Los más de mil 200 proyectos mineros que ocupan entre 11 y 12 por ciento del territorio nacional –equivalente al estado de Chihuahua– sólo aportaron 0.9 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2010 a 2018, afirmó la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Al participar en el Seminario virtual Visiones de la crisis climática y otros problemas medio ambientales, organizado por la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco, indicó que, a pesar de los datos expuestos por la Secretaría de Economía, el valor de esta actividad pasó de 140 mil millones a 248 mil millones de pesos en los últimos años, cantidad no reflejada ni en el PIB nacional ni en las finanzas públicas.
Entonces, la escasa recaudación tributaria es grave para las finanzas públicas, toda vez que el sector aportó en 2019 sólo 0.52 de los ingresos federales, mientras que contribuyó con 2.3 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR).
“Vale la pena anotar que a partir de las devoluciones, erogaciones y estímulos a empresas, en 2018 el gravamen minero fue de 1.8 por ciento y el impuesto al valor agregado fue de 0.3, dos indicadores de las finanzas que dan cuenta de que el sector no está aportando demasiado”, enfatizó.
La investigadora del departamento de Producción Económica subrayó que las empresas extractivistas –muchas de ellas extranjeras– cuentan con un periodo de entre 50 y 100 años para explotar yacimientos que destacan por ser de clase mundial, ricos en oro, plata y cobre.
Contrario a la idea de que las comunidades donde se desarrollan los proyectos gozan de riqueza económica y desarrollo, en al menos 13 de las más importantes poblaciones mineras hay pobreza por encima de la media nacional, siete presentan pobreza extrema, además de que al menos en diez sólo una parte de sus habitantes concluyó la educación básica o carece de enseñanza formal.
También tienen falta de acceso a drenaje, pisos de cemento y servicios de salud, “lo cual significa que esta actividad no ofrece desarrollo, bienestar y crecimiento, por lo que no ha aportado a nuestros países ni en bienestar ni en crecimiento”, resaltó al dictar la conferencia La minería en México.
“Estos espacios facilitan la monopolización territorial, donde también existen los compadrazgos políticos y se fomenta la creación de grandes oligopolios. Si bien las mineras nacionales parecen pocas en número, lo cierto es que se han convertido en notables y poderosos actores internacionales debido a la forma en que han dominado este sector en México y América Latina”.
Aun cuando las empresas del tipo han explorado más de 30 por ciento del territorio –que no necesariamente significa tener concesiones– México es el principal exportador mundial de plata y se ubica dentro de los diez mayores en otros minerales preciosos e industriales como oro, plomo, zinc, cobre y litio.
“Entre tres y cinco empresas, casi todas mexicanas, son las que dominan la tercera parte de la extracción de estos cinco minerales, aunque en relación con el cobre es solo una empresa nacional la que extrae 73 por ciento de la producción”, anotó.
Grupo México y Peñoles han podido posicionarse dentro de las más significativas del mundo, dado que monopolizan los procesos de refinación de oro y plata en todo el país.
Los grupos comerciales que poseen estas empresas también tienen participación en infraestructura, telecomunicaciones, además de que se identifica a sus cabezas entre las personas más ricas en el país, subrayó la coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables.
Queda claro que la minería no es una oportunidad para dejar la pobreza, porque muchas veces los habitantes de las tierras son obligados a abandonar sus lugares, como ocurrió en Peñasquitos y San Javier, para dar paso a la extracción, aunque ha habido también casos de éxito como en Baja California y en la Sierra Norte de Puebla, donde incluso la comunidad se opuso al desarrollo de un megaproyecto.
En este contexto, Azamar Alonso refirió la propuesta, proveniente de académicos y de la colectiva Cambiémosla, de modificar la Ley Minera, así como crear los marcos regulatorios en materia socio ambiental e insistir en retomar por parte de la Cámara de Diputados de la propuesta para prohibir esta actividad en áreas naturales protegidas.
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica subrayó además la relevancia de reformas a la legislación de esa labor desde una perspectiva del principio precautorio, pues se estima que en México se habían ocasionado al menos 374 conflictos de 134 mineras entre 2006 y 2019, los cuales han causado daños ambientales, por lo que urgió a reglamentar en torno a responsabilidad, respeto, prevención, derecho a conocer la información, democratización en la toma de decisiones.
“De esta manera se conseguiría una forma de hacer leyes más justas para todos, evitando riesgos latentes que inevitablemente tendrán efectos negativos a futuro, así como crear un marco de protección robusto y eficiente para toda la población para acabar con datos como los 34 casos de violencia por despojo de tierras, lo cual representa 38 por ciento de todas las agresiones cometidas en 2017 y de los 29 homicidios ocurridos, nueve de ellos vinculados a actividades extractivistas y de despojo”.
