Reconocen organizaciones “la voluntad política” de la 4T para cancelar importación de maíz transgénico y uso de PAP
La Campaña nacional sin maíz no hay país reconoció “la voluntad política” del gobierno federal para dejar de importar maíz transgénico y prohibir gradualmente el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en la agricultura de México.
En un pronunciamiento, el organismo expuso que el Tratado Comercial México – Estados Unidos–Canadá (T-MEC), “no nos obliga a autorizar la importación de transgénicos o productos de la biotecnología moderna, como lo llaman en el Tratado (Art. 3.14), por lo que no es un impedimento para el cierre de importaciones; sólo hay que ser congruentes y no importar maíz transgénico de ningún país”.
Recordó que el maíz transgénico es el que más se siembra en Estados Unidos, y es el que exporta a México; representa una tercera parte del consumo nacional, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. “Se trata de un maíz totalmente diferente de los maíces mexicanos, ya que se desarrolla en laboratorios y es de carácter industrial, no alimenticio, pues se destina a la producción de etanol, de forraje y es un insumo para los productos ultraprocesados”.
En este sentido, la Campaña consideró que México deberá tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de su población mexicana.
Añadió que “se ha dicho que si México no importa maíz amarillo transgénico se pone en riesgo la alimentación; al respecto es necesario recordar que nuestro país es autosuficiente en maíz blanco y en maíces nativos para tortilla, que es nuestro principal alimento”.
Frente a este escenario, planteó que las productoras y productores de Estados Unidos se encuentran ante la oportunidad de desarrollar un mercado de maíz sin Organismos Genéticamente Modificados (OGM), exigencia que ha estado presente durante mucho tiempo en la población del país vecino.
Dos visiones del sistema alimentario
En su comunicación, la Campaña nacional sin maíz no hay país acusó que existe una campaña desinformativa que pone en duda la viabilidad del cumplimiento del decreto presidencial de eliminación progresiva del uso del glifosato y del maíz transgénico para el 2024.
Puntualizó que es evidente que hay un enfrentamiento entre dos visiones sobre el rumbo que debe tomar la política alimentaria de México, por un lado está, “una retrógrada que en la práctica está defendiendo los intereses de la élite agroempresarial unida a los de las transnacionales que controlan las semillas (híbridas y transgénicas), así como los plaguicidas”.
La otra es una “visión progresista que busca ejercer la soberanía alimentaria y profundizar la transformación del sistema alimentario para garantizar los derechos a una alimentación sana, a consumir alimentos producidos en el país sin maíz transgénico e ir eliminando de manera gradual el uso PAP que pueden causar daños irreversibles a la salud como cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales, además de daños ambientales como son la contaminación de los suelos y del agua, la muerte de las abejas y otros insectos polinizadores”.
Es innegable que el maíz transgénico y los PAP que los acompañan son la punta del iceberg de un modelo agroindustrial depredador basado en monocultivos que erosionan los suelos, sobreexplotan y contaminan el agua.
Manifestó que ante los riesgos para la salud y frente a la posibilidad de contaminación de maíces nativos por la presencia de maíz transgénico, se impone el principio precautorio, tal como lo indica la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y como lo recomendó en su informe, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental del propio TLCAN, en 2004.
La Campaña, integrada por diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil, expresó que es “urgente la transición agroecológica, garantizar presupuesto y fortalecer el marco regulatorio para transitar hacia una agricultura libre de transgénicos y su paquete tecnológico” y “es tiempo de realmente desarrollar políticas públicas que dan prioridad al interés común, al bienestar de la población y no a los intereses meramente económicos de las corporaciones transnacionales”.
