Piden a la SCJN priorizar derechos indígenas y no intereses de empresas mineras
El próximo 16 de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará resolución del Amparo en Revisión 134/2021 que interpuesto la comunidad nahua y el ejido de Tecoltemi del estado de Puebla en contra de la Ley Minera.
En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA) señalaron que el caso es de suma relevancia, pues representa una oportunidad histórica para que el máximo tribunal de justicia contribuya de manera efectiva a la protección y garantía de los derechos de todos los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios en el país, al evidenciar una legislación discriminatoria que coloca las actividades mineras -y con ello los intereses de las empresas beneficiarias- como preferentes y por encima de cualquier otro uso del territorio.
Ya el pasado 13 de enero, la Semarnat hacía un llamado para que el asunto sea resuelto conforme a los estándares de protección de derechos más altos, y para que priorice la vida, el territorio y el ambiente y no los intereses de las empresas mineras. A este llamado se suman ahora el INPI y la PA, quienes tienen entre sus atribuciones la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el primero, y la defensa de los sujetos agrarios, el segundo.
En México existen más de 32 mil ejidos y comunidades agrarias, que constituyen gran parte del territorio nacional y que albergan una vasta diversidad de ecosistemas y recursos naturales; además son hogar de muchos mexicanos y mexicanas, incluyendo pueblos indígenas. De acuerdo con datos de la PA, unos 5 mil núcleos agrarios se encuentran afectados directamente por concesiones mineras, lo que representa más de 15 millones de hectáreas de propiedad social.
Y aseguraron que la minería es una actividad que no puede ejercerse sino en espacios territoriales, muchos de ellos propiedad de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas, por lo que no hay duda de que la legislación minera tiene relación directa con sus derechos.
