Los Estados están obligados a salvaguardar el acceso equitativo a la tierra y deben abstenerse de desalojar a los usuarios de las tierras de las que dependen para su subsistencia, aseguró el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Esta exigencia se contiene en una nota de orientación para aclarar las obligaciones de los Estados en relación con el acceso a la tierra, su uso y control, en particular sobre cuestiones acuciantes que afectan a los derechos humanos, como el desalojo de los usuarios de la tierra, la inversión internacional, los conflictos relacionados con la tierra y el cambio climático.
“En muchas partes del mundo, la tierra no es sólo un recurso para producir alimentos, generar ingresos y desarrollar viviendas; también constituye la base de prácticas sociales, culturales y religiosas y del disfrute del derecho a participar en la vida cultural”, recuerda el Comité en su nota orientativa, conocida formalmente como observación general.
La observación se produce después de que la elevada demanda de suelo y la rápida urbanización en la mayor parte del mundo hayan afectado significativamente los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre esos impacto, el Comité señala que, en las ciudades, la financiación de los mercados de la vivienda ha alimentado la especulación y la inflación, afectando a los derechos a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada de los que se han quedado atrás.
Mientras, en las zonas rurales, la competencia por la tierra cultivable de los proyectos de desarrollo a gran escala y el turismo ha afectado significativamente a los medios de subsistencia y los derechos de sus poblaciones.
Falta de alimentos y agua
“La degradación de la tierra debido al uso excesivo, la mala gestión y las prácticas agrícolas insostenibles ha provocado inseguridad alimentaria y degradación del agua, y está directamente relacionada con el cambio climático”, afirma el Comité.
La observación general ofrece consejos específicos sobre los derechos legítimos de tenencia de las tierras a los Estados Parte del Pacto, a los que recomienda abstenerse de desalojar a los usuarios de las tierras de las que dependen para su subsistencia y de utilizar los desalojos forzosos y la demolición de propiedades como medidas punitivas.
El Comité pide a los Estados que “introduzcan y apliquen una legislación nacional que prohíba explícitamente los desalojos forzosos y establezca un marco para que los procesos de desalojo y reasentamiento se lleven a cabo en consonancia con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”.
Observando el creciente impacto negativo en el acceso de grupos individuales, campesinos y pueblos indígenas a los recursos productivos como resultado de las inversiones internacionales, el Comité insta a los Estados Partes a “adoptar medidas específicas para impedir que sus políticas y acciones nacionales e internacionales, como las políticas de comercio, inversión, energía, agricultura, desarrollo y mitigación del cambio climático, interfieran, directa o indirectamente, en el disfrute de los derechos humanos”.
Desigualdad en el reparto de tierras
La distribución estructuralmente desigual de la tierra también puede ser una de las principales causas de los conflictos, que a su vez también provocan desplazamientos forzosos y desposesión de tierras, lo que repercute en los más vulnerables.
“Los Estados deben hacer todo lo posible para evitar el despojo de tierras durante los conflictos armados internos. Si, a pesar de todo, se producen desposesiones, los Estados están obligados a establecer programas de restitución para garantizar a todos los desplazados internos el derecho a que se les restituyan las tierras de las que se les privó arbitraria o ilegalmente”, subraya el Comité.
Preocupación por el cambio climático
La observación general refleja, además, la preocupación del Comité por el impacto del cambio climático en el acceso a la tierra.
“El aumento de las temperaturas, los cambios en los regímenes de precipitaciones y la frecuencia cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones afectan cada vez más al acceso a la tierra”, explica el Comité.
Por ello, recuerda que “los Estados tienen la obligación de diseñar políticas de adaptación al cambio climático a nivel nacional que tengan en cuenta todas las formas de modificación del uso de la tierra” inducidas por este fenómeno.
