Más de diez millones de peruanos (31.15% de la población) ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe, destacó el relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento, citando datos del Ministerio de Salud de Perú y llamando al gobierno a atender el problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras.
El relator Pedro Arrojo-Agudo visitó Perú recientemente, en medio del convulsionado entorno político que vive el país andino. “He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura”, explicó, señalando que dichos problemas tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
La grave situación en Cajamarca
En sus observaciones finales tras la misión en el país, expuso que su visita a la región de Cajamarca confirmó la gravedad de las afecciones a la salud de la población que infligen las actividades mineras.
“Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores”, apuntó el experto.
Añadió que la inacción de la Autoridad Nacional del Agua, que niega las evidencias de contaminación tóxica, ha dado lugar a una gran desconfianza de la población en las instituciones públicas.
Arrojo-Agudo advirtió que si bien la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo.
Retomó el ejemplo de Cajamarca, subrayando que en la ciudad capital de esa provincia, el 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera.
Además, expresó preocupación por la dificultad para acceder a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes.
El relator reconoció los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque manifestó inquietud con respecto a su implementación efectiva.
“Es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo por un enfoque ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos”, dijo.
Arrojo-Agudo llamó, por otro lado, a promover una gestión integrada que permita superar la vigente dispersión de competencias reforzando las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
