La protección del medio ambiente debe ir de la mano de la protección de las personas que lo defienden, ya que a veces, pagan con su propia vida su activismo, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, reveló que denunciar y defender los derechos medioambientales puede tener un coste enorme, ya que los activistas han sido asesinados o sometidos a abusos, amenazas y acoso.
Y señaló, “corren un riesgo especial las personas que se manifiestan contra la deforestación, las actividades extractivas, la pérdida del patrimonio cultural o la identidad, o los proyectos de desarrollo y las empresas agrícolas a gran escala, incluidos los destinados a producir energía limpia, como las megapresas”.
Muchos defensores de los derechos humanos medioambientales son también pueblos indígenas o miembros de comunidades locales o grupos minoritarios, o quienes los representan.
Garantizar la responsabilidad
Bachelet subrayó que los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos medioambientales y de las comunidades a las que representan. Las autoridades también deben prevenir y garantizar la responsabilidad de los ataques.
Estas acciones están en consonancia con una resolución del Consejo adoptada el año pasado que defiende el derecho a un medio ambiente sano, dijo.
“Además, es fundamental que los Estados regulen efectivamente a las empresas y las hagan responsables de las violaciones de los derechos humanos”, dijo, mientras que las propias corporaciones también tienen un deber similar que deben cumplir, como se indica en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
La Alta Comisionada aconsejó que, antes de emprender cualquier proyecto de impacto climático, tanto los gobiernos como las empresas deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo en materia de derechos humanos.
“Si los derechos de los pueblos indígenas corren el riesgo de verse afectados negativamente por estos proyectos, es crucial que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado”, alertó.
Además, los derechos a la información, la participación y la justicia también están protegidos por la legislación internacional de derechos humanos, y están estipulados en los acuerdos medioambientales.
Cuando se respetan estos derechos, “tanto la tierra como las personas que la defienden están mejor protegidas”, dijo Bachelet.
