Pena hasta de 12 años de prisión a quienes incurran en tráfico de ganado
Legisladores aprueban reforma para penalizar de dos a doce años de prisión a quienes incurran en el delito al delito de “tráfico de ganado”.
Desde hace más de 30 años ingresan al país ilegalmente de entre 800 mil y un millón de cabezas de ganado de manera anual, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), argumentó la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
Ante esta problemática la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 171 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para aumentar las penas contra el comercio ganado de forma ilegal.
Al presentar la iniciativa, Elizondo Guerra puntualizó que con la reforma se incrementan las penas previstas para quienes introduzcan de forma ilegal al territorio nacional animales de bienes de origen animal o productos para uso o consumo animal, y transporten, comercialicen o sacrifiquen ganado de forma ilegal.
Expresó que estas medidas tienen como principal propósito erradicar la actividad ilícita de contrabando y robo de ganado, reducir la corrupción en la materia de la administración pública federal y mejorar el control sobre la procedencia del ganado, lo cual dará paso a tener alimentos de mayor calidad.
En tanto, Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas CNOG, señaló que la reforma en cuestión beneficia no sólo al sector pecuario, sino a la salud de las personas que consumen productos de origen animal, pues el tráfico de ganado genera un peligro para la sanidad e inocuidad de los productos que llegan a las mesas de los mexicanos.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, presidente de la Comisión de Ganadería, aclaró que estas medidas tienen el objetivo de combatir y prevenir el tráfico de especies ganaderas, ofreciendo certeza a los productores y evitando daños a la estabilidad económica, sanitaria y a la soberanía alimentaria.
Al respecto Cházaro Montalvo señaló que el dictamen aprobado considera una pena de dos a doce años de prisión y una multa de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección en materia zoosanitaria y ponga en peligro o en riesgo la situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo respectivo.
Explicó que la pena podría incrementarse en una mitad más, en caso de que un servidor público, por sí o por interpósita persona, participe en dar acceso a esta importación de ganado a territorio nacional, violando la normatividad sanitaria; y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos durante la privación de la libertad impuesta.
La diputada Elizondo Guerra, mencionó que la ganadería genera un valor de exportación de 3 mil 537 millones de dólares al año. Estos resultados posicionan a nuestro país como el séptimo productor a nivel mundial de proteína animal.
La legisladora también refirió que se endurecerán las sanciones para quienes alteren, reutilicen, proporcionen información falsa o falsifiquen los dispositivos de identificación oficial para la verificación del ganado y las campañas zoosanitarias.
El panorama actual, consideró, pone en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector al no cumplirse con los estándares en materia de sanidad e inocuidad, como la obligación de colocar los aretes para la movilización del ganado.
Y subrayó:
el contrabando pone en riesgo el consumo interno, las exportaciones, el desarrollo del sector ganadero, y lo más importante, la salud de las y los consumidores”.
