación de registros con vigencia indeterminada y brindar apoyo a la entrada de bioinsumos.
En el encuentro, el especialista aseveró que a pesar de la toxicidad y el peligro que representan los plaguicidas para salud y el medio ambiente, en la transformación del régimen regulatorio neoliberal está pendiente el derecho público a saber cuáles se usan, dónde y cuándo. Y en materia de normas, la prohibición de fumigaciones aéreas con PAP.
En cuestión legislativa advirtió sobre la necesidad de impedir la aprobación de reformas a la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) en el Senado que subordinen el principio precautorio a “evaluación de riesgos”, que es un proceso tardado, costoso, manipulable que acepta límites tolerables de exposición.
En su presentación, el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI), de la UACH, Manuel Ángel Gómez Cruz, anotó que existen una serie de problemas que enfrenta la propuesta de cambios de la 4T para una transición agroecológica y subrayó que quedan pocos meses para la prohibición total de glifosato en México y encontrar, promover e instrumentar las alternativas que ya sea han desarrollado para manejo de arvenses en México.
La 4T va contra reloj en la propuesta del decreto presidencial para la sustitución gradual y su cancelación total al término de 2024”.
Entre los problemas que mencionó para la sustitución gradual del glifosato y su eliminación está el arraigo de los productores a utilizar agrotóxicos debido a factores económicos, sociales y culturales; y la oposición de las grandes empresas productoras y vendedoras de agrotóxicos, primeros afectados al cambio hacia la agroecología.
Otro aspecto es la falta capacitación agroecológica para los técnicos involucrados en los programas federales, estatales y municipales, ya que estos fueron formados bajo el modelo de revolución verde –basada en agrotóxicos– y no están capacitados para laborar en el proceso agroecológico que promueve la 4T.
Además existen procedimientos burocráticos en los programas gubernamentales y, “en el manejo administrativos existe un lento proceso de papeleo súper exagerado, que acaba por ser casi más importante lo administrativo, el trabajo de oficina y la comprobación quisquillosa de los recursos, que el trabajo de vinculación y extensionismo en la práctica diaria con los productores”.
El doctor Gómez Cruz presentó el proyecto Conacyt Plan de manejo integral para la sustitución de glifosato en el cultivo de naranja valencia en el norte de Veracruz para la masificación de la producción de este cítrico libre de glifosato en esa zona, donde trabajan con productores de siete municipios –que aportan el 60% de la producción de naranja de la entidad– y el plan piloto para este año considera 3 mil citricultores.
La propuesta contempla agricultores menores de 10 hectáreas y la premisa es suspender el uso de herbicidas en por lo menos 20% de su parcela. De octubre a la fecha se han atendido a 2415 productores y técnicos con talleres de capacitación en prácticas agroecológicas, donde no se usan herbicidas para el manejo de arvenses –malezas–, de plagas y enfermedades.
El proyecto tiene como base la “Huerta madre” de naranja –en el norte de Veracruz–, donde con prácticas agroecológicas se han logrado rendimientos de 35 a 40 toneladas por hectárea de la fruta contra el promedio regional de 12 toneladas. Gómez Cruz igual destacó cómo es que los productores se organizaron para comercializar su producto, lo que hizo posible vender su cosecha a las jugueras en más del doble respecto al precio de la naranja convencional.
El especialistas, quien es profesor, investigador y pionero en manejo de agricultura orgánica en citricultura, recalcó:
estamos empezando con glifosato y vamos por los demás agrotóxicos. Nuestro planteamiento es integral”.
El decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020 plantea que en la reducción gradual de glifosato se debe disminuir la importación del mismo en 25% para 2021; en 55% en 2022 y en 25% para 2023; en 2024 quedará prohibida la importación y utilización del herbicida en México.