El conocimiento acerca del funcionamiento del agua subterránea –su distribución y características físico-químicas y bacteriológicas– en México aún es insuficiente e inasequible para la generalidad de la sociedad que, aunado a la falta de información, ha repercutido en la deficiente toma de decisiones respecto de su gestión, sostuvo la doctora Eloísa Domínguez Mariani.
Al inaugurar el Foro de investigación Aguas Subterráneas. Haciendo visible lo invisible señaló que este tipo de líquido tiene un papel relevante en el ciclo hidrológico para el sostenimiento de ecosistemas, ya que es el soporte de cuerpos superficiales, entre ellos ríos, lagos, manantiales y humedales, y también tiene relación con procesos atmosféricos.
En conferencia magistral, el doctor Pedro Moctezuma Barragán se refirió a la urgencia de contar con una ley general de aguas que norme la gestión sustentable de la subterránea, y en ello la UAM ha estado en la punta de la temática a lo largo del siglo XXI, dando pautas para afrontar los retos del presente en esta materia.
Frente a la exigencia de contar con un marco normativo que dé pie a políticas públicas y a acciones que permitan superar la crisis que padece la nación en la materia, en diciembre de 2012 la Rectoría General de la UAM reunió a 420 académicos para crear la Ley General de Aguas Ciudadana, que garantice el recurso para los ecosistemas superficiales y subterráneos, y de calidad para el consumo humano y la soberanía alimentaria.
La iniciativa de ley propone modificar el sistema de concesiones –entendidas como sujetas al interés público– priorizando el consumo humano y sugiere hacer dictámenes de impacto socio hídrico ambiental para autorizar actividades como la minería o mega proyectos, comprobando que no se pone en riesgo el derecho al agua de los habitantes, y que certifique que se cuenta con el consentimiento informado de las comunidades potencialmente afectadas.
También considera la creación de contralorías sociales del agua como organismos autónomos desconcentrados con capacitación y reconocimiento a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con oficinas en la esfera nacional y de cuencas, y unidades auto organizadas a nivel municipal o de distrito de riego.
Este es un tema bastante invisibilizado, lo que hace muy difícil la participación ciudadana, debido a que los comités de aguas subterráneas son conocidos por la opacidad con que se manejan y hay problemas de calidad en 40 por ciento de las cuencas evaluadas por la Auditoría Superior de la Federación, lo que hace urgente que se adopte el paradigma de gestión de ciclos como alternativa a la crisis civilizatoria actual.
La reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 suscribió por primera vez la intervención de los habitantes para garantizar el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, una innovación constitucional en la que los pobladores pueden ser coadyuvantes en el seguimiento de estos objetivos junto con los tres órdenes de gobierno.
El integrante de la Coordinadora Nacional Agua Para Todos Agua para la Vida explicó que el paradigma de gestión de ciclos parte de un aprovechamiento que permite la capacidad de carga de las cuencas y que, después del proceso de producción, circulación, cambio y consumo pasa al reúso del líquido vital. En cambio, el paradigma extractivista lo obtiene de las subterráneas.
En el caso de la Cuenca de México se desechan 800 millones de metros cúbicos al año, tanto de aguas subterráneas, como de lluvia y residuales, casi sin tratamiento o reúso. El paradigma hídrico extractivo considera el recurso como una mercancía y no como un bien común, lo que genera una sobre extracción de los acuíferos, el uso de aquella de baja calidad para los humanos, mientras que la mejor se canaliza para la industria, el comercio y los servicios.
Algunos vestigios culturales prehispánicos del manejo del agua aún existen en el país, y estos saberes deben considerarse hoy en día para desarrollar nuevas técnicas y formas de gestión, precisó el doctor Moctezuma Barragán.
