El Programa de Precios de Garantía no tiene una estrategia de cobertura focalizada, ni cuenta con un censo específico que justifique la distinción más allá de la asignación directa, por lo que legisladora de oposición promueve una iniciativa para garantizar un ingreso mínimo rentable al agricultor por la producción de alimentos básicos.
La propuesta busca establecer una estrategia dirigida a evitar que únicamente los productores de algunas entidades resulten beneficiados, mientras que otros, con mayor capacidad productiva, no puedan aprovechar el apoyo.
Así lo expuso la diputada Paloma Sánchez Ramos (PRI) quien impulsa la iniciativa que modifica la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que el productor tenga un ingreso mínimo rentable.
En un comunicado, la diputada consideró fundamental establecer precios de garantía que aseguren un ingreso mínimo rentable por la producción de alimentos y productos básicos y estratégicos, evitando la volatilidad del riesgo a futuro por condiciones eventuales imprevistas y fuera del alcance de quien realiza esta actividad.
La diputada por Sinaloa afirmó que la agricultura está expuesta al riesgo constante debido a la naturaleza de su funcionamiento, dependiente de muchos factores, como son las condiciones climáticas, que ponen en jaque la seguridad productiva de un agricultor y, por lo tanto, los ingresos que pueda obtener.
Es inconcebible suponer que el libre mercado puede asegurar, por sí solo, la competencia y producción adecuada cuando existen tantas variables en la ecuación”.
Sánchez Ramos expuso que el organismo público descentralizado denominado Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), tiene como uno de sus objetivos elevar las ganancias de los productores agrícolas, así como combatir el déficit alimentario que vive el país.
No obstante, agregó, el PGPAB sólo aborda cinco de los 12 productos prioritarios que están plasmados en la vigente Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Además, explicó que la estrategia del programa no contempla dar certeza a las entidades que participan con una mayor producción por hectárea de apoyo, sino que elabora un esquema de distribución por igual, sin tomar en cuenta el precio medio rural por entidad federativa, es decir la población objetivo no está cuantificada, sino generalizada.
Sánchez Ramos sostuvo que la propuesta en esta materia debe establecerse sobre la base de señalar la diferencia entre las unidades productivas mexicanas, haciendo énfasis en los apoyos sobre los ingresos mínimos a los productores por la inversión, para que la producción agrícola siga siendo rentable.
