Decreto vs glifosato un avance; pendiente política para prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos, experto

El decreto presidencial sobre glifosato en México, “si bien es una ruptura valiente, importante, resulta insuficiente frente al problema enorme de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que violan derechos humanos, exponen a la población y otros seres vivos a riesgos y a tener daños graves e irreversibles, que no se deben tolerar, similar o controlar, sino evitar y prevenir como recomiendan relatores de Naciones Unidas”.

Así lo expresó el director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam) y coordinador de la oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en América Latina, Fernando Bejarano González, quien añadió que dicho decreto, “debe estar acompañado por una política general hacia la prohibición gradual de los PAP y una continuidad y ampliación de la agroecológica campesina en los programas gubernamentales.”

Durante la conferencia de prensa Dejar atrás al glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos en el mundo, convocada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), el experto apuntó que en el ámbito legal también falta la cancelación del registro del glifosato por la Cofepris y esta en curso resolución de amparos y el impacto que pueda tener la resolución del panel del T-MEC sobre decreto de maiz transgenico

Estamos — subrayó Fernando Bejarano– en un proceso de transición, donde el decreto contra el glifosato es un avance, pero hay que hacerlo también en la regulación, “cambiando las reglas del juego de esta regulación neoliberal”.

También hizo referencia a que los mecanismos de vigilancia estatal sanitaria-ambiental son “totalmente deficientes”, no están funcionando y esto, “no puede ser sacrificado por ninguna política de austeridad republicana, tiene que aumentarse el gasto y la  capacitación pública para esos organismos de vigilancia y tiene que garantizarse el acceso a  la población para saber cuánto y de que tipo de plaguicidas se están usando, es un derecho esencial”.

Los avances logrados en este sexenio dan pie para poder fortalecer y sentar las bases, para dar continuidad en el próximo gobierno, remarcó Bejarano González.

En su oportunidad, en representación de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, Erica Lissette Hagman Aguilar, consideró importante tomar en cuenta estudios científicos, publicados en revistas indizadas, que muestran los nocivos efectos de ese plaguicida altamente peligroso: “carcinogenicidad, por vía de estrés oxidativo y genotoxicidad, daños neurológicos, alteraciones reproductivas, afectaciones en diversos órganos y sistemas, como el digestivo y, con ello, la generación de diversas enfermedades crónico-degenerativas”.

El investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodolfo Omar Arellano Aguilar, habló sobre las evidencias científicas que demuestran afectaciones a la salud derivadas del uso y exposición al glifosato, basado en los trabajos del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) “Presencia de glifosato y AMPA en suelo, agua y orina humana en distintas regiones de México”.

Arellano Aguilar subrayó que “quienes hemos trabajado en campo nos hemos dado cuenta que hay una campaña de desinformación a nivel territorial, en la cual están tratando de convencer a las personas del campo que no dejen de usar el glifosato sin informar los riesgos de exposición a agroquímicos, problemas de salud, erosión del suelo, contaminación del agua y pérdida de la biodiversidad”.

El médico pediatra e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Felipe de Jesús Lozano Kasten, detalló información e indicadores obtenidos en estudios científicos sobre presencia de glifosato y agroquímicos en orina de personas en comunidades de Jalisco y Nayarit, así como de las amenazas de los pesticidas a la salud de niñas, niños y adolescentes.

Igual refirió que se  habla de concentraciones a largo plazo, que exposiciones continuas, persistentes, pequeñas, van a ir produciendo, en el transcurso de la vida, algún efecto, no pueden pasar sin efectos.  “Si a largo plazo me expongo a agroquímicos, a largo plazo debemos mirar qué está sucediendo.”

Visiones de Europa y Sudamérica

El investigador del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) de la Universidad Nacional de la Plata, Damián José Gabriel Marino, habló de las consecuencias sanitarias y socioambientales de los plaguicidas asociados a los cultivos transgénicos en Argentina, al ser contaminantes pseudopersistentes.

El glifosato, a medida que se va usando a lo largo de los años, lejos de tocar el suelo y desaparecer, lo que ocurre es que se acumula en el suelo; es decir,

el glifosato es un contaminante pseudopersistente e ingresa más de lo que el ambiente puede degradar, provocando daños ambientales y de salud, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Manifestó que “tenemos que trabajar en el concepto de ‘una sola salud’, como lo pide las Naciones Unidas, que plantea que ambiente, animales y humanos trabajamos de manera sinérgica, simbiótica, para lograr una salud y que no esté desacoplado un sistema de otro.”

La jefa de Ciencia y Política de la Red de Acción en Plaguicidas de Europa, Angeliki Lyssimachou, profundizó sobre el estado actual del proceso de potencial reaprobación del glifosato en la Unión Europea (UE) y las reacciones de la comunidad científica, principalmente respecto a las deficiencias y sesgos en la evaluación del riesgo, hechas por instancias como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), sobre plaguicidas como el glifosato.

Señaló, entre otras estipulaciones, que la ley de la UE sobre plaguicidas de 2009 “reconoce que los plaguicidas pueden hacer un daño serio a la salud humana y al ambiente, ve por la protección de los trabajadores agrícolas y pone especial énfasis a la protección de grupos vulnerables”.

Respecto a las evaluaciones de riesgo de pesticidas, añadió que la ley establece que éstas deben ser independientes, objetivas y transparentes, tomando en cuenta los conocimientos científicos y técnicos actuales y deben incluir documentación científica independiente de la comunidad académica.

Sin embargo, desafortunadamente, la ley no se aplica de verdad. El principal conflicto es que toda la evaluación está basada en estudios financiados por las industrias mismas, por lo que hay un conflicto de interés, afirmó Lyssimachou.