Regular plaguicidas y crear agencia para aplicar marco regulatorio, sugiere OCDE a México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México pensar en emitir una ley que regule específicamente los plaguicidas y la creación de una agencia que encargada de coordinar, supervisar y aplicar la labor de inspección y vigilancia para asegurar la aplicación eficaz del marco regulatorio, con una visión integradora, que no solo tome en cuenta la evidencia nacional sino internacional para el uso de este insumo agrícola.

Hoy, el marco regulatorio de plaguicidas esta por muchos lados, porque sí existe, pero la norma, el artículo o el reglamento está en diferentes partes y necesitas desarrollar una política integradora, establecer metas, visiones, plazos y cómo va a funcionar la gobernanza en este rubro, expuso el coordinador del Programa  de política regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, Manuel Gerardo Flores.

En tanto, la representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Amada Vélez Méndez, refirió que la regulación de plaguicidas en México se encuentra dividida en varias instituciones, principalmente las secretarías de Salud, la de Medio Ambiente y la de Agricultura, “de manera que es necesario que exista un canal de comunicación adecuado, que permita atender las preocupaciones de los consumidores, como ya ha sido manifestada en la recomendación no. 82/822018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), hecha a las tres autoridades”.

Como directora de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senasica indicó que para atender la recomendación de CNDH de revisar la regulación en materia de plaguicidas se iniciaron trabajos en 2019, pero con la pandemia por Covid-19 se dejaron de tener reuniones y aseguró que ha insistido con la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) para volver a  reactivarlas para revisar el reglamento. “No hemos hablado con gente de las otras dos secretarías en últimos tiempos, pero seguimos insistiendo porque esta indefinición no puede seguir”.

Vélez Méndez también dijo que está de acuerdo en que se debe ir transitando a utilizar plaguicidas menos peligrosos, “pero que todo sea basado en ciencia; es la postura de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), pero que también haya alternativas a productos que se piensan eliminar”

En el foro Gobernanza Regulatoria de Plaguicidas: Cumplimiento e Inspección”, organizado por la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Manuel Gerardo Flores sintetizó las recomendaciones hechas en la publicación de la OCDE Estudio de la gobernanza regulatoria en el sector de plaguicidas en México, que fue avalado por los 37 países miembros del organismo.

Apuntó que el sistema de impacto regulatorio de plaguicidas en México debe mejorarse a estándares de países de OCDE, como Canadá, Australia o Reino Unido, que tienen alto desempeño. Para ello, agregó, hay que revisar el marco regulatoria para ver qué funciona, qué no y qué se puede mejorar. Hay que generar un debate nacional y que se discuta, con la participación de los diferentes actores.

Comentó que el reporte sugiere que el enfoque de la regulación debe estar basado en riesgo y evidencia, contar con datos duros, recolectados en campo, ya que hoy el marco regulatorio establece previsiones para recolectar esta información, pero en la práctica no se lleva a cabo con la eficacia que se requiere.

El representante de la OCDE habló de aumentar el alcance del programa nacional de  monitoreo ambiental en forma sistémica y seguir recolectando la evidencia y que autoridad lo utilice para realizar mejoras regulatorias. Planteó solicitar sistemáticamente información sobre las restricciones o prohibiciones de plaguicidas en otros países.

La regulación en México debe basarse en evidencia nacional e internacional para la toma de decisiones, participar en forma activa en el sistema de alertas rápidas de OCDE y mayor uso de evaluación de los plaguicidas realizadas por otros países y organizaciones internacionales.

Manifestó que en territorio mexicano no se ha aplicado de manera efectiva el enfoque de proporcionalidad en el sistema de registros y que las autoridades mexicanas debe aplicar el principio de que entre más riesgo potencial exista se tiene que regular de manera más estricta, cuando no sea así la regulación tiene que “ser más light”.

Gerardo Flores aseveró que se trata de eliminar el paradigma de “regular y  olvidar”, y establecer una política adecuada de cumplimiento e inspecciones, lo cual permite cerrar el ciclo de regulación. Es obligación del gobierno tener una política explícita para lograr cumplimiento de inspecciones, bajo el principio de proporcionalidad y complementar con otras medidas.

El estudio referido –aseguró– se realizó cuando las prácticas de consulta y de impacto regulatorio de México todavía estaban en un nivel de alto desempeño; ahora la OCDE tiene información que esas prácticas han reducido su intensidad y uso, lo cual, “lamentamos de manera profunda”. Por lo que consideró importante retomar esas actividades.

Inspección y vigilancia, asignatura pendiente

Amada Vélez abundó en que la recomendación de la CNDH es que se debería prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, ya otros países lo están haciendo. Añadió que la parte fundamental es el hecho de que si realmente si se van a prohibir sea bajo criterios basados en ciencia, no sólo porque en un periódico salió tal cosa de que eran tales sustancias malas, que causaban cáncer, con eso es suficiente; debe haber toda una evaluación de riesgo para que se pueda determinar  cuales son los plaguicidas altamente peligroso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene criterios al respecto, “no tenemos que inventar el hilo negro”.

La funcionaria de la Sader planteó que ha pedido que los regulados sean parte de las negociaciones y las pláticas de marco regulatorio. “Es necesario tomar en cuenta las necesidades de los usuarios, quienes requieren contar con mejores herramientas, que sean eficientes y sobre todo viables, para los diversos tipos de agricultura que se desarrolla en el país”.

Reconoció que el reporte de OCDE constituye un análisis profundo de la regulación de plaguicidas en México, haciendo recomendaciones que desde nuestra perspectiva debe ser tomados en cuenta por las autoridades para  transitar a una regulación más eficiente.

En su intervención, el presidente de la UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que de poco sirve tener un marco regulatorio en materia de plaguicidas bien diseñado, a la altura de otros países de América Latina e inclusive de Estados Unidos,  si la Semarnat y la Secretaría de Salud no ejercen, en la práctica, labores eficaces de inspección y vigilancia, lo cual pone al país en riesgo de que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, opten por sustituir a México como proveedor de productos agrícolas.

En este foro denunció que la venta de plaguicidas ilegales representa 4 mil millones de pesos y representa un riesgo para los agricultores y este comercio sigue creciendo y “seguirá así, sino hacemos algo”, advirtió.

El representante de esta industria añadió que diversos factores como el impacto de la pandemia, la falta de presupuesto en labores de inspección y vigilancia dan la oportunidad para que fabricantes y formuladores de productos que no tienen registro sanitario los ofrezcan a mejor precio a los agricultores, con lo cual los daños terminan por afectar la salud, el medio ambiente y la economía de los propios agricultores.