Organizaciones sociales aseguran que la Ley minera aprobada por la Cámara de Diputados suprimió o modificó temas relevantes, “de manera injustificada y bajo la presión” de intereses de las empresas, “responsables de la devastación social y ambiental durante ya 31 años”.
Así lo plantearon la Colectiva Cambiémosla Ya y ALDEA (Alianza por la Libre Determinación y Autonomía), que hicieron un llamado al Senado para “avanzar decididamente para consolidar los avances logrados en la Minuta y evitar caer en actitudes dilatorias que los pongan en riesgo”.
En un comunicado, plantearon que la iniciativa de ley minera aprobada el pasado 20 de abril por la Cámara de Diputados quedaron eliminados o modificados distintos temas de mayor relevancia. Por ejemplo, fueron retiradas las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobrexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas.
También se modificó el momento en el que se deberá realizar la consulta previa para la obtención del consentimiento; se debilitan algunos controles regulatorios ambientales; se aumentan los años de duración de una concesión, que ahora quedan en 30 años prorrogables por 25 años adicionales; se plantea la realización de estudios de impactos socioambiental y social, pero no de manera previa al otorgamiento de concesiones ni llevados a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas únicamente por el Estado.
“Todos estos temas se mantienen en nuestras agendas, los seguiremos denunciando e impulsando su transformación” aseguraron.
